Si algún mal aqueja a
nuestro país es la pésima procuración y administración de la justicia. Los
crímenes quedan impunes y, al mismo tiempo, se fabrican culpables cuando lo
necesitan las autoridades o cuando los medios lo demandan.
Hace ocho años se aprobó
una reforma que debería transformar el sistema penal en todos sus aspectos. Se
tuvo la esperanza de que, al pasar del sistema inquisitorio al sistema
acusatorio, entraríamos en un nivel de desarrollo democrático y de respeto a
los derechos humanos, hasta ahora desconocido en nuestro país.
Hubo tiempo para preparar
e instrumentar la transición. No sólo lo hemos desperdiciado, además, hay
contrarreformas importantes y eventos emblemáticos que sólo han de servir para
documentar nuestro pesimismo. Estacionados a la mitad del cambio, cada paso que
intentamos dar, lejos de avanzar, nos hunde en el pantano más y más.
No hemos podido contener,
ya no se diga evitar o castigar, las investigaciones negligentes o las
sentencias por consigna. A la ineficacia y falta de ética de las autoridades se
suman abogados convertidos en auténticos coyotes, por si fuera poco los medios
publican su sentencia previa. La ligereza de reporteros y analistas puede
destruir vidas o acabar con el futuro de personas que, a su parecer, son
culpables.
Esta semana, en Milenio,
escribió Diego Fernández de Cevallos que los linchamientos mediáticos “son
verdaderas canalladas”, sin conocer el expediente ni la ley, sin escuchar a los
imputados o averiguar si hay pruebas, se cargan del lado mediático y ofrecen
megáfonos a versiones que no tienen idea si carecen de sustento. Si la noticia
vende, ¡adelante!
Jamás reconocerán los
medios que señalar “culpables” en los medios, identificarlos por nombre,
apellido y fotografía niega la posibilidad a los inculpados de tener un juicio
justo. Para defender sus acciones argumentan que ellos no tienen por qué hacer
el trabajo de los ministerios públicos, no son policía investigadora y no son
Poder Judicial. Sin embargo, sin toga ni conciencia, se erigen en jueces. Sus
yerros no generan responsabilidad, por eso no piensan en las consecuencias.
Sólo en esta semana
tenemos dos casos que ejemplifican, pero no agotan, lo que sucede
cotidianamente a este respecto. El caso del conductor Andoni Echave y el del
kínder Montessori Matatena.
El primero, señalado por
una periodista norteamericana como su agresor en la colonia Condesa. Como
escribió él mismo en el periódico El Universal (16 de mayo 2016), después de la
gafe mediática-judicial quedó “estigmatizado, endeudado y sin una disculpa
pública”.
El segundo, el caso de
Rafael Duarte, esposo de Patricia Guitián, dueña del kínder Matatena, está en
la cárcel, el juez ya dictó auto de formal prisión por un caso de supuesto
abuso sexual, en donde los medios se unieron al coro de “crucifíquenlo,
crucifíquenlo”, sin pruebas y sin reparar en inconsistencias importantes. Los
medios, con tal de no perder la nota, dan voz a una sola de las partes y,
cuando pueden, agregan de su cosecha. El expediente habla de tres niños,
algunos medios han llegado a decir que son ¡16!
Cada vez es más frecuente
ver cómo los medios inclinan la balanza del lado de lo políticamente correcto.
Este es el caso de las denuncias de abuso sexual, especialmente en las
escuelas. La falta de profesionalismo de las autoridades les impide resistir la
presión mediática. No se actúa conforme a derecho, se actúa por consigna para
autoprotección y no en una búsqueda por la verdad, entre otras cosas porque las
carencias para investigar siguen siendo una de las muchas debilidades de
nuestro sistema judicial.
El mundo, especialmente el
mundo católico, se ha arrepentido, con razón, de no haber escuchado a las
víctimas de abuso sexual. En México, después de lo que podríamos llamar “el
fenómeno Maciel”, toda denuncia es creíble y explotable mediáticamente. Ahora,
como antaño, las autoridades renuncian a hacer su trabajo.
No es cierto que en México
eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario y tampoco es cierto que todos
tienen derecho a un juicio justo y al debido proceso. Cuando los medios juzgan
y sentencian, también contribuyen a la podredumbre de nuestro sistema judicial.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas