El consumo de la marihuana
en México como psicoactivo y para uso medicinal se remonta a la época de
La Colonia, pero hasta mediados del siglo XIX se comenzó a estigmatizar su
consumo para fines recreativos ya que se asociaba con las clases bajas y se
consideraba que sus efectos provocaban locura y comportamientos violentos.
Sin embargo, a pesar de
que en el mismo periodo la Sociedad Farmacéutica de México utilizaba la marihuana para el tratamiento del asma, bronquitis, sofocación y laringitis,
entre otros padecimientos, el estigma hacia los consumidores se fortaleció en
la sociedad dando paso a que el Estado mexicano promulgara el decreto “Disposiciones
sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneren la raza y, sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas
con el mismo fin”.
Con lo anterior quedó prohibido el cultivo y
comercio de marihuana en 1920, pero su penalización y criminalización se
estableció a partir de 1929 en el Código Penal Federal.
A pesar de su
criminalización el consumo permaneció para fines medicinales y principalmente
recreativos. El estigma ha ido atenuándose y el pacheco ha formado parte de la
cultura popular mexicana, tal como se puede observar en diferentes canciones,
películas y en la literatura –tal como lo documenta Juan Pablo García Vallejo
en su libro El marihuano en la narrativa mexicana del siglo XX. Asimismo,
actualmente es la droga ilícita más consumida por los mexicanos, la edad de
inicio se ha reducido tanto en hombres como en mujeres y su consumo se ha
incrementado principalmente en los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad.
En dicho escenario, las
voces que se declaran a favor de la regulación de la marihuana en el país han
tomado fuerza. Los argumentos provienen desde distintas posiciones. Por
ejemplo, están quienes apoyan su regulación para fines medicinales, también
quienes consideran que al regular el consumo recreativo se podría debilitar el
poder económico del narcotráfico y quienes sostienen que su consumo no tiene
consecuencias graves para la salud siendo entonces un exceso su
criminalización.
Estas ideas han sido parte
de un debate que no es propio de México. La legalización y despenalización es
agenda de distintos partidos y gobierno en diferentes países, lo que revela una
tendencia hacia su regulación. No obstante, más allá del peso que la ciencia ha
tenido en dicha tendencia al revelar los usos medicinales de la marihuana y al
observar los pésimos resultados de las políticas de prohibición, pareciera que
se contraponen a dicha tendencia grandes intereses políticos y económicos.
Por ejemplo, no es lo
mismo debatir la despenalización del consumo de la marihuana en Uruguay o en
México. El primero no es productor y, por ende, no exporta, además de no tener
como país vecino al principal cliente y consumidor de marihuana en el mundo. Lo
anterior genera un mercado en el que sus participantes no son únicamente el
agricultor, el narcotraficante y el consumidor, como nos hacen creer las
posiciones oficiales. Se omite que la participación del gobierno en todos sus
niveles es vital para el funcionamiento de dicho mercado.
Así, en contextos donde
existe un fuerte mercado negro, cuando se debate sobre la legalización o
despenalización apelando a sus beneficios para la salud los primeros que se
oponen son los gobernantes o políticos de mayor jerarquía o poder. Es
interesante observar cómo cambia la perspectiva sobre la regulación de la
marihuana en algunos políticos cuando éstos han dejado de gobernar. Por
ejemplo, a pesar de que en su mandato se posicionaron en contra, el
expresidente Vicente Fox es ya un promotor de la legalización de la
mariguana y algunos expresidentes como Ernesto Zedillo, Fernando
Enrique Cardoso y César Gaviria se han pronunciado a favor de su regulación.
Otros con intenciones de
llegar a Los Pinos, como lo es Andrés Manuel López Obrador o Jaime
Rodríguez Calderón “El Bronco”, han señalado una posición conservadora en
contra de la regulación de la marihuana. Reforzando el prejuicio que hace
referencia a un consumidor que enloquece y relegando el tema al considerarlo
una ocurrencia ante problemas verdaderamente importantes como lo es el combate
contra la desigualdad.
Por otro lado, hay quienes
matizan su postura en contra de la regularización cuando se plantea un
escenario donde Estados Unidos ya ha regulado. En 2010, en el libro Un
futuro para México II, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda
entrevistaron a Enrique Peña Nieto y a Manlio Fabio Beltrones. Hablaron sobre
la posible legalización de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos y
les preguntaron: ¿Cuál sería la posición adecuada de México? ¿Promover también
la legalización de la marihuana en nuestro país?
Beltrones mencionó lo
siguiente: “Me parecería completamente absurdo que si el principal consumidor
de ese producto lo legaliza, en México no se hiciese. Permanecer nosotros en la
ilegalidad sería lo más absurdo que hubiese escuchado”, mientras que Peña Nieto
con una postura más conservadora dijo: “Pienso que legalizar la marihuana sería
el primer paso para llegar a aceptar otro tipo de drogas. Legalizar es la
salida fácil. Pero coincido en el hecho de que si en Estados Unidos se da ese
paso, habría que replantear la visión del Estado mexicano sobre el tema”.
En ese sentido, para el
ahora presidente de la República y para el actual presidente nacional del PRI,
la legalización de la marihuana en Estados Unidos se antepone a cualquier
argumento para posicionarse a favor de la regulación en México. Pareciera que
el gran obstáculo de la tendencia a favor de la despenalización y legalización
de la marihuana es su posición geopolítica.
Sin embargo, con la
resolución de la Suprema Corte se propicia una nueva veta en el debate. Ya
que otorga autorización a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y
Tolerante (SMART), para “consumir marihuana de forma regular y personal, con
fines lúdicos o recreativos y realizar las actividades correlativas al autoconsumo
(sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y en general todo
acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana”. El
argumento que respaldó dicha resolución implica que “La ley de salud limita
indebidamente, entre otros, los derechos fundamentales a la identidad personal,
propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, todos
en relación con el principio de dignidad humana”. Asimismo, la resolución no
constituye autorización para su comercialización, ni para el consumo de otras
drogas.
Lo anterior es de gran
relevancia al considerar que la prohibición absoluta de la marihuana no se
sostiene después de conocer sus efectos en la salud y tampoco al compararla con
otras sustancias que sí están reguladas como lo es el tabaco y el alcohol. De
tal forma, la prohibición del consumo de la marihuana implica la restricción de
la autonomía personal. Además la orientación de la resolución es una
alternativa al enfrascado debate en torno a la regulación de la marihuana.
Debido a que no se autoriza su comercialización y, de esa manera, no rebasa la
frontera de los intereses económicos y políticos que he mencionado.
Inclusive, minutos después
de que la Suprema Corte resolviera el amparo en revisión, Enrique Peña Nieto se
pronunció en su cuenta de Twitter al mencionar que el gobierno
federal “respeta y reconoce las decisiones de la SCJN, incluyendo la
relacionada con el uso recreativo de la marihuana” y “El criterio expresado
este día, abrirá un debate sobre la mejor regulación para inhibir el consumo de
drogas, un tema de salud pública”, además agregó que “México ha promovido en
foros internacionales, incluyendo la ONU, una amplia discusión para enfrentar
el desafío global de las drogas”.
En ese sentido, la postura
inmediata y acorde con la Corte por parte de Peña Nieto generó un clima de
consenso y cordialidad entre el poder ejecutivo y judicial. Además, se
adoptó estratégicamente el sentido de la resolución como parte de un proceso
que ya se venía dando en torno al debate sobre las drogas. Incluso el
Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, matizó su postura
al asegurar que “el gobierno federal no está en contra de la legalización
de la marihuana”, mientras que en 2014 había comentado que “no quería un
país mariguanero”.
Este cambio en el discurso
gubernamental es deseable ante la desinformación y estigmatización en torno al
consumo de la marihuana; además, el momento político es oportuno para que, con
el pronunciamiento de la Suprema Corte, el gobierno mexicano modifique su
política prohibicionista. Asimismo, el clima de apertura que se vive a nivel
mundial, principalmente en la región, invita a ser partícipes de manera responsable,
gradual y activa en el debate sobre las drogas.
Finalmente, aunque la
posición geopolítica del país, el narcotráfico y la dinámica interna respecto
al crecimiento en el consumo de la marihuana son variables que están presentes
en la discusión, la prohibición absoluta del autoconsumo es excesiva. Apegarse
a la universalidad de los derechos humanos ante la presión política de quienes
anteponen su permanencia en el poder a partir de intereses, tiempos y
elecciones, es una alternativa que dará luz a una fallida política
prohibicionista. El tema es controversial pero entre más se discuta con
información se fortalecerá la muralla que constituyen aquellos derechos
necesarios para la realización de cualquier proyecto de vida ante la imposición
de la tiranía de la mayoría. Aquella que en ocasiones no es más que un cúmulo
de prejuicios que apelan a la moralidad de una sociedad decimonónica que
afortunadamente está cambiando.
Julián Atilano Morales.
Sociólogo. Maestro en Ciencias Sociales por Flacso, sede México.
