El ombudsman
El término derechos humanos no era de uso común entre
nosotros hace apenas 25 años. La instauración de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), y poco después de las comisiones homólogas en cada una
de las entidades federativas, propiciaron que esa expresión empezara a utilizarse
y a comprenderse.
Las comisiones públicas de derechos humanos nacieron rodeadas
del escepticismo generalizado.
El primer presidente de la CNDH, Jorge Carpizo, reconoció la falta de confianza de la sociedad en la nueva institución, y dictaminó que esa confianza sólo se conquistaría con resultados y más resultados. Y la CNDH empezó a darlos para asombro de muchos, y los incrédulos empezaron a constatar su eficacia. Los gobernados disponían por primera vez de un instrumento eficaz para defenderse de los atropellos de los servidores públicos.
No todos estaban contentos con la existencia y el
funcionamiento de las nuevas instituciones. No tardó demasiado en esparcirse el
runrún de que las comisiones púbicas de derechos humanos defendían
delincuentes. A un cuarto de siglo del nacimiento de los organismos públicos
defensores de derechos humanos, nadie ha podido señalar un solo caso ––¡uno
solo!–– en que un delito haya quedado impune por la intervención de alguno de
esos organismos.
Esas dos décadas y media sin que los detractores
falsarios hayan logrado acreditar un ejemplo de impunidad a causa de esos
organismos sin duda ha mellado esa falsedad. La creen menos de dos de cada 10
habitantes. Más de seis de cada 10 están persuadidos de que la principal
función de las comisiones públicas de derechos humanos es proteger a las
personas de los abusos de autoridad.
Por encima de rumores aviesos, hay un hecho innegable:
en muchos casos, los organismos públicos defensores de derechos humanos han
conseguido evitar o detener injusticias, propiciar que se castiguen abusos de
poder y resarcir a los quejosos en sus derechos.
La mayoría absoluta de la población ––58.9%–– está
convencida de que las comisiones públicas de derechos humanos defienden mucho
––12.8%–– o algo ––46.1%–– esos derechos. Tres de cada 10 habitantes estiman
que los defienden poco y solamente 8.5% opinan que no los defienden en
absoluto.
En todo caso, el ideal de los derechos humanos ya no
podrá borrarse de las mentes más lúcidas, inconformistas y soñadoras. Y los
organismos públicos defensores de derechos están llamados a cumplir una tarea
crucial: combatir las tropelías del poder público, jugar el papel del hilo de
Ariadna que permite escapar del laberinto de las arbitrariedades habitado por
minotauros a veces fieros, en ocasiones negligentes, siempre abusivos.
Vigencia efectiva de los derechos humanos
Solamente nueve de cada 100 habitantes consideren que
los derechos humanos se respetan suficientemente en el país. Son más, 15 de
cada 100, los que opinan que no se respetan en absoluto. Entre esos dos
extremos hay una amplia franja que estima que se respetan poco, 30.4%, o algo,
44.4%. Esto es, 74.8% de los mexicanos, una amplia mayoría absoluta, piensan
que los derechos humanos se respetan en el país aunque no suficientemente. Y de
esa mayoría absoluta los que estiman que se respetan algo son claramente más,
14% más, que los que dicen que se respetan poco.
Los encuestados señalan mayoritariamente ––33.8%–– a su
policía municipal como la autoridad que con mayor frecuencia viola los derechos
humanos. El segundo lugar en esa lista nada honrosa lo ocupa el Ministerio
Público ––26%––.
Las fuerzas armadas con 11.3%, las policías estatales
con 10% y la Policía Federal con 8.7% quedaron muy por debajo de la policía
municipal y del Ministerio Público como autoridades que más violan los derechos
humanos. Es un hallazgo significativo, sobre todo en lo que se refiere a las
fuerzas armadas y la Policía Federal, las cuales han estado a cargo del combate
a la delincuencia organizada. De acuerdo con el informe presentado el 9 de
marzo de este año por el relator especial sobre la tortura de la ONU, es
precisamente en ese combate en el que la tortura es generalizada en nuestro
país. Sin embargo, solamente alrededor de 10 de cada 100 habitantes estiman que
alguna de esas dos autoridades es la que más viola los derechos humanos.
