Los agraviados permanecieron un año en prisión sujetos
a proceso penal, sin que el agente del Ministerio Público hubiera verificado
previamente su carácter de autoridades tradicionales.
La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 43/2015, dirigida a la
gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por la
detención, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial y de la
Policía Estatal Investigadora, de dos integrantes y activistas de la comunidad Yaqui, acusados de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad de uno de
los integrantes de la misma comunidad.
Este Órgano defensor radicó el expediente CNDH/4/2014/6148/Q, por tratarse de un asunto que trascendió el interés del Estado e incidió en la opinión pública nacional, al ser difundido por diversos medios de comunicación, por lo que luego de examinar las evidencias, se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de V1 y V2.
Por ello, la CNDH
recomienda a la Gobernadora de Sonora, se otorgue una indemnización a los
agraviados, cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, así como su inscripción en el Registro Nacional de
Víctimas para que, en lo conducente, accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
Asimismo, se solicita
girar sus instrucciones al Procurador General de Justicia de la entidad, a fin
de impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia, sobre usos y
costumbres de las comunidades indígenas en general, precisando la relevancia
del derecho a la libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas y el derecho
para aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos
internos.
Esta Comisión Nacional
recomienda también colaborar con el aporte de elementos en el procedimiento
administrativo de investigación que se iniciará contra de AR1, agente
investigador del Ministerio Público del Fuero Común, en Bácum, Sonora,
responsable de las violaciones a los derechos humanos.
El 11 de septiembre de
2014, Q1 denunció vía telefónica que a las 9:40 horas fue detenido V1,
dirigente y vocero de la Tribu Yaqui, cuando circulaba por calles de Ciudad
Obregón, Sonora, por cuatro elementos de la Policía Federal Ministerial,
quienes se presentaron vestidos de civil en vehículos no oficiales y sin
mostrar orden de aprehensión. El quejoso refiere que desde ese momento acudió a
la Procuraduría General de Justicia de la entidad y a la delegación de la
Procuraduría General de la República en dicha ciudad, para solicitar
información del agraviado indicándole que ahí no se encontraba.
Ocho días después, Q2
presentó por escrito la queja donde señala, que el Procurador General de
Justicia de la entidad declaró a los medios de comunicación, que V1 se
encontraba detenido, acusado de robo de vehículo y privación ilegal de la
libertad en agravio de OAP1, indígena Yaqui quien presentó la denuncia el 8 de
junio de 2013.
La denuncia fue presentada
por la esposa de OAP1 y se originó luego de que este último fuera detenido por
integrantes de la Tribu Yaqui, quienes lo llevaron a su Guardia Tradicional,
conforme a sus usos y costumbres. AR1 ejerció acción penal y solicitó al
Juzgado en turno se liberara una orden de aprehensión contra V1 y V2.
El quejoso asentó que
meses atrás diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las
acusaciones contra V1 eran parte de una estrategia de criminalización del
entonces Gobernador, contra la lucha de la Tribu Yaqui por la defensa del agua,
ante la construcción del Acueducto Independencia, un megaproyecto que intentaba
implementar el gobernador.
El 23 de septiembre de
2015, V1 fue puesto en libertad del Centro de Readaptación Social 2 de
Hermosillo por desvanecimiento de datos.
El 26 de septiembre de
2014, Q2 envió otro escrito de queja donde refiere que tres días antes a las
6:50 horas fue detenido V2, integrante de la Tribu Yaqui en Vícam, Guaymas,
Sonora, por elementos de la Policía Estatal Investigadora, utilizando el mismo
modus operandi que en la detención a V1 y acusado por los mismos cargos,
obteniendo su libertad el 27 de agosto de 2015.
Este Organismo
Constitucional recibió un escrito firmado por 15 diputadas y diputados del
Congreso del Estado, en el que solicitan a la CNDH investigue el caso, al
considerar que el proceso penal contra V1 es una represalia del Gobierno
estatal, ya que el agraviado mantiene una constante resistencia al proyecto
hidráulico que desvía agua de la Presa Plutarco Elías Calles.
La CNDH al analizar las
evidencias que integran el expediente, advirtió que AR1 no verificó el carácter
de autoridades tradicionales de OAP1, TAP1 y TAP2, así como de V1 y V2 en los
hechos que derivaron en el proceso penal, ni solicitó un peritaje cultural y
antropológico especializado para verificar la calidad de V1 y V2 como
autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui en Vícam, Sonora.
