Las comparaciones no son
siempre justas o precisas, pero en la historia judicial norteamericana hay un episodio
de hace 28 años que representa un buen ejemplo de cómo deberían desarrollarse,
una vez que el presidente Peña Nieto presente la correspondientes ternas de candidatos, las comparecencias en el Senado mexicano para la designación de los
nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia.
En 1987, quedó libre una
vacante en la Corte de los EEUU. Ronald Reagan, en su carácter de presidente de
ese país, propuso a Robert Bork, juez y catedrático de Yale de cierta
reputación en el ámbito constitucional norteamericano.
Era claro para muchos que
la nominación poseía un carácter eminentemente ideológico. Reagan, de hecho,
llegó a señalar que Bork compartía su punto de vista sobre el papel de la
Constitución en una democracia y lo nominó precisamente por estar colocado en
el lado conservador del espectro interpretativo: el originalismo.
Lo interesante de este
episodio fue que las audiencias ante la comisión de asuntos judiciales del
Senado de este país –que tienen por objeto examinar la idoneidad de los
nominados para ejercer el cargo–, se vieron precedidas por intensas campañas a
favor y en contra de Bork: desde encuestas callejeras hasta programas de radio
y televisión. Podría decirse que pocos procedimientos de ese tipo se
habían realizado con tanta expectativa; casi como sucede al día de hoy en el
caso de México.
Lo más destacable del acontecimiento es que los estadounidenses
siguieron