Quedaron en Topo Chico 49
muertos producto de la reyerta. Con esta noticia sale a la luz la podredumbre
del sistema penitenciario mexicano. Las autoridades locales simplemente están rebasadas. Topo Chico no es la excepción, a nadie tomó por sorpresa.
Ya en 2014 el relator
especial de la ONU sobre tortura había advertido que ese penal era una bomba de
tiempo. Vale decir que este informe hace un diagnóstico donde diferencia las
cárceles del país, reconoce buenas y malas prácticas, advierte de riesgos.
Seguramente el informe durmió el sueño de los justos en el escritorio de varios
burócratas.
A mediados del año pasado
se fugó de la “cárcel más segura de México” el criminal más peligroso. En algún
momento el equipo de Joaquín Guzmán logró hacerse de los planos del penal.
Hasta hoy no se ha hecho público cuando la Secretaría de Gobernación perdió
control sobre los planos ni quién era el funcionario responsable de su
custodia.
Cuando estallan escándalos
de esta dimensión, voceros de todos los partidos políticos en los congresos
locales, en el Congreso de la Unión, en los noticieros nacionales se aprestan a
hacer leña del árbol caído. Todos parecen tener a quién culpar. Se encarcelan
algunos funcionarios que pueden ser al mismo tiempo culpables y chivos
expiatorios. El tema queda ahogado en el siguiente escándalo y nadie asume la
responsabilidad de buscar soluciones de fondo.
No puedo olvidar un
recurso de revisión (RR 3571/2009) que nos tocó resolver siendo yo comisionada
del IFAI. El solicitante pedía nombre y expediente médico de los reclusos
muertos en la cárcel de El Altiplano en un determinado periodo de tiempo.
También había habido una riña y algunos de los muertos eran atribuidos a ésta.
La autoridad entregó el número de fallecidos, 17, lo demás lo clasificó bajo el
argumento de la protección de datos personales.
Discutimos y estudiamos,
¿qué debería ser público?, ¿qué información debería ser reservada? ¿Qué
protección merecen los reclusos? Establecimos diferencias entre vivos y
muertos, sentenciados y no sentenciados. Fue un recurso difícil que acumuló dos
votos disidentes. Uno de ellos negaba toda la información. El otro consideraba
que se debían entregar tanto los nombres de los condenados como los expedientes
médicos, sin que estos estuviesen relacionados entre sí; se deberían proteger,
en su caso, los nombres de los no sentenciados para respetar la presunción de
inocencia. Finalmente el solicitante tuvo acceso a los expedientes médicos y no
a los nombres.
Aprendimos que en Estados
Unidos las cárceles tienen página de internet y a través de ella hacen público
el padrón de sus reclusos. Nombre completo, delito por el que fue sentenciado,
condena impuesta, fecha de entrada, posible fecha de salida y si tiene o no
derecho a libertad condicional. España tenía una política casi contraria, desde
luego, no permite la publicación en páginas oficiales de internet de los
nombres y condenas de los presos.
Si los 49 muertos son un
dato escalofriante, más debería indignarnos la incapacidad de las autoridades
para identificar a nueve de ellos. Nada revela más el desastre interno que la
falta de un padrón de esa cárcel sobrepoblada. Aparentemente ni siquiera hay un
registro que permitiera cotejar el rostro o las huellas digitales de los
muertos.
Una cárcel vieja,
sobrepoblada, diseñada para dos mil 500 presos en el que había sobrepoblación,
según algunas fuentes periodísticas, hasta el doble, no hay certeza. Es sabido
que en una cárcel sobrepoblada no puede mandar sino el dinero. Se impone la ley
del más fuerte. Se vende la comida, la cobija, se compra el derecho a una cama
y el derecho a la protección de uno de los grupos criminales dominantes.
A la luz de Topo Chico me
parece que nuestra discusión de entonces podría parecer casi naïf, no puedo
imaginar un preso mexicano reclamando la protección de sus datos personales
cuando, estando en manos de la autoridad, no tiene asegurado su derecho a la
vida. Esta semana otra riña en Tamaulipas, ciertamente de una dimensión
incomparable. ¿De dónde podrán venir los recursos que exige nuestro sistema
penitenciario?, ¿cuántos muertos más hacen falta para atender este problema?
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas
