En el último lustro la
docencia en las universidades públicas mexicanas se ha visto necesariamente impactada por los acontecimientos que ha vivido el país en materia de violencia
e inseguridad.
A los profesores
universitarios nos han llegado oleadas de los modelos educativos basados en competencias, pero también, y quizás con mayor fuerza, las marejadas de
aquellas vivencias cotidianas que han trastocado nuestras vidas y las de los
jóvenes universitarios que llegan a las aulas buscando explicaciones y contando
amargas experiencias.
Y ante la pregunta del qué
hacer desde el ámbito docente surge la necesidad de buscar esos valores y
conductas que puedan llevar al país a espacios de mejor convivencia y, en
ciertas regiones, a la propia sobrevivencia, a la adopción de la cultura de la
legalidad.
De pocos años a la fecha,
el quehacer en el aula se ha presentado, para muchos de los académicos de
educación superior, no sólo como la principal ocasión, sino que la única, para
proponer a nuestros alumnos una referencia que nos guíe en el actuar presente y
futuro.
La asignatura de Sistema
Político Mexicano I se imparte en la licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el
tercer semestre, después de la correspondiente a Derecho Constitucional. Desde
que modificamos su Carta Descriptiva en el semestre 2011-II, el abordaje de
esta materia a partir del análisis de la Constitución general de la República
ha tenido varias ventajas formativas y didácticas en la formación de los
politólogos y administradores públicos.
Entre las primeras
destaca, desde luego, el necesario conocimiento que el futuro funcionario
público tiene que poseer acerca de los valores, alcances y limitaciones que las
reformas constitucionales de última generación le imponen al quehacer
gubernamental.
En primer lugar queremos
resaltar las experiencias de aprendizaje que los estudiantes de Ciencias
Políticas y Administración Pública de la UABCS desarrollaron en el segundo
semestre de 2011 con el estudio del artículo 1o. constitucional y las serias
consecuencias que tendrá en su futuro desempeño profesional la obligación de
respetar los derechos humanos, consagrados también en los tratados
internacionales suscritos por México, por parte de todo tipo de autoridades, no
sólo las jurisdiccionales.
La revisión de los
antecedentes de la reforma constitucional en la materia, con el caso de Rosendo
Radilla Pacheco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos ha
proporcionado la oportunidad de abordar las condiciones políticas y sociales
que privaron en México en la década de los setenta del siglo pasado, y a partir
de ahí apoyados en las experiencias de vida de los estudiantes universitarios
del siglo XXI, reflexionar sobre la virtud de ajustar el quehacer público al
respeto de la dignidad de la persona humana.
No ha sido menor la
experiencia de aprendizaje de los futuros administradores públicos cuando
aprecian los costos de no ajustar su desempeño profesional a los estándares
internacionales de promoción del principio pro-persona, a partir de los asuntos
relevantes que la Suprema Corte de la Nación ha abordado en la materia.
Un segundo tema importante
que hemos abordado en los cursos de Sistema Político Mexicano I en la
universidad sudcaliforniana es el análisis de los derechos consagrados en el
artículo 4o. constitucional, a partir de las posibles respuestas articuladas
desde la administración pública federal, estatal y municipal. Alimentación,
salud, medio ambiente, agua, vivienda, niñez, cultura y deporte son temas que
siempre traen consigo políticas públicas que el futuro funcionario público
revalora si las mira en una perspectiva protectora de los derechos humanos.
En la búsqueda de aquellos
conocimientos y experiencias que puedan ser más útiles para los estudiantes de
Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Universidad Autónoma de Baja
California Sur nos hemos preocupado por abordar aquellas garantías
constitucionales que puedan ser de su mayor interés. La desaparición de
poderes, las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad han sido analizadas en el texto constitucional y en la
experiencia histórica de México.
En cuanto a la facultad
exclusiva del Senado de la República, expresada en la fracción V del 76
constitucional, se contrastaron los casos acontecidos en los sexenios
alemanista y salinista con las experiencias recientes en Michoacán y Guerrero,
a efecto de darle al alumnado elementos para calibrar su viabilidad y
pertinencia.
En semestres recientes y
en el caso de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 105 de
la carta magna, nos hemos desplazado del texto constitucional a las recientes
tesis sustentadas por la Corte Suprema. Esto último ha permitido evaluar a los
alumnos a partir de casos relevantes, conforme avanza la actividad
jurisdiccional frente a temas de actualidad que se vuelven familiares para los
educandos gracias a los medios de comunicación.
En el semestre escolar
2015-II examinamos en el aula las controversias constitucionales presentadas
por el Ejecutivo Federal en contra de diversas entidades federativas con motivo
de la reforma educativa y, en particular, por invadir la esfera competencial de
la Federación en materia del servicio profesional docente. En cuanto a las
acciones de inconstitucionalidad, se privilegió en el salón de clases el
análisis de los recientes asuntos en materia electoral que ha resuelto el
Tribunal Constitucional de nuestro país, como fue el caso de la sesión del
Pleno del 5 de octubre de 2015, donde los ministros analizaron el caso de la
legislación de Oaxaca, con las Acciones 53/2015 y acumuladas, promovidas por el
partido local Unidad Popular, los partidos políticos nacionales MORENA y Acción
Nacional, así como diputados de la LXII legislatura de ese estado.
A partir de estos casos
relevantes, alumnas y alumnos universitarios de Baja California Sur han tenido
el suficiente interés y el sustrato mínimo de información para entender las
características relevantes de estos mecanismos de control constitucional.
Alfonso Guillén
Vicenteparrafos. Profesor-investigador en el Departamento Académico de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.