Si el Senado de la
República aprueba el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas
en inglés) negociado en sigilo por el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, con el gobierno de Barack Obama y otros siete países, estará entregando la nación entera en bandeja de plata a los intereses más oscuros del
planeta.
Con el TPP, el sistema jurídico nacional en su conjunto se
subordinaría a los caprichos de las grandes empresas trasnacionales. Los únicos
fines de estas corporaciones son el lucro para sus dueños y la manutención de
la hegemonía económica, política, cultural y militar de EU.
A juicio de Guajardo y su
jefe Enrique Peña Nieto, México no es una nación soberana, sino simplemente un
“esquema-país” cuya función principal es generar oportunidades de negocios para
los hombres y las mujeres más adinerados del mundo. Para el gobierno actual no
importan la devaluación del peso, la profundización de la pobreza y la
desigualdad, el raquítico crecimiento económico, el desplome en el precio del
petróleo o el aumento en el costo de la canasta básica. Todos estos fenómenos
son preocupaciones menores, ya que solamente afectan a los más vulnerables y
necesitados dentro de un país, México, que estos funcionarios desprecian
profundamente. Lo importante es mantener en forma la máquina mexicana de apoyo
a las redes de poder global.
El TPP es un documento
secreto al que solamente unos cuantos oligarcas apátridas y políticos corruptos
tienen acceso. Sus 30 capítulos no se han dado a conocer al público por el
explosivo rechazo popular que podrían generar dentro de los países que negocian
el acuerdo: Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda,
Singapur, Brunei y Vietnam. La estrategia de negociación y aprobación del
acuerdo internacional se parece mucho a la del “Pacto por México” utilizada en
México para imponer la contrarreforma energética. Primero se realizan
negociaciones y pactos secretos entre políticos, empresarios y funcionarios sin
ninguna participación de la sociedad civil. Posteriormente, las reformas
consensadas son presentadas a última hora y aprobadas sin deliberación alguna
en clara violación de las prácticas y los reglamentos parlamentarios.
El TPP es aún más
peligroso que la reforma energética. Las modificaciones a los artículos 25, 27
y 28 constitucionales publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario
Oficial de la Federación entregan los recursos nacionales a las corporaciones
petroleras y energéticas. Pero el TPP coloca al país entero al servicio de las
trasnacionales y de Washington.
A partir de filtraciones,
sabemos que uno de los elementos más nocivos del TPP es el establecimiento de
un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado (ISDS, por sus
siglas en inglés) que cancelaría el poder de la nación para controlar los
abusos de las empresas extranjeras. Este tipo de mecanismos permiten a los
“inversionistas” demandar al Estado mexicano por oportunidades de lucro
supuestamente perdidas a partir de acciones gubernamentales en defensa del
medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas
demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial,
sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente
a nadie. La ONG estadunidense Public Citizen ha proporcionado un excelente
resumen de lo que está en juego con este tipo de acuerdos.
La finalidad de dichas
disposiciones es atar las manos de los gobiernos. Se busca bloquear la
posibilidad de que nuevas leyes o regulaciones generadas por procesos
democráticos interfieran con los contratos y las ganancias de las
trasnacionales. El TPP implica un ataque directo a la soberanía nacional y una
cancelación absoluta de la soberanía popular.
México ya tiene una
experiencia muy negativa con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo 11 del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como los establecidos
con España ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno
mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para “compensar” a
empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones
gubernamentales.
En un caso, con el fin de
proteger la salud de sus ciudadanos, las autoridades del municipio de
Guadalcázar, San Luis Potosí, negaron un permiso de construcción a una empresa
canadiense de procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta recurrió al
tribunal especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por
la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de
procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio similar,
por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del municipio de Zimapan,
Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y uso de suelo.
En lugar de empoderar a
las trasnacionales en su lucha contra el pueblo de México, un gobierno digno
tendría que proteger la economía nacional, el medio ambiente y el bienestar de
los ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación Global Financial
Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de dólares son extraídos
del país cada año por medio de mecanismos de fraude fiscal, lavado de dinero y
repatriación de ganancias a los países sede de las trasnacionales.
Para aumentar el nivel de
inversión no hace falta rematar a la nación o sacrificar nuestra soberanía. Al
contrario, basta y sobra con poner un alto al saqueo constante de nuestros abundantes
recursos y patrimonio nacionales por las redes de corrupción financiera
internacional.
John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM