A lo largo de nuestra
historia, la lucha por los derechos civiles de las mujeres en nuestro país ha sido una de las que ha generado mayor incertidumbre y, particularmente, me
refiero a su participación dentro de la vida pública de nuestro país.
A raíz de
los reclamos por la libertad de la mujer para que pudieran votar para elegir a
sus representantes populares, ha aumentado poco a poco su participación dentro
de las demás actividades que comprende la misma administración pública,
economía y, por supuesto, la política.
Ante esto, es importante destacar en
este último —en el tema político—, cómo la mujer, en su afán de hacer valer su
derecho a votar y ser votada, es utilizada para cubrir un requisito que la
misma ley contempla, pero que se vuelve válvula de escape para aquellos que lo
usan sólo para obtener buenos resultados en los comicios, en su benévola
búsqueda del poder.
En la época de leyes de
reforma, dentro de la Constitución de 1857, no existió un solo antecedente del
voto emitido por las mujeres, dada las circunstancias conservadoras de aquella
época y donde el país atravesaba un momento de suma evolución en materia
política, económica y social, derivado de la guerra con los Estados Unidos,
siendo en aquel entonces presidente de México Benito Juárez Mori, y, aunque no
es un hecho comprobado, existen teorías relativas a antecedentes sobre la
participación de las mujeres en la dictadura de Porfirio Díaz, que fue el punto
de partida para alzar la voz dentro de la vida pública del país en una época
marcada por el machismo que era evidente en esa época.
Y no fue sino hasta los
comicios de 1923, en el estado de Yucatán, que se reconoce la participación de
las mujeres para votar y ser electas para cargos de elección popular, con un
resultado de tres diputadas y una regidora para el ayuntamiento de Mérida,
siendo entonces gobernador del estado Felipe Carrillo Puerto (quien muere
asesinado en 1924) y obliga a las mujeres a dejar sus puestos debido al
hermetismo y desestabilización que generó el acontecimiento.
Al año siguiente en San
Luis Potosí se permitió la elección de candidatas en los comicios municipales,
y en 1925 participaron en elecciones estatales, aunque al siguiente fue
prohibido.
Otro estado que reconoció
el derecho de las mujeres a votar fue Chiapas en 1925; aunque en ese entonces
se les limitaba a participar por cargos de elección, ya que no contaban con el
sustento jurídico que les permitiera hacer valer su derecho y el cual generó
ecos dentro de la sociedad con el paso de los años.
Y así fue que en 1937, el
entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, promueve una iniciativa de
reforma al artículo 34 de la Constitución, donde se reconocería a las mujeres
como ciudadanas y se les permitirá votar; esta iniciativa fue aprobada por
ambas cámaras y las legislaturas de los estados, pero no fue publicada, dado
que, en ese entonces, el antiguo Partido Nacional Revolucionario argumentaba
que no se permitiría publicar dicha reforma, ya que en ese entonces existían
rumores de que los curas tenían mucha influencia sobre la mujer en cuestiones
políticas.
Diez años después, dentro
del gobierno de Miguel Alemán, el 17 de diciembre de 1947, se publica en el
Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 115 constitucional
donde se permitía a las mujeres participar solamente en elecciones municipales;
muchos especialistas de aquella época lo consideraron un gran avance dentro de
la participación femenina dentro de la vida política, aunque fuera de una forma
restringida; así, Chiapas es el primer estado que hizo valer dicho precepto y
el primer antecedente de participación de la mujer mexicana.
Fue entonces que para
1952, siendo electo presidente de nuestro país Adolfo Ruiz Cortines, quien
haciendo caso a la petición entonces del Partido Acción Nacional, para concluir
con el tramite realizado de la iniciativa promovida en el sexenio cardenista,
con modificaciones de fondo y contenido, el 9 de diciembre de 1952 envía al
Congreso una iniciativa de reforma a los artículos 34 y 35 de la carta magna,
la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
octubre de 1953, y fue hasta 1954 cuando la mujer obtuvo su derecho de poder
participar en todas las elecciones; siendo el 3 de diciembre de 1955 la primera
vez que la mujer vota en los comicios para elegir a los diputados federales
para integrar la XLIII legislatura del Congreso de la Unión.
Entendiendo esto, es así
como la mujer empezó a involucrarse dentro de la vida política, aunque con sus
respectivas limitantes de pertenecer a la administración pública y a la vida
política. En efecto, en 2012 una reforma enviada por el presidente en turno
Felipe Calderón adhiere al artículo 35 la libertad de las mujeres de participar
en cargos de elección popular, ya con el pleno antecedente desde el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari de mujeres ocupando cargos dentro de su
administración, siendo éste un preámbulo para que tiempo después la mujer se
desarrollara dentro de la vida pública de nuestro país.
En la actualidad, la
mujer, con un papel de suma importancia y, a su vez, con libertades para
participar en la vida pública de nuestro país, rompe con la barrera que la
limitaba para poder desempeñarse, dada las circunstancias y los antecedentes
históricos que data desde el conservadurismo; es sin duda un triunfo que es de
reconocerse en todos los aspectos.
Dado estos antecedentes y
con las actuales reformas en materia política que ha sufrido nuestro país, el
derecho de la mujer de participar en cargos de elección popular se ha vuelto un
tema de suma controversia; circunstancias que suelen ser aprovechadas por los
partidos políticos para así obtener resultados favorables en tiempos
electorales.
La mujer en el ámbito
político ha sido, a su vez, un instrumento para rellenar requisitos que
establecen las leyes electorales y que sólo han servido, en ciertos casos, para
cumplir con cuotas de equidad de género y así hacer valer la norma, como es el
caso de las famosas “Juanitas”.
El término “Juanita” surge
debido a un antecedente en 2011 para la elección de diputados federales para la
integración de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, donde fueron
electas y, antes de tomar posesión, renunciaron para así cederles sus lugares a
sus suplentes, quienes eran del sexo masculino y que sin duda fue un terrible precedente
dada la enorme lucha por la libertad de opinión y participación de la mujer.
Ahora este fenómeno fue de
nueva cuenta cuestionado y utilizado en los comicios pasados, en los cuales las
autoridades electorales del ámbito federal, determinaron que el 50% de las
candidaturas tenían que ser ocupadas por mujeres, y los partidos políticos, en
aras de cumplir con dicho mandato, quitaban a cierto número de candidatos que a
su vez nombraban a sus esposas para que los reemplazaran como candidatos
propietarios; fue así que en las planillas de presidentes municipales y
regidores se establecían las listas, siendo la esposa del ex candidato como
primer regidor y aquél postulándose para la figura de síndico de hacienda, lo
cual representó una vil burla para la ciudadanía, pero fue un hecho legal
debido a que no existe ningún precepto que lo impida.
No me cabe la menor duda
de que se tiene que legislar para evitar este tipo de situaciones tan
vergonzosas y que denigran la figura de la mujer que tanto ha batallado por un
espacio en la vida pública; no podemos permitir que las lagunas que deriva en
la ley permitan este tipo de actos, que a su vez generan injusticia; dado que
existen mujeres preparadas y con apta vocación de prestarse al servicio
público, las “Juanitas” no son la solución de los partidos políticos, mucho
menos que sean botín en búsqueda del poder. Tenemos que ser claros en lo que
queremos para nuestro país porque ello será herencia de las nuevas
generaciones; la mujer, como tal, tiene la capacidad de ejercer el poder, lo
que no es válido es que tenga que ser objeto de búsqueda de poder de aquellos
que la soberbia y mezquindad los motiva a realizar estos actos y que, sin duda,
manchan la dura lucha por alzar la voz de nuestras mujeres en nuestra gran nación.
Ernesto Alonso Tosca Ulin
Licenciado en Derecho Corporativo por la Universidad Autónoma de Guadalajara
