La ley obliga al titular
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a presentar cada año su informe
de labores ante la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia,
de quien formalmente depende.
El pasado 17 de febrero
Juan Manuel Portal acudió puntual a la cita; entregó el análisis de la Cuenta Pública 2014; su discurso cambia radicalmente el tono de informes pasados.
Más que enumerar casos escandalosos del mal manejo que año con año hacen los servidores públicos del dinero que la sociedad les “presta” para hacer su trabajo, en esta ocasión, el Auditor Superior hace una revisión cualitativa y agrupa los principales problemas que originan tan pobres resultados.
Tiene la mirada puesta en
la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, en ese sentido,
retoma la lógica que nos impone la reforma Constitucional.
Ofrece un catálogo de 11
pecados capitales cometidos por las burocracias del país. Entiende los riesgos
y establece las áreas de oportunidad.
En 2014 hay poca
innovación en los vicios de la cuenta pública; más bien asombra la terca
realidad de que a pesar de los discursos de transparencia y rendición de
cuentas, poco ha cambiado desde que se creó la Auditoría Superior de la
Federación y otras instituciones como el INAI.
En primer lugar, el
titular de la dependecia señala que no hemos conseguido ordenar ni sistematizar
la información de los beneficiarios de los programas sociales. Hay desorden en
múltiples padrones y lejos estamos de tener un padrón único. A pesar de que,
desde 2002, cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia, se ordena la
publicidad de los padrones no hemos conseguido avanzar cualitativamente en este
rubro. Sí ha habido avances —son cosméticos— pero no han servido para evitar
duplicidades, esconder manipulaciones de carácter electorero y, sobre todo, se
impide el uso eficiente de los recursos públicos.
Otro de los puntos que nos
debería llamar a reflexión tiene que ver con el nulo esfuerzo que han hecho las
instituciones públicas para integrar de manera efectiva la participación
ciudadana que, en muchas ocasiones les mandata la ley. Muchas reformas legales
de la última década incluyen la obligación de crear consejos ciudadanos. El
sector público los considera una molestia y no los asume como elementos
vigilantes, empoderados a quienes deberían dárseles los elementos suficientes
para que evaluaran la gestión de los programas sociales.
Adquisiciones y
contrataciones cumplen formalmente la ley, pero con la norma en la mano, los
servidores públicos se las arreglan para no conseguir las mejores condiciones
para el Estado. El Auditor Superior denuncia, una vez más, el sistemático abuso
de las adjudicaciones directas que han hecho de la excepción regla. Una adjudicación
directa tiene estándares más bajos de transparencia y eficiencia.
Demuestra que cuando
algunos servicios públicos han sido suministrados por particulares no
necesariamente mejora la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. En muchas
ocasiones, la subcontratación sólo ha servido para incrementar la
discresionalidad con la que se toman las decisiones.
Con ello constatamos que
somos un país que recaudamos poco, gastamos mucho y lo hacemos mal. Quizá
ahora, cuando la abundancia petrolera se ha esfumado, debido a la dramática
caída de los precios del petróleo, tendríamos que hacer las cosas de otro modo.
Portal Martínez sugiere
algunos principios que deben ser tomados en cuenta por el Congreso a la hora de
articular las diferentes piezas normativas que darán vida a la reforma
constitucional que les mandata crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Concluye principios
indispensables para modelar la Auditoría Superior de la Federación del futuro.
Destacan entre ellos el papel central que le da al Comité Coordinador del
Sistema, entiende bien que de su fortaleza, autonomía y capacidad de
organización y gestión dependerá el buen funcionamiento del SNA. El funcionario
sabe que la ASF no deberá convertirse en una suerte de fiscalía, pues su
fortaleza está en realizar auditorías.
¿Escuchará la Cámara de
Diputados? ¿Cumplirá con su deber la Comisión de Vigilancia? ¿Tendrán en tiempo
y forma las leyes promulgadas antes de que los alcancen los transitorios que
ellos mismos se impusieron hace ya nueve meses?
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
