Seguimos en ascuas
esperando que el presidente de la República defina las ternas que debe proponer
al Senado para cubrir las vacantes que dejará la salida de los ministros Silva
Meza y Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia el próximo 30 de noviembre.
Los humores en la opinión
pública se calientan. Diversos actores de la sociedad civil y el gremio jurídico han alzado la voz para exigir al presidente y al Senado un
proceso de designación transparente y razonado, la inclusión de mujeres en las
ternas y que la designación de las candidaturas no se base en filiaciones
políticas ni vínculos personales.
Tenemos razones para estar
preocupados. Todavía no se va el mal sabor de boca que, para muchos, dejó el proceso de designación pasado de Medina-Mora, y algunas voces señalan con
insistencia que, al parecer, el presidente Peña Nieto ya eligió a uno de sus gallos para
integrar una de las ternas. En esta ocasión, no sólo entre sus filas sino
también en la de los senadores, me refiero a Raúl Cervantes Andrade.
No sé si
esto sea cierto pero sí es alarmante. Sin prejuzgar ni descalificar la
trayectoria de Cervantes, una candidatura similar técnicamente está fuera de la
ley y de la propia constitución: se trata de un senador con licencia,
funcionario de un cargo irrenunciable.
Pero dejémonos de rumores
alarmistas y cuestionémonos: ¿en qué tipo de candidaturas estará pensando el
presidente? O mejor, preguntémosle a él y al Senado, ¿cuál será el perfil
idóneo para integrar a la Corte? Al respecto, parece existir una especie de
regla no escrita que tiende a considerar que dada la naturaleza de la
institución –de Tribunal Supremo y Corte Constitucional– es necesario buscar un
equilibrio entre jueces de carrera y miembros externos. Como si se intentara
establecer del mejor modo el estira y afloja entre ministros con una larga y
rigurosa experiencia jurisdiccional y otros con escasa (o nula) trayectoria en
el campo, que se disputen por decisiones más o menos formalistas, más o menos
progresistas, más o menos internacionalistas, etc. Sin embargo, me temo que
este criterio no sólo no es suficiente, tampoco es el más atinado. Las
posibilidades son muchas y no siempre es posible encontrar una tendencia clara
entre miembros de casa y miembros externos.
Es baladí preguntarnos
abstractamente quiénes serán mejores para desempeñar el cargo de ministro:
¿personas con carrera judicial?, ¿profesores universitarios?, ¿funcionarios
públicos de otras ramas del gobierno? Partiendo de la premisa que la
designación de los árbitros tiene un impacto directo en la dinámica de
cualquier juego, considero que para contestar a la pregunta es necesario
formularnos otra: ¿qué tipo de justicia constitucional requiere el país?
Si la constitución es una
guía de ruta que debe orientar la convivencia social de un país, y no
simplemente un pedazo de papel, diría que la respuesta se encuentra en el
propio texto constitucional. Necesitamos una Corte cuyos miembros basen sus
decisiones en interpretaciones progresistas, comprometidos con la agenda de los
derechos, que apuesten por una aplicación integral —nacional, regional y
global— del derecho y por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el
Estado a nivel internacional. Principios que deben revestir todas y cada una de
las decisiones que tome la Corte, tanto en sus funciones de Tribunal Supremo
como de Tribunal Constitucional, y que deben cumplir los ministros
independientemente de su formación o experiencia profesional, sean éstos jueces
de carrera, funcionarios públicos o profesores universitarios. No se trata de
una petición de principios del tipo <> al presidente y al Senado, sino de pautas establecidas en el
propio texto constitucional que los vinculan a ambos a la hora de proponer y de
tomar la decisión final.
Si esto es cierto,
entonces, es deber del presidente y el Senado verificar que cada una de las
candidaturas presentadas reflejen, en sus trayectorias y desempeño de cargos
anteriores, un compromiso real y efectivo con tales aspectos. Más allá de las
declaraciones de buenas intenciones que cada uno de los candidatos hagan en sus
comparecencias, es preciso examinar con lujo de detalle si tienen o no
experiencia en esas materias. Sobre todo, cuál ha sido, desde sus respectivos
frentes, su participación en la defensa y protección de los derechos humanos en
los ámbitos local, estatal, federal y/o internacional, en el cumplimiento por
parte del Estado de sus obligaciones internacionales y, en el caso de jueces de
carrera, si en sus decisiones se observa (y cómo) la aplicación de los
principios constitucionales y la normativa internacional, por ejemplo. Si nos
tomáramos en serio estos parámetros otros serían los resultados.
Guadalupe Salmorán.
Licenciada en derecho por la UNAM
