En el reporte se advierte
que en México, Guerrero es el estado más preocupante, pues reporta elevadas
tasas de homicidio en forma sistemática. La violencia en la entidad es
constante de 1990 a 2014.
Tras evaluar siete
indicadores sobre la calidad de la justicia penal en México como
"confianza ciudadana en las instituciones de justicia, tasa de homicidios,
niveles de denuncia, trato satisfactorio a víctimas al momento de denunciar un
delito ante el ministerio público, presunción de inocencia, proceso penal justo
y cárcel digna y segura", pendientes y avances advierten que aún falta
"para decir que se imparte justicia en México", consideró la
investigadora de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ana
Laura Magaloni.
"Es un dato
preocupante que la confianza ciudadana esté, en promedio nacional, en menos de
6.9" agregó Magaloni, al destacar que "lo primero que tiene que hacer
la reforma al sistema de justicia penal es reconquistar la confianza ciudadana;
confiar en la autoridad es básico para restablecer los vínculos fracturados".
"Justicia a la
Medida: siete indicadores sobre la calidad de la justicia penal en
México", informe elaborado por México Evalúa, con base en la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de
Inegi y los diagnósticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se
concentra en la experiencia del ciudadano promedio en México.
Se analiza "lo que la
víctima o el inculpado viven. El sistema de justicia penal ha sido, hasta
ahora, una casa de los sustos, da miedo entrar, da miedo acercarse a él, nos da
miedo a víctimas y nos da miedo a acusados, no sabemos qué va a pasar adentro y
en el caso de México no se sabe si uno va a salir", expresó Layda Negrete,
coordinadora del programa de calidad de justicia de México Evalúa.
En el reporte se advierte
que en México, Guerrero es el estado más preocupante, pues reporta elevadas
tasas de homicidio en forma sistemática. La violencia en la entidad es
constante de 1990 a 2014.
La mayor tasa de
homicidios registrada en un solo año (entre 1990 a 2014) corresponde a
Chihuahua en 2010 con 182.1 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes.
También se midió la
confianza promedio que tienen los ciudadanos de las instituciones de seguridad
y justicia en los estados (policía estatal, policía ministerial o judicial,
Ministerio Público y jueces) entre 2011 y 2015.
A nivel nacional la
mayoría de las personas desconfían del sistema de justicia penal (-6.9).
Los estados con el menor
nivel de confianza son el Distrito Federal (-27.3), el Estado de México (-19.6)
y Morelos (-14.7); Chihuahua y Nuevo León mostraron avances en sus índices de
confianza ciudadana.
A nivel nacional, entre
2010 y 2014 se denunciaron en promedio 19.1 delitos de cada 100 ocurridos (en
Estados Unidos, Francia o Canadá se denuncian alrededor del 50% de los
delitos). Guerrero, es la última entidad en número de denuncias ciudadanas;
"tres veces menos denuncia en Guerrero (11.4 por ciento) que en Baja
California, estado con el mayor índice de denuncias (29.7 por ciento).
A nivel nacional el 50.5
por ciento de más víctimas que realizaron una denuncia entre 2012 y 2014
sintieron que el trato que recibieron fue "satisfactorio" (bueno o
excelente).
En el Estado de México
sólo el 37.2 por ciento de las víctimas reportaron haber recibido un trato
bueno o excelente.
En otro de los indicadores
evaluados, "cárcel digna y justa", se recordó lo que ha advertido la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que al medir la calidad de las
cárceles en el país a nivel nacional promedió un 6.21 (en una escala del cero al
10).
Los estados con la peor
evaluación son Nayarit (4.29), Quintana Roo (4.49) y Tabasco (5.12); los
mejores evaluados son Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala.
Ante la falta de
información sobre dos indicadores: presunción de inocencia y proceso penal
justo, "México Evalúa" sugiere "utilizar" la canasta de
indicadores diseñada por la Red Regional de Justicia Previa al Juicio en
América Latina y la encuesta nacional a población en reclusión planteada en la
Ley Nacional de Ejecución.
Ana Laura Magaloni, investigadora
de Centro de Investigación y Docencia Económicas