Un dato muy interesante es el de que el presidente de
la República Enrique Peña Nieto únicamente fue señalado por el 0.1% de los
encuestados. Solamente uno de cada mil mexicanos lo considera la autoridad que
más viola los derechos humanos. Este porcentaje minúsculo contrasta con las
fulminaciones de ciertos analistas, incluso algunos con cierto prestigio en
determinados círculos académicos o periodísticos. Edgardo Buscaglia, por
ejemplo, afirma que el presidente “… va a utilizar al ejército y la fuerza
pública para reprimir y asesinar hasta el último minuto (sic)”,2 sin
explicar en qué consideraciones basa su oscuro pronóstico.
Solamente cinco de cada 100 mexicanos se sienten muy
protegidos contra los abusos de autoridad. Son el cuádruple, 20 de cada 100,
los que no se consideran nada protegidos: la quinta parte de la población juzga
que vive a la intemperie, a merced de los atropellos de los servidores
públicos. Entre esos dos extremos ––muy protegidos, nada protegidos––, una
mayoría relativa se siente poco protegida ––40.6%–– y una tercera parte
––32.4%–– se percibe algo protegida.
Un hallazgo sumamente relevante de la encuesta es que
la mayoría absoluta de la población ––57.4%–– respondió negativamente a la
pregunta acerca de si considera que alguna vez se han violado sus derechos
humanos.
Hay un reconocimiento al papel jugado en la protección
de derechos por las autoridades judiciales del ámbito federal. Seis de cada 10
personas admiten que el juicio de amparo ha sido eficaz para defender derechos
de los gobernados. Dos de cada 10 estiman que ha servido mucho. Pero 36.9% de
la población, la mayoría relativa, tiene poca confianza en los jueces, y sólo
tres de cada 10 habitantes tiene algo de confianza en ellos. Los que tienen
mucha confianza en el poder judicial son una muy reducida minoría: solamente
cinco de cada 100. Mucho mayor es el porcentaje de quienes no tienen ninguna
confianza en los juzgadores: casi la cuarta parte de los encuestados.
La diferencia porcentual entre quienes consideran que
el juicio de amparo sirve mucho o algo para defender los derechos de las
personas, 61.6%, y los que tienen mucha o algo de confianza en los jueces
––únicamente 38.4%–– es muy grande y claramente indicativa de que los
juzgadores y los tribunales federales ––los que conocen de los juicios de
amparo–– gozan de mucho mayor aprecio que los jueces y tribunales del fuero
común.
El más alto grado de confianza de la población respecto
de las autoridades judiciales es el que felizmente ha conquistado la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, el que resuelve en
última instancia los asuntos más relevantes, y el que fija criterios
definitivos de interpretación de la ley.
Límites a los derechos humanos
Es verdad que la mayoría absoluta está de acuerdo en
que los derechos humanos deben limitarse si afectan los derechos de tercero,
pero es una mayoría precaria 51.2% que apenas supera en menos de 7% a quienes
sostienen que los derechos humanos no deben tener límites.
¿El derecho a manifestarse puede ejercerse sin
restricción alguna, incluso si en ocasión de la manifestación se cometen actos
vandálicos? Específicamente en este tema las respuestas son distintas a las que
se dieron a la pregunta de si los derechos humanos deben tener limitaciones: ya
no es un porcentaje grande el que piensa que no debe haber restricciones, como
lo es cuando se pregunta genéricamente si el ejercicio de los derechos debe
estar sujeto a ciertos límites.
Incluso una mayoría relativa, cuatro de cada 10
habitantes, condiciona la respuesta a la pregunta de si es correcto que las
personas se manifiesten en la vía pública: “más o menos, depende”. Pero si sólo
cuatro de cada 10 encuestados respondieron “más o menos, depende”, sólo uno de
cada diez ––una minoría claramente exigua–– contestó que no debe haber límites.
Esto parece indicar que la respuesta según la cual los derechos humanos
genéricamente considerados no deben tener límites fue irreflexiva.
¿Qué límites son los que no deben trasgredirse en las
manifestacones callejeras?
Cuatro de cada 10 señalan el respeto al libre
tránsito y tres de cada 10 no destruir ni dañar bienes. Ambas respuestas están
muy por encima de la de quienes creen que el límite es no agredir a
particulares.
¿Es que es más reprobable destruir o dañar bienes que lesionar a
seres humanos?
¡Solamente uno de cada 10 encuestados invocó como restricción
esta última!
Pero mucho, muchísimo más preocupante es que sólo
cuatro de cada 100 ––¡cuatro de cada 100!–– acoten como límite no agredir a la
policía, no obstante que abundan las escenas televisivas en las que se advierte
la saña extrema con que la policía es atacada.
Esta respuesta ameritaría todo
un ensayo. Por lo pronto, parece claro que revela un profundo desprecio por
nuestras policías, motivado, por una parte, por los no infrecuentes abusos y
corruptelas en que incurren sus miembros, pero, por otra, por una actitud
clasista, pues a los cuerpos policiales mexicanos ingresan solamente personas
provenientes de los estratos sociales más desfavorecidos.
De quienes consideran que la libertad de expresión no
debe ser ilimitada, una amplia mayoría está convencida de que esa libertad no
puede extendersea ninguna clase de pornografía, y tampoco a la imputación falsa
de un delito ––la calumnia–, las amenazas, los insultos y la incitación a
cometer un delito, la vida privada y la apología de un delito. 40.4% de quienes
admiten restricciones creen que las creencias religiosas deben serlo
absolutamente, y 22.4% que deben serlo en algunos casos.
Seis de cada 10 encuestados señaló la vida privada como
límite incondicional al ejercicio de la libertad de expresión, y dos de cada 10
como un límite condicionado. Solamente 14.3% expresaron que la libertad de
expresión no debe tener un dique en la vida privada.
Por lo que toca a las creencias religiosas, cuatro de
cada 10 encuestados creen que no deben ser tocadas en modo alguno por el
ejercicio de la libertad de expresión; dos de cada diez respondieron depende,
tal vez considerando que esas creencias pueden discutirse pero no ser objeto de
ironía, sarcasmo o burla, y sólo tres de cada 10 no las consideran un límite del
ejercicio de tal libertad.
Así pues, la mayoría relativa considera las creencias
religiosas una zona infranqueable del ejercicio de la libertad de expresión,
dato sumamente interesante en un país como el nuestro, en el que el laicismo
está constitucionalmente instaurado desde hace un siglo y medio. Después del
atentado en París contra Charlie Hebdo la cuestión cobra la mayor relevancia.
Para mi asombro, la mayoría absoluta de los
encuestados, un abrumador 60.7%, opina que los usos, costumbres y tradiciones
de los pueblos deben respetarse siempre, y solamente 35% sostienen que tales
usos, costumbres y tradiciones deben respetarse sólo cuando no afecten los
derechos humanos.
Derechos humanos y seguridad pública
Sólo 15 de cada 100 habitantes creen que los derechos
humanos son invariablemente un obstáculo para garantizar la seguridad pública.
37% están convencidos de que no lo son. 43.8%, la mayoría relativa, respondió
“más o menos, depende”, lo que amerita alguna reflexión. Mucha gente sigue
pensando que en ciertos casos se justifica que las policías actúen
arbitrariamente, y a partir de esa creencia se concluye que los derechos
humanos, contrarios a tales prácticas, son un obstáculo para garantizar la
seguridad pública.
Únicamente 14 de cada 100 habitantes manifestaron
categóricamente su desacuerdo con la cancelación de los derechos de los
secuestradores. Esta breve minoría es la que defiende con convicción la mejor
bandera, la más difícil de comprender, pero también la más fuerte, de los
derechos humanos: aun al peor de los criminales hay que tratarlo con respeto a
la dignidad humana.
Maltrato, tortura, prisión y pena de muerte
A pesar de la desazón y la rabia que produce la
criminalidad, la mayoría absoluta de encuestados ––67.2%–– está en desacuerdo,
o muy en desacuerdo, con que la policía o las fuerzas armadas hagan daño a una
persona una vez que la han sometido. También la mayoría absoluta de los
encuestados, 62.6%, desaprueba que se torture a un detenido.
A la pregunta de si el preso debe tener derechos, la
mayoría absoluta de los entrevistados, 61.8%, afirmó incondicionalmente que sí,
y un segmento adicional, 18.3%, eligió la opción depende. Solamente 17.6%,
menos de dos de cada 10, respondieron que al preso no deben concedérsele
derechos.
