Finalmente, el presidente Peña Nieto ha firmado siete decretos de sendas leyes del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Como país y como sociedad civil, hay
buenas razones para celebrar.
Los mexicanos somos dados
a pensar que las leyes sustituyen a las políticas públicas y que su sola
aprobación puede transformar la realidad nacional, como si fueran una varita
mágica. Es necesario admitir que la aprobación del paquete legal anticorrupción
es sólo el inicio de una reorganización institucional de gran calado y paulatina implementación.
Contiene la primera
iniciativa ciudadana que termina el proceso, desde la redacción de la
propuesta, la recolección de firmas, el tránsito por comisiones y el pleno en
ambas Cámaras y, finalmente, la firma del Presidente y su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Más de 634 mil ciudadanos
firmaron la iniciativa, es decir, estuvieron dispuestos a participar, proponer
y exigir pacífica e institucionalmente a los legisladores y al gobierno federal
poner un alto a la corrupción. El reclamo es unánime. No sin dificultades, pero
hubo oídos que escucharon.
Durante poco más de un
año, hubo una militancia activa de la sociedad civil. Las organizaciones
civiles y académicas que participamos en el proyecto son variopintas. No
podemos hablar de una hegemonía ideológica o una preferencia política única.
Por ello es meritorio haber llegado hasta el final. Hubo grandes momentos de
tensión en los diversos procesos de negociación, hacia el interior del grupo y
con los diferentes actores políticos; esto mismo hace valorar todavía más lo
logrado. Ni en los peores momentos se perdió de vista el objetivo final.
Partimos de la convicción
de que la corrupción en el país es sistémica, que daña el tejido social e
impide la consolidación de la democracia. La grave crisis de confianza en la
República y su clase política está íntimamente vinculada a múltiples escándalos
de corrupción que forman parte de un largo y vergonzoso inventario que va quedando
como testimonio histórico la impunidad.
En un sistema político, en
un país, la corrupción es sistémica, más que dos personas, se necesita un
sistema entero que permita, desde los pequeños actos de corrupción hasta los
grandes escándalos en licitaciones millonarias. Por ello, hay que celebrar que,
al mismo tiempo, se aprobaron o reformaron siete leyes. Conjunto que concibe el
combate a la corrupción de una manera integral, con herramientas para prevenir
y detectar, que permiten investigar y, por tanto, perseguir los actos de
corrupción y, por último, con capacidad efectiva de sancionar tanto a
funcionarios como a empresarios.
Queda pendiente una buena
agenda legislativa. En palabras de Eduardo Bohorquez, falta la “ley de
adquisiciones y la ley de obra pública, la ley de contrataciones públicas, la
ley del registro público de la propiedad, modificaciones a la ley de
responsabilidad fiscal y hacendaria, a los códigos de procedimientos
electorales y al financiamiento de la vida político-electoral, de forma que se
continúe avanzando en consolidar un paquete legislativo que ataque de raíz las
causas de la corrupción”.
Teniendo como base las
nuevas leyes, será necesario empezar a implementar los cambios concretos. Habrá
que cuidar los nombramientos de las cabezas institucionales porque las personas
importan y pueden hacer fracasar la más hermosa de las leyes.
No quiero cerrar sin
reconocer el buen gesto político de Peña Nieto de haber pedido perdón. Sé que
no es popular reconocerlo, pero tampoco es común que un Presidente mexicano
pida perdón. No lo sobredimensiono, simplemente creo que fue un buen gesto. No
podía haber firmado los decretos ignorando el elefante en la sala. O mejor
dicho, podría haberlo hecho y con ello hubiese herido de muerte al Sistema. El
pedir perdón, en sí mismo, no soluciona nada, simplemente le da oportunidad a
la reforma de comenzar bien. Si pidió perdón, ahora falta una serie de acciones
que demuestre que el Presidente tiene un compromiso real y efectivo con una
nueva política pública. Abre una oportunidad y él mismo se impone un nuevo
estándar. Estamos observando.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM