Un equipo de
investigadores mexicanos con diferentes formaciones, convocados en 2013 por la
SCJN, nos dimos a la tarea de hilvanar distintos argumentos, conocidos pero
inconexos, que una vez integrados, arrojaron resultados inesperados: el amparo
mexicano fue clave en la declaración universal de los derechos humanos de 1948. Por esta razón, desde hace unos días, el juicio de amparo es patrimonio
documental de la humanidad.
En 1946, la ONU encargó a
Eleanor Roosevelt encabezar los trabajos de redacción de una declaración de
derechos común para todos los países. La encomienda no era sencilla, dada la
confrontación de percepciones. En torno al concepto de individuo, existía una
división tajante entre los dos bloques ganadores de la guerra.
Los Aliados pugnaban por incluir el Habeas Corpus, que ponía en el centro al individuo defendiéndose frente al Estado. El bloque comunista consideraba que los derechos no podían entenderse si no era por ser reconocidos a una colectividad (de campesinos, de trabajadores). Así ocurría desde la Rusia zarista.
La diplomacia mexicana
planteó una moción que destrabó las posturas enfrentadas. A la propuesta de
nuestro gobierno se unió la de diplomáticos latinoamericanos. Entre nosotros,
funcionaba el amparo desde un siglo atrás, con diversas modalidades, para
garantizar al individuo (y a ciertos colectivos) el goce de sus derechos frente
a la autoridad. Pero aquello no era una constante en el mundo. De ahí que
nuestro ejemplo continental sirviera para ofrecer una solución ante los retos
de la posguerra.
De todo esto, quedó
plasmado en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que
"[t]oda persona tiene derecho a un recurso efectivo [...] que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales...." El viernes pasado,
el Comité de Memoria del Mundo de la UNESCO, determinó en su reunión bianual
(esta vez en Abu Dhabi) incluir el fondo documental del amparo mexicano,
resguardado por la Suprema Corte, en una lista exclusivísima de patrimonio
documental de la humanidad. Se trata de expedientes que marcaron el nacimiento
del derecho universal a un recurso judicial. Estos son relevantes no sólo por
razones jurídicas, sino porque presentan historias de personas comunes que
pedían amparo contra actos públicos, en épocas en donde reinaba el caos
institucional. El lapso se abre poco antes del porfiriato y se cierra con la
normalización de la vida institucional tras el fin de la Revolución.
Este importante
reconocimiento de la UNESCO no debe ser visto como sólo uno más... significa
que a partir de este momento, nuestra Suprema Corte está llamada a ser
consistente y responsable en la gestión de sus archivos. Igual que la reforma
de los derechos humanos, este cambio no tiene vuelta atrás. A partir de ahora,
estos acervos están abiertos, ya no sólo a estudiantes de derecho sino a
dramaturgos, historiadores, sociólogos o antropólogos; pero por qué no a
ingenieros y médicos (para conocer la forma en que sus disciplinas fueron
reguladas en años anteriores). Otro cambio de actitud que esperamos de la
granada burocracia del Poder Judicial Federal: véase El Juicio de Amparo en la
DUDH: una postulación a la UNESCO (2015), coordinado por F. Tortolero y C.
Pérez, Casas de la Cultura Jurídica de la SCJN.
Estos expedientes, de un
valor histórico notable pero hasta ahora inexplorado, se encuentran
resguardados en archivos judiciales a lo largo y ancho del país. Concretamente,
en los archivos centrales de la Suprema Corte, y en las Casas de la Cultura
Jurídica, dispersos en casi todas las capitales, listos para ser consultados.
En un país azotado por la
violencia y el descrédito a las instituciones estatales, en donde no paramos de
leer condenas y señalamientos de agentes internacionales en contra del
estrepitoso fracaso de las políticas domésticas de protección a derechos
fundamentales, bien vale la pena detenerse un minuto y apostar, a futuro, a que
no todo está perdido. Que somos producto de una sociedad que lucha desde hace
cinco siglos por desterrar el privilegio y la arbitrariedad. Y que ese combate
bien vale la pena que se mantenga vivo. Los archivos judiciales contienen
historias que todos debiéramos conocer, que refiere a esa lucha por los
derechos.
Francisco Tortolero
Cervantes Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
