El proceso de nombramiento
de los ministros de la Suprema Corte de Justicia se desenvuelve en dos mundos
paralelos. El primero busca cumplir con los estándares propios de estos
procesos: propuestas, entrevistas, discusión, votación, aprobación y designación.
El segundo, sin ser ilegal, escapa al ojo público: relaciones políticas,
cabildeo, negociación, consenso y designación.
Ambos mundos son inseparables.
Lo irónico es que con ambos se cumple y anula, al mismo tiempo, las exigencias
de un nombramiento transparente. La sociedad civil que sólo conoce el primer
mundo, al ver los resultados finales, percibe la sensación de un engaño similar
al que se siente cuando se juega el “dónde quedó la bolita”.
En este sentido, hace algunos años, Ronald Dworkin publicó en Proceedings of the british academy un artículo sobre este tema, cuyo título resulta por demás esclarecedor: Political judges and the rule of law. Palabras más, palabras menos en este texto, Dworkin afirma que es por demás relevante atender las preferencias políticas de los juzgadores. En efecto, como lo han demostrado diversos autores, como por ejemplo Habermas o Nino, la conexión entre política y derecho es ineludible. Y es muy fuerte precisamente en casos como la designación de un juez constitucional. Pero invisibilizar esta situación resulta perjudicial.
Se
visualiza y se colocan los reflectores en el ritual pero poco se atiende las
acciones políticas. La invisibilización desde luego tiene una justificación:
está tan desacreditado el hecho de que un ministro llegue a través de acciones
políticas que se opta por ocultar dichas acciones. Semejante a una sociedad
conservadora en la cual se prohíbe el beso, y aunque todo mundo se sigue
besando, jurídicamente esa situación es inexistente.
Algo que se ha demostrado
en los recientes años, es que en todos los países (incluido desde luego México)
la designación de los ministros lleva una serie de conductas de índole
política. Esto significa que el aspirante a
ministro o tiene preferencia por un partido político, o esta respaldado por un
grupo político o cuando menos tiene que hacer cabildeo con políticos que lo
defenderán y votarán por él en la designación. Y esto no es reprochable, al
contrario, alguien con la aspiración de ser ministro es un político en los
términos aristotélicos. Ser ministro, véasele por donde se le vea, exige cierta
disposición a la política. De no ser así se trataría de un lobo estepario, un
anacoreta o ermitaño.
Lo perjudicial, entonces,
para la designación de un ministro no es que el aspirante tenga esa serie de
acciones políticas. Lo perjudicial y reprochable es que no se transparenten
dichas acciones. Bajo la idea de razonabilidad, no se podría objetar que un
aspirante tuviese acercamiento con un grupo político. Lo reprochable es que no
se haga público ese acercamiento.
Es decir, el cabildeo no es criticable. Lo
que sí lo es, es el ocultamiento de los alcances de tal cabildeo. Por ello, una
de las preguntas claves dentro del proceso de entrevistas que se realizaron a
los aspirantes hubiese sido la siguiente: ¿Cuáles son sus preferencias
políticas?
La respuesta movería
intensamente las ya de por sí arenas movedizas de la sociedad civil. Si la
respuesta niega las preferencias políticas estaríamos ante un hipócrita. Pero
si en la respuesta acepta dichas preferencias estaríamos ante un cínico. Ambas
igual de detestables en un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en un
Estado democrático en formación no hay otra salida: preferible el cinismo que
la hipocresía.
El derecho no está reñido
con la política. La historia de esta conexión es ilustrativa: sagacidad,
estrategia y habilidades tejen dicha conexión para que no desaparezca y siempre
con la constante de ocultar la relación. Se crea, entonces, una ilusión que al
final termina convenciendo. Pero no hay que cambiar la relación, más bien hay
que cambiar la forma de hacer política. Una política transparente. Una sana
preferencia política que no está peleada ni con la democracia y mucho menos con
el Estado democrático de derecho.
Rodolfo Moreno Cruz.
Profesor en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