Menos de la mitad de los encuestados contestó que cree
que en las cárceles del país se violan los derechos de los presos, si bien
36.4% cree que se violan a veces y apenas 12.9% respondió que se respetan.
La mayoría de la población percibe que, al menos en
parte, el sistema penitenciario logra los objetivos de supervisar y controlar a
los presos y ayudarlos a convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley.
A pesar de los avances del movimiento contra la pena de
muerte, ésta aún tiene defensores en todos los países. En el nuestro la mayoría
absoluta de la población estaría muy de acuerdo, 22.6%, o de acuerdo, 34.1%, en
que se reimplantara la pena de muerte para los delitos más graves.
El aborto consentido
Menos de la cuarta parte de la población está en
desacuerdo ––17.9%–– o muy en desacuerdo ––5.3%–– en que se castigue a una
mujer que aborte; 27.2% no tienen opinión al respecto, y más de cuatro de cada
10, la mayoría relativa, están de acuerdo ––24.4%–– o muy de acuerdo ––18%–– en
que sea castigada.
Igualmente, menos de la cuarta parte de los encuestados
manifestó su desacuerdo en que se castigue al tercero que practica el aborto
con consentimiento de la mujer embarazada; 22.9% no están a favor ni en contra
de que se le castigue, y más de cuatro de cada 10 creen que debe ser castigado.
Confieso mi asombro. Ésta es para mí una de las más grandes sorpresas de la
encuesta.
Derechos sociales
Solamente nueve de cada 100 familias mexicanas tienen
ingresos que permiten atender las necesidades apuntadas y ahorrar. Éste es el
angosto segmento de la población cuya situación económica es satisfactoria. A
poco menos de la mitad de las familias les alcanzan sus ingresos sin demasiadas
dificultades, aunque no para ahorrar. Su situación no es la óptima pero no se
ven sometidas a privaciones de satisfactores básicos. Es de advertirse la
coincidencia de las cifras que arroja la encuesta con las oficiales. A cuatro
de cada 10 familias sus ingresos les son insuficientes, indica la encuesta:
esta cifra es ligeramente mayor al 33% de la población que de acuerdo con
cifras oficiales vive en pobreza moderada. Ocho de cada 100 familias sufren
grandes dificultades por la insuficiencia de sus ingresos, proporción
ligeramente menor a la cifra oficial de pobreza extrema, que es 9% de la
población.
Sólo uno de cada cinco mexicanos califica como muy
eficientes los servicios de salud, pero tres de cada 10, la mayoría relativa,
los califican de muy eficientes. Una proporción similar no los aprueba ni los
reprueba, lo que quizá significa que no los considera impresentables pero están
muy lejos de ser buenos. Curiosamente, son tambié cinco de cada 100 los que
tildan a los servicios de salud de muy ineficientes, misma proporción de los
que tienen exactamente la opinión contraria.
La mayoría absoluta ––84.7%–– está satisfecha con las
condiciones de su vivienda, aunque 40% sólo en parte. No todos tienen esa
satisfacción: 14.4% de los habitantes señalan que no habitan una vivienda
digna. Se trata del segmento de la población que vive en condiciones de
hacinamiento al compartir su morada con otras u otras familias, o que habita en
viviendas construidas con materiales deteriorados o de poca calidad y duración.
Únicamente cuatro de cada 100 mexicanos consideran que
la educación pública es muy mala y 21 de cada 100 que es mala. Es decir, el 75%
de los mexicanos no reprueba la calidad de la educación pública. La mayoría
relativa, 35.1%, respondió que “no es buena ni mala, depende”, seguramente
tomando en cuenta que la calidad educativa varía no solamente de una escuela a
otra sino también de un profesor a otro. 34 de cada 100 mexicanos consideran
que la educación pública es buena y solamente cinco de cada 100 la califican de
muy buena.
Más de la tercera parte de la población siente que no
tener dinero ha sido el motivo por el cual por lo menos alguna vez no se han
respetado sus derechos.
Discriminación
El color de la piel queda en el cuarto lugar entre los
motivos por los que los encuestados sienten que se han violado sus derechos:
porcentaje sumamente elevado, 22.6%, para un país mestizo y multiétnico, cuyos
habitantes tendrían legítimas razones para sentirse orgullosos de su mestizaje.
Ese porcentaje es muy similar al de los encuestados que creen que las personas
de piel oscura son tratadas en México peor que el resto de la población: 22.7%,
aunque la mayoría absoluta, 58.1%, cree que se les trata igual que a los demás
y un sorprendente 8.4% opina que se les trata mejor que a los demás.
Una de cada cinco personas siente que sus derechos
fueron vulnerados en razón de su sexo, lo que pone de manifiesto que el
sexismo, seguramente sobre todo el sexismo machista, es una actitud recurrente
en nuestra sociedad. No obstante, el machismo mexicano se va reduciendo.
La
mayoría absoluta de la población está muy de acuerdo o de acuerdo en que la
mujer y el hombre sean iguales ante la ley, en que las mujeres deben percibir
los mismos ingresos que los hombres si desempeñan el mismo trabajo, en que las
mujeres tienen derecho a participar en las decisiones de la familia y en que
tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a decidir sobre la
procreación de un hijo. Quienes están en desacuerdo no llegan a tres de cada
100 personas.
También una clara mayoría absoluta, siete de cada 10
mexicanos, opinan que los hombres debieran tener permiso en su trabajo para
ayudar a cuidar a sus hijos bebés. Dos de cada 10, en cambio, aún creen que esa
tarea es exclusiva de las mujeres, por lo que en su opinión no se justifica que
los varones tengan permiso en su centro laboral para colaborar en ella.
Asimismo, la mayoría absoluta de los encuestados ––ocho
de cada 10–– están convencidos de que el maltrato de un hombre a su mujer no es
un asunto privado, por lo que la autoridad debe intervenir en esos casos. Pero
quienes aún creen que se trata de un asunto privado, en el que las autoridades
no deben intervenir, son un buen número. 12.9% de los encuestados están de
acuerdo en que el hombre maltrate a su mujer. Esto supone que en 13 de cada 100
hogares el marido maltrata a su mujer cotidianamente o por lo menos,
considerándolo legítimo, está dispuesto a hacerlo.
Aunque la edad también es objeto de considerable
porcentaje de señalamientos como motivo de vulneración de derechos ––18.9%, lo
que es significativo en un país que, por una parte, tiene una población
mayoritariamente de jóvenes pero en la que están aumentando los que llegan a
edades avanzadas––, la mayoría absoluta de los mexicanos está de acuerdo en que
las personas de edad avanzada tengan oportunidades laborales acordes a sus
capacidades. Casi todos los encuestados, nueve de dada 10, afirmaron que es
deber de los hijos cuidar de sus padres de edad avanzada cuando éstos ya no
puedan hacerlo por sí mismos, si bien tres de cada 10 matizaron su respuesta:
“sí, en parte”. Menos de cinco de cada 100, una proporción escasa, manifestó su
desacuerdo con ese deber.
La cuarta parte de la población ––un porcentaje
enorme–– no sólo ve con malos ojos las muestras públicas de homosexualidad
¡sino estaría de acuerdo en que se penalizaran, tal como ocurre en regímenes
fundamentalistas! Similar intolerancia se observa respecto del derecho de los
transexuales a decidir su propio género. Solamente 16% de los encuestados
estarian en contra de que una persona condenada a prisión fuera recluida en un
centro penitenciario de acuerdo con su sexo biológico y no con el que se
identifica. En este asunto la franja de quienes no tienen opinión es mucho
mayor que en otros: tres de cada 10 habitantes.
Segmentos muy amplios de la población se aterran ante
la posibilidad de que su hijo o su hija no sigan las pautas que la sociedad
considera normales. Casi la mitad de los encuestados sostienen que no
tolerarían que su vástago manifestara su homosexualidad; la tercera parte, que
usara vestimenta del sexo opuesto, y tres de cada 10 que solicitara cambiar de
sexo. Es interesante que esta tercera opción ––no tolerar que el hijo o la hija
solicitara cambiar de sexo––, aun siendo muy numerosa, no lo es tanto como las
dos anteriores, lo que resulta enigmático. ¿Por qué son más los que consideran
más inaceptables la homosexualidad o el travestismo que el cambio de sexo, a
pesar de que quienes se hacen cambiar su sexo biológico en muchas ocasiones
sufren intensamente antes y después del cambio?
La mayoría relativa de los mexicanos, cuatro de cada
10, está en desacuerdo con que se permita el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
El temor o el desafecto a los distintos, a los otros, a
los que no son como uno mismo, es de proporciones muy altas. Entre 16 y 20 de
cada 100 mexicanos dejarían de rentar una habitación de su casa a un potencial
inquilino por razones absolutamente ajenas a conductas ilícitas o reprobables
que se le atribuyeran a éste. Los rechazados son principalmente los enfermos de
sida, motivo en el que parece influir decisivamente una ignorancia asombrosa.
La orientación sexual está en segundo puesto entre los
motivos de desaire, lo que revela que la homofobia ha disminuido pero sigue
abarcando a amplios sectores de la población. Dos de cada 10 personas cerrarían
la puerta a una persona de orientación sexual distinta.
El color de la piel, las ideas políticas y el
padecimiento de alguna discapacidad empatan en el tercer lugar de los motivos
por los que se rehúsa a un posible huésped, 16.3% de los encuestados.
A los extranjeros no los admitiría como arrendatarios
en la propia casa 16.1% de la población.
Finalmente, 16% no rentarían habitación a una persona
por su religión.
Grupos vulnerables
La mayoría absoluta está de acuerdo, 41.6%, o muy de
acuerdo, 29.2%, en que los gobiernos gasten cantidades importantes de recursos
para que las ciudades sean más habitables para las personas con alguna
discapacidad.
Un resultado que me resultó sorpresivo es el de la
enorme mayoría, siete de cada 10 mexicanos, que creen que las personas con
alguna discapacidad mental deben ser recluidas en un centro psiquiátrico sólo
en razón de dicha discapacidad, respuesta ligeramente matizada por tres de cada
10 que contestaron “sí, depende”.
Para tratarse de una agresión selectiva, casi siempre
de varios contra uno, el porcentaje de acoso en la escuela o en el trabajo es
alto: 15.5% de los encuestados han sido víctimas de acoso escolar (bullying) y
14 de cada 100 han sufrido acoso laboral (mobbing).
¡Tres de cada 10 mexicanos ––un porcentaje pasmosamente
elevado–– consideran que no existen límites para corregir a los hijos! ¿Cómo
han de tratar a los suyos estas personas, si los tienen, o cómo los tratarán
cuando los tengan? Decir que no hay límites para corregirlos es justificar
cualquier maltrato, cualquier clase de violencia, cualquier tormento que se
inflija con tal de que tenga la finalidad de corregir.
De quienes consideran que sí debe haber límites para
corregir a los hijos, más de la mitad no consideran que tales límites sean los
golpes que causen dolor ni los actos o palabras que humillen, y la mitad opina
que son legítimos los actos o palabras que causen angustia o temor.
Los
porcentajes alcanzados por estas respuestas nos indican que una buena parte de
los niños mexicanos sufren en sus propios hogares castigos crueles propios de
tiempos muy remotos pero que persisten y se consideran válidos en amplísimas
capas de la población.
En contraste, seis de cada 10 mexicanos están de
acuerdo en que los padres permitan a los hijos emitir libremente sus opiniones
y tres de cada 10 estiman que por lo menos en parte se debe permitir tal
libertad. Sorprendente resultado, pues revela que muchos de quienes admiten
castigos crueles contra los niños, están, en cambio, a favor de que éstos
puedan externar con libertad sus puntos de vista.
Menos de siete de cada 10 mexicanos afirman que el
gobierno debe proteger a los migrantes que cruzan el país del crimen
organizado, en tanto que 15% responden “sí, depende”. Lo inadmisible ética y
jurídicamente es la respuesta de 14.6%, casi 15 de cada 100 mexicanos, en el
sentido de que el gobierno no debe proteger a los migrantes, el grupo más
vulnerable y más agredido del país. Cuatro de cada 10 encuestados, opinan que
el gobierno protege “algo” a los migrantes. Sólo 12% consideran que los protege
suficientemente. En cambio, la mayoría relativa cree que los protege “poco”
––25.3%–– o “nada” ––20.8%––.
Luis de la Barreda Solórzano
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del
Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM
Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM
