La Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva
Castilleja, presentó el documento “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento”
Destacó que el Estado debe promover estrategias,
lineamientos y acciones para la operación eficiente de los centros de reclusión, que garanticen el respeto a los derechos humanos de la población
interna
Al presentar el documento Análisis y Pronunciamiento respecto de la sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa la necesidad de orientar las estrategias, programas y acciones para atender de manera integral este problema que obstaculiza el fin de la pena para coadyuvar a que los internos, al obtener su libertad, se reintegren como personas útiles a la sociedad, procurando que no vuelvan a delinquir.
Este Organismo Nacional considera indispensable que el Estado
promueva la implementación de políticas públicas que incluyan estrategias,
lineamientos y acciones necesarias para atender los requerimientos de operación
eficiente de los centros de reclusión y que garanticen el alcance del fin de la
pena, sobre el respeto de los derechos humanos.
En tal sentido, la CNDH expresa
su reiterada preocupación por las condiciones que imposibilitan o dificultan
que la población interna en los centros penitenciarios del país acceda a una
vida digna, así como a los medios para lograr su rehabilitación y reinserción
social efectiva.
En conferencia de prensa, la Tercera Visitadora General de la
CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, dio a conocer que dicho documento de Análisis
y Pronunciamiento, firmado por el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez,
fue notificado a la gobernadora, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretarios de Gobernación y de la
Defensa Nacional, Presidentes de las Comisiones, Defensorías y Procuradurías
Estatales de Derechos Humanos y Legisladores del país.
Precisó que el propósito
del documento es presentar un análisis puntual del problema de sobrepoblación
que de manera recurrente entorpece, limita y no permite generar buenas
prácticas en el sistema penitenciario, así como dar a conocer acciones
encaminadas a reorientar el uso desmedido de la prisión.
Señaló que la sobrepoblación en el
sistema penitenciario nacional debe ser atendida de manera sustantiva por los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tienen que privilegiar el uso de
penas alternativas a la prisión, la obtención de libertades anticipadas y la
imposición de penas que permitan la reinserción social efectiva, con base en el
respeto de los derechos humanos y en el texto del artículo 18 constitucional.
“Deben ejecutarse programas de despresurización que sin demérito de los
requisitos exigidos – explicó— permitan mayor agilidad en el otorgamiento de
libertades anticipadas, así como revalorar la aplicación de penas de prisión
excesivas, situación que impide la reinserción social efectiva”.
El documento
destaca que a pesar de los esfuerzos para dotar de más instalaciones al sistema
penitenciario, los resultados no han sido los esperados, lo que demuestra que
para abatir la sobrepoblación se requieren programas integrales, más allá de la
construcción de más prisiones.
Villanueva Castilleja detalló que la
sobrepoblación en las prisiones es resultado del uso desmesurado de la prisión,
que incluye rezago judicial, el cual se refleja en que casi el 50% de la
población interna es procesada, así como la imposición de penas excesivas, a
veces sin la posibilidad de medidas cautelares, o el otorgamiento de libertades
anticipadas, y la falta de utilización de penas alternativas o sustitutivas de
la pena privativa de libertad.
Mencionó que la sobrepoblación penitenciaria
genera otros problemas, como déficit de espacios humanamente habitables;
hacinamiento, como resultado de una ausencia o inadecuada clasificación de la
población; falta de control, además porque ante el mayor número de internos y
el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias, se presentan
problemas de ingobernabilidad; de igual forma la sobrepoblación conlleva
insuficiencia de servicios básicos, de alojamiento en condiciones de vida digna
en prisión y falta de oportunidades reales de acceso a los medios para lograr
la reinserción social efectiva.
Tras señalar que mientras en 1994 existía en
las prisiones del país capacidad para 88,071 personas y había 86,326 internos,
en 2015 la capacidad es para 203,084 personas y hay 254,705 internos, para un
déficit de 51,621 lugares, que representan una sobrepoblación del 25.4%.
El
documento analiza el fenómeno de la sobrepoblación desde la óptica operacional
y normativa, con el fin de aportar elementos para su mejor comprensión; busca establecer
una serie de categorizaciones del mismo, unifica criterios estableciendo
indicadores, tablas descriptivas y de medición, en las cuales se establecen los
parámetros para identificar y evaluar niveles de riesgo que la autoridad debe
tomar en consideración, al buscar y ofrecer soluciones encaminadas a evitar la
vulneración de los derechos humanos de la población interna, señalando además
la necesidad de establecer programas para su mitigación.
El Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria 2014 fue aporte fundamental para el documento “La
Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis
y Pronunciamiento”, el cual se trabajó sobre una muestra conformada por los 130
centros estatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles,
mixtos y femeniles, de las 32 entidades federativas, así como de 20 centros federales
y tres militares.
El documento “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
El documento “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
