Los enemigos mexicanos de
lo que comúnmente se llama “matrimonio gay” –que van de los arzobispados
católicos al supuestamente progresista Andrés Manuel López Obrador- viven en el
desierto de los argumentos. Argüir lógica y empíricamente no es lo suyo. Ni les
interesa. Su oposición no resiste el análisis y sus precisiones:
La propuesta de matrimonio
gay, o entre personas del mismo sexo (con lo que se incluye a los bisexuales),
es una propuesta civilista: de matrimonio civil. No religioso.
Ningún liberal/progresista está proponiendo algo como el “matrimonio gay religioso”. Nadie. No estamos proponiendo que el Estado legisle para introducir el matrimonio gay en las religiones.
La propuesta como tal no
ataca ni deslegitima ni amenaza de muerte al matrimonio “tradicional” (salvo
que este tipo de matrimonio sea visto per se como lo que no es, el
monopolio absoluto y legítimo de todo matrimonio posible). Quienes de otro modo
lo atacan, lo deslegitiman constantemente y amenazan su existencia, en sus
propios términos, son quienes lo practican, por la manera como lo practican.
Tampoco se propone la
prohibición por ley de los matrimonios religiosos. ¿Dónde está nuestra
propuesta de prohibición del matrimonio católico? No existe. No confundimos los
ámbitos. El matrimonio católico sigue y seguirá existiendo siempre que exista
el catolicismo. Pero, por supuesto, en su propio contexto religioso. ¿Seguirán
confundiendo y manipulando otros la idea de la libertad religiosa?
Nadie del lado liberal o
progresista pretende imponer ilegítimamente nada a las religiones y los
religiosos. Son ellos quienes pretenden imponer ilegítimamente sus normas
religiosas en las normas públicas no religiosas.
Hay que repetir e
insistir: evidentemente, no intentamos que el Estado dicte las reglas y
procedimientos de la vida interna de una religión (el matrimonio civil
igualitario no es ni puede ser tal cosa). Por el contrario, la religión, y
sobre todo la jerarquía católica, sí intenta que el Estado –fuera de la
religión- dicte para los ciudadanos no heterosexuales normas de conducta de
inspiración e implicación religiosas. Nosotros no buscamos el gobierno interno
de la Iglesia. Y la Iglesia desea y busca gobernarnos a todos. Su virulenta
oposición al matrimonio civil igualitario del siglo XXI es muestra de los
excesos clericales.
¿Cuántos matrimonios gay
se han celebrado y sancionado religiosamente como consecuencia de la
legalización civil del matrimonio entre personas del mismo sexo? Ninguno. Ni
uno solo. Porque la aprobación legal del “matrimonio gay” no se refiere al
ámbito religioso ni obliga a nadie en él. Ninguna religión queda ni quedará
obligada a casar por su rito a ninguna pareja del mismo sexo. Si a algunos
católicos homosexuales (que los hay) les gustaría casarse por su Iglesia, y lo
pidieran, sería otra cosa, una muy diferente, no nuestra propuesta –ni asunto
nuestro, al no ser un asunto público.
Por todo lo anterior, la
resistencia católica al matrimonio civil en cuestión no es más que victimismo
tramposo, un autoritarismo simulador tan antiindividualista como antisocial. Suhomofobia
no es argumento válido contra la propuesta. No es un argumento; sólo es
homofobia. Y conservadurismo social irracional.
Esta propuesta
legalizadora es igualitaria. Es legislación civil que iguala, en la ley y ante
la ley, y frente a los ciudadanos heterosexuales, a los ciudadanos
homosexuales, eliminando un (sub)tipo de discriminación. Los que se oponen en
México suelen “ver” un derecho especial regalado anticatólicamente a la “gente
gay”. Es una fantasía, su ilusión óptica. En la realidad objetiva se ve otra
cosa: quitar lo que en los hechos es un ilegítimo derecho especial de los
heterosexuales. Si sólo éstos cuentan con la posibilidad de un matrimonio legal
ante el Estado, y esta posibilidad se sustenta sólo en la inercia de una
tradición cultural prejuiciosa, ¿cómo no sería un derecho especial de la
heterosexualidad? ¿Cómo no sería un derecho especial que debemos
democráticamente remover?
¿Cuál es la justificación
de que una pareja del mismo sexo no pueda establecer relaciones jurídicas de herencia?
¿Por qué sus relaciones personales no deberían crear efectos jurídicos de
sucesión de bienes y transmisión de derechos? No hay respuesta prohibicionista
que sea racional. Ni verdaderamente decente.
Y ése es el punto final de
mayor importancia: una sociedad verdaderamente decente no se opone al trato
decente del Estado a cualquiera de sus ciudadanos. La prohibición estatal de
todo matrimonio igualitario –entre personas del mismo sexo, de la misma raza,
incluso de la misma religión, etcétera- es públicamente indecente.
Cabe sumar, por último,
dos precisiones relacionadas: defender o proponer el matrimonio igualitario no
implica ninguna indicación de obligación (individual): los hombres y mujeres
homosexuales no quedan obligados, de ninguna forma, a casarse ante el Estado.
Ni se dice que necesariamente deban hacerlo. No es que “queramos” que todos se
casen sino que legalmente puedan hacerlo si ellos quieren y, en su caso, cuando
quieran. Por otro lado, el argumento aquí presentado, con sus términos antiprohibicionistas,
no supone ni necesita ni demanda la suspensión de la crítica –racional y
empírica- al matrimonio llamado tradicional. Ni el criticar es necesariamente
prohibir ni el no prohibir es necesariamente no criticar. Nadie podría
demostrar que a lo largo de su historia ese matrimonio “normal” no ha sido
también una fachada legitimadora para transacciones comerciales, transferencias
de propiedad, alianzas y jugadas políticas, “pecados” como el embarazo sin
matrimonio de por medio, y variados actos de prostitución tampoco tradicional.
José Ramón López Rubí C. Colaborador
de la División de Administración Pública del CIDE.
