Año con año, el Foro
Económico Mundial publica el Informe Global de Tecnología de Información, donde
se analiza el papel que pueden desempeñar las tecnologías de información y las comunicaciones (TICs) para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleos
de alta calidad en las naciones.
Según estas cifras, en los
últimos años México se ha ubicado en los lugares 63 (2013), 79 (2014) y 69
(2015). Puestos que distan mucho de ser los mejores para la región de América
Latina, quien ha sido dominada por Chile, al ubicarse en los sitios 34 (2013),
35 (2014) y 38 (2015), respectivamente. El posicionamiento de este año se
conocerá durante el mes de abril.
El objetivo de que estas
cifras existan no es otro que evidenciar la relación positiva que existe entre el
desarrollo tecnológico y el crecimiento económico de las naciones; esto explica
el marcado interés de nuestro país de introducir, desde hace algunos años, el
uso de la tecnología como una herramienta útil para mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes.
Para nadie resulta
desconocido que el uso de la tecnología ha pasado de los grandes laboratorios a
las cosas más cotidianas, llegando incluso a instancias gubernamentales, donde
hoy en día es posible pagar nuestros impuestos y derechos, así como realizar un
gran número de trámites administrativos, todo sin salir de nuestro domicilio.
El ámbito judicial no se
ha quedado atrás, pues a través de Internet podemos desde revisar las listas de
acuerdos de algunos tribunales, hasta presentar demandas electrónicas, sin
olvidar que incluso podemos ver a los ministros sesionando, en tiempo real, los
asuntos sometidos a su potestad.
Sin embargo, si bien estos
ejemplos resultan evidentemente positivos, ello no debe nublar un conocimiento
completo de las cosas, que también incluya un balance de los efectos nocivos
que la implementación tecnológica ha provocado.
En efecto, el uso de la
tecnología ha traído casos de ciber-delincuencia, ciber-terrorismo, robo de
identidad y los problemas propios con la propiedad intelectual. Por su parte,
del lado psicológico, los problemas que ha traído el uso masivo de las
tecnologías de la información y comunicación son entre otras: ciber-bullying;
nomofobia o ansiedad y miedo a no tener el celular cerca, por la necesidad de
estar conectado al mundo, sus noticias y eventos; taxiedad o angustia de enviar
un mensaje y no recibir respuesta inmediata, y textofrenia o tensión por creer
que su teléfono recibe constantes mensajes o notificaciones, sin que esto
realmente suceda.
Pero dejando de lado los
delitos y trastornos psicológicos que acarrea el uso de las TICs, hay un
problema que se encuentra aún en estado embrionario, y que por lo mismo no se
ha abordado de manera frontal a pesar de que se relaciona directamente en el
ámbito laboral en los órganos del Poder Judicial de la Federación (y mutatis
mutandi, para cualquier otra empresa). Me refiero a la hipótesis de si el uso
de la tecnología llegará en algún momento a suplantar al factor humano.
La sustitución del hombre
por las TICs deriva de un problema añejo pero con recientes modalidades. Desde
hace muchos años se ha planteado y cuestionado un futuro donde las empresas
aparecen en su totalidad controladas por máquinas, lo que de suyo implica un
vasto problema de desempleo. Y si bien estimo que el uso de las TICs no apunta
hacia esa dirección, cierto es que con su implementación, el número de
empleados en un órgano jurisdiccional se reducirá considerablemente.
Pienso en el caso de un
Juzgado de Distrito. Con el uso del Internet se antoja estéril tener más de uno
o dos actuarios por cada órgano, en tanto ahora para notificar una resolución
bastará, a lo mucho, seguir los pasos con los que hoy se manda un correo
electrónico. Del mismo modo, el uso de videofilmaciones o escáneres hace innecesaria
la transcripción de constancias o diligencias, con lo que se tiende a reducir
el número del personal operativo.
Lo anterior sin pasar por
alto que, en su momento, será necesario que todos los empleados del juzgado
dominen el uso de las tecnologías brindadas por el Consejo de la Judicatura
Federal, so pena de, quizá, poder terminar justificadamente con su nombramiento
(tal como se prevé, por ejemplo en España, en el artículo 52 del Estatuto de
los Trabajadores, cuando refiere la posibilidad de extinguir el contrato de
trabajo por “falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas
operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables”).
Desde mi perspectiva, el
uso de las TICs en un órgano jurisdiccional no acarreará un problema de despido
de los actuales funcionarios judiciales (con la salvedad de lo expuesto al
final del párrafo anterior), pero sí sienta las bases para la futura creación
de nuevos órganos jurisdiccionales con muy pocos trabajadores. Muestra de ello
es la manera en que se están organizando los flamantes Centros de Justicia
Penal Federal, donde el personal jurisdiccional se reduce al juez y a unos
pocos empleados más; lo cual resulta altamente contrastante con el resto de
órganos jurisdiccionales tradicionales, donde se maneja una planilla de un juez
y cerca de cuarenta empleados en promedio.
De seguir con esa
tendencia “minimalista”, no deberá extrañarnos que en el futuro (muy) próximo,
el Consejo de la Judicatura Federal cree juzgados meramente virtuales, donde el
juez pueda impartir justicia desde Internet, sin necesidad de encontrarse
presente en su despacho y sin ayuda de algún empleado.
Muy acalorados se
vislumbran los debates que se generarán cuando lo anterior suceda, donde por un
lado se encontrarán los que defiendan el acceso a la justicia y a las fuentes
de empleo y, por otro, los que estarán satisfechos de que al fin, nuestro país
alcance mejores posiciones en las listas del Foro Económico Mundial.
Roberto Blanco Gómez
Secretario de Acuerdos en el Poder Judicial Federal
