Luis Raúl González Pérez se reunió con los integrantes
de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, ante quienes
presentó los avances de la investigación del Caso Iguala
Señaló que la CNDH continuará con su investigación objetiva, profesional y responsable, y dará seguimiento a las acciones de las autoridades, porque no
debe haber impunidad ni olvido
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez,
expresó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera su
apoyo y acompañamiento a las víctimas del Caso Iguala y se solidariza con la
preocupación que las mismas, organizaciones sociales y distintos sectores de la
sociedad han expresado con la falta de esclarecimiento de esos hechos, sobre
todo por lo que hace a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría
General de la República (PGR), que no ha dado resultados concluyentes.
En
reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República, encabezados por la senadora Angélica de la
Peña, estableció que la verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse
a ningún tipo de interés o prioridad diversa, por lo cual la indignación y el
compromiso en favor de las víctimas deben reflejarse y hallar correspondencia
en los hechos.
Respecto del documento enviado por la PGR sobre las 26
propuestas y observaciones de la CNDH, dijo que hoy se dio respuesta a esa
instancia y a partir de mañana se realizarán reuniones de trabajo para revisar,
punto por punto, las insuficiencias que presenta la atención a las mismas, y
posteriormente se harán del conocimiento público.
González Pérez puntualizó que
la CNDH continuará con su investigación objetiva, profesional y responsable en
el ámbito de su competencia, además de estar atenta y dar seguimiento al
desarrollo de las acciones que realicen las autoridades en este caso en el
cual, enfatizó, no debe haber impunidad ni olvido. Puntualizó que la búsqueda
de la verdad en este caso es un reclamo de víctimas y sociedad que debe hacerse
efectivo.
Subrayó que la voluntad expresada en favor de la verdad y la justicia
debe reflejarse en avances concretos y objetivos de la investigación.
Sin
embargo, puntualizó que no podemos buscar justicia mediante actos injustos,
contrarios a las leyes y a los derechos de las personas. “Violar en este
contexto los derechos humanos –dijo— es particularmente grave, pues contribuye
a que los hechos puedan quedar impunes, impidiendo que el derecho a la verdad
sea efectivo”.
Acompañado por el titular de la Oficina Especial para el Caso
Iguala, José T. Larrieta Carrasco, el Ombudsman nacional puntualizó que los
hechos de Iguala deben hacernos renovar el compromiso que, como autoridades y
sociedad, tenemos por el respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado
de Derecho, así como con el respeto a las víctimas y con la memoria de quienes
perdieron la vida.
También se pronunció por impedir el uso político de estos
hechos, evitar su distorsión y contaminar la investigación, al tiempo que
propuso dejar de lado las descalificaciones, para sumar esfuerzos a una
investigación con rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo.
González
Pérez dijo que deben atenderse las observaciones y propuestas que hizo la CNDH
mediante el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”. Destacó la
importancia de que también se tomen en consideración las recomendaciones del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muchas de las cuales son
coincidentes con el documento presentado por la Comisión Nacional.
El
Presidente de la CNDH apuntó que la comunicación respetuosa y constante con las
víctimas contribuirá a la consecución de metas comunes de verdad, justicia y
reparación. Afirmó que en el caso Iguala el expediente está abierto y no puede
haber impunidad en este asunto ni en ningún otro, ya que debe recuperarse la credibilidad
de la sociedad en sus instituciones.
González Pérez demandó reconocer como
problema en nuestro país las desapariciones de personas y la urgente necesidad
de implementar acciones para su atención, desde la tipificación del delito
conforme a estándares internacionales y el adecuado registro de casos, que
distinga entre los que impliquen desaparición forzada de los atribuidos a
particulares o delincuencia organizada, así como los de personas cuyo paradero
se desconoce por estar extraviadas o no localizadas.
Puso en relieve que el
problema de desapariciones de personas no se limita a los 43 estudiantes
normalistas, ya que es más amplio y diverso, además de que no puede medirse
adecuadamente por falta de bases de datos confiables y actualizados. Enfatizó
que México –autoridades, instituciones y sociedad— tiene el enorme desafío de
lograr que la verdad y la justicia lleguen no sólo a Iguala, sino a cualquier
parte donde se violen derechos humanos, lo que constituye también una
oportunidad para consolidar en el país el respeto a la dignidad humana como el
eje que articule la conformación de un nuevo paradigma de actuación para todas
y todos, donde el respeto y vigencia de la ley, así como el pleno desarrollo de
las personas sean nuestras prioridades.
Por otra parte, consideró
inaceptable que aún no haya avances significativos en el Sistema Penitenciario
Mexicano respecto de años anteriores, ya que la sobrepoblación, hacinamiento,
deficiente atención médica, autogobierno, violencia y falta de capacitación del
personal penitenciario, entre otras, son temas que reclaman atención en ese
campo. Explicó que si bien el internamiento lleva implícita la restricción
legítima de los derechos de las personas sujetas a esa condición, no se puede
atentar contra su dignidad o hacer nugatorios todos sus derechos.
Recordó que
el Estado tiene obligaciones relevantes en ese campo por ser garante de todos
los derechos que no quedan restringidos por la privación de la libertad. “La
atención a la problemática penitenciaria –señaló— debería asumirse como una de
nuestras prioridades, al ser un tema de particular relevancia en el ámbito de
los derechos humanos”.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Luis Raúl González Pérez, dio amplias respuestas a los
cuestionamientos de los legisladores sobre puntos específicos de su interés,
tanto sobre el conjunto de diligencias realizadas por la CNDH en el Caso
Iguala, como en temas específicos del diagnóstico penitenciario.
