Tal fue la opinión del doctor Santiago Nieto, durante su participación en el III Congreso Internacional de Ciencia Política, en la que precisó que “las transiciones democráticas hacia otro modelo tienen que ver con la apertura del régimen, las elecciones limpias periódicas, el reconocimiento de los derechos, pero siempre tiene que ver con un nuevo entramado constitucionalidad”.
Por lo anterior, el investigador y jurista hizo hincapié en que no sólo los ejes institucionales y metodológicos del derecho han tenido que irse modificando, por ejemplo en México con la introducción del nuevo sistema de justicia penal, sino que el recurso humano, en este caso los abogados, también deben modificar su forma de ejercer la legislación.
“Un elemento muy importante para la transición es el capital humano. El capital ha cambiado del abogado “formalista” a un abogado multicultural, que conoce varios idiomas, que conoce varios sistemas normativos, que puede interpretar el Derecho no solamente desde una perspectiva gramatical, sino también sistemática y funcional, en pro de fortalecer la protección a los seres humanos y no solamente el cumplimiento de la ley”, enfatizó.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Anabel Aguilar, comentó en su intervención que en vez de entender la Constitución con un contexto político, se necesita ver la Constitución como una fuerza que tiene que regular cualquier tipo de conducta, y por tanto la violación a la Constitución debe cuidarse, en este nuevo marco jurídico en el que se les da más libertades a todos, pero que precisamente conlleva los riesgos para el cometimiento de más delitos.
“Antes, en el modelo legislativo solamente las autoridades violabann los derechos humanos, y en el modelo constitucional de derecho cualquier persona puede vulnerar los derechos fundamentales de otras personas. Se debe encontrar el punto en el que la justicia ni castigue excesivamente a las personas, pero proteja la Constitución de forma suficiente”, ejemplificó.
Recordó que precisamente este cambio legislativo, “que en México se ha venido dando en un proceso de ida y vuelta, de transición y de ajuste del modelo”, ha dado pie a que se generen jueces y ministerios públicos que están pensando en el modelo tradicional, cuando estamos teniendo operadores políticos que ya están pensando en un modelo distinto en donde la protección de los derechos humanos, donde la oralidad, la mediación, la ergonomía procesal, sean las bases de esta nueva forma de ver el derecho penal.
Para lograr esto (la protección de los derechos humanos), se deben empatar cada vez más las garantías de la Constitución con el convencionalismo (lo convenido por México en tratados internacionales y que desde 2011 tras la reforma también tiene jurisdicción en el territorio nacional), para “completar esa transición entre un régimen absolutista hacia un estado de derecho”.
