Acusados del homicidio del
conductor de TV Azteca, Paco Stanley, Paola Durante y sus coacusados pudieron
haber sido condenados a 40 años de prisión. Estuvieron presos año y medio.
Ningún juez escrupuloso e
independiente hubiera dictado auto de sujeción a proceso contra los inculpados,
porque la prueba en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal —cuyo titular era el doctor Samuel del Villar— basaba su acusación no
resistía el menor análisis.
Esa prueba era el testimonio de un interno del reclusorio preventivo sur, Gabriel Valencia, cocinero en prisión, según dijo él
mismo, de los hermanos Amezcua, presos por narcotráfico.
Valencia aseguró que semanas antes del asesinato una mujer rubia y un hombre moreno, bigotón y con la cabeza rasurada visitaron en su celda a los Amezcua, quienes les ordenaron ejecutar a Stanley, distribuidor de drogas en el medio de la farándula, porque les debía mucho dinero. La rubia visitó a los Amezcua, según el testimonio, dos veces. El autor material sería el moreno bigotón; la rubia convencería a Mario Bezares, patiño de Stanley en su programa de televisión, para que lo colocara en un lugar propicio para la ejecución. Habría otros dos cómplices. Todos serían generosamente recompensados.
Valencia dijo que daría su
testimonio a cambio de ser trasladado a una cárcel de Puebla, lo que se le
concedió. La descripción que hizo de Paola no concuerda con las características
físicas de ésta. En violación a la ley, que ordena que cuando un testigo
reconozca a una persona, ésta debe presentársele junto con otras que se le
parezcan, cuando Valencia reconoció a Paola únicamente a ella se le puso
enfrente. El testigo ya había mentido en otro proceso penal a cambio de dinero.
El reporte de atención
telefónica de la Procuraduría indica que el testigo telefoneó del reclusorio
para informar que tenía información sobre el homicidio a las 13 horas de un 2
de agosto. El documento señala que la llamada se canalizó a la policía judicial
ese mismo día a las 12:59 horas, es decir ¡un minuto antes de que el telefonema
se realizara!, y que se ordenó investigar los hechos el 1 de agosto a las 17:19
horas, o sea ¡19 horas 45 minutos antes de la llamada!
En los reclusorios toda
visita queda registrada. No hay registro alguno de que ni Paola Durante ni el
supuesto autor material, Erasmo Pérez Garnica, El Cholo, hubieran visitado el
reclusorio.
Cuatro testigos señalaron que en una de las fechas señaladas por el
testigo como de las visitas de Paola a los Amezcua, ella —que era edecán—
estuvo trabajando de las 10:30 a las 22:00 horas en el Auditorio Nacional,
donde se montaba un espectáculo infantil, versión que se corrobora con el
recibo de honorarios, la carpeta de trabajo y la agenda de la inculpada.
¿Cómo, con todas esas
inconsistencias, pudo el juez dictar la sujeción a proceso? Porque era uno de
los llamados jueces de consigna, que resolvían lo que la Procuraduría quería
sin sustento probatorio.
La recomendación de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) puso en evidencia que
se trataba de una falsa acusación y solicitó la libertad de los inculpados. El
procurador se negó. Entonces pasó algo extraordinario. El testigo Luis Gabriel
Valencia declaró que su imputación era falsa y que funcionarios de la
Procuraduría lo tenían amenazado: si se retractaba matarían a su familia. Se
comprobó que colaboradores del procurador lo visitaron en prisión unas 40
veces. Éstos declararon que lo hacían ¡por cortesía! La madre de Valencia fue
sacada de su casa y llevada a declarar a medianoche.
Es de suponerse cuál
hubiera sido la sentencia del juez de consigna. Pero ya todo el país sabía por
la recomendación de la CDHDF de la falsedad de la acusación. Por eso el Consejo
de la Judicatura Federal —convocado por su presidente, Juan Luis González
Alcántara— reasignó a tal juzgador a otro juzgado. Así, la sentencia del caso
Stanley fue dictada por un juez honorable, Rafael Santa Ana, quien absolvió a
los acusados.
He recordado esta historia
al enterarme de que aquel juez que sometió a proceso a los inculpados, el ahora
magistrado Rafael Guerra Álvarez, es candidato a la presidencia de nuestro
Tribunal Superior.
