En casos de violencia de
género, el Estado mexicano debe garantizar a la víctima que su declaración sea
tomada en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza.
Asimismo, es obligación de la autoridad otorgarle asistencia jurídica gratuita
en todas las etapas del proceso, fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
El Máximo Tribunal indicó
que en las obligaciones del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha establecido que investigar las violaciones a los derechos humanos debe ser
un deber jurídico del Estado y no como una simple formalidad condenada de
antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares,
que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de
la aportación privada de elementos probatorios.
También resolvieron que debe realizarse inmediatamente un examen médico y psicológico completo por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; además, que se brinde a la víctima asistencia jurídica gratuita.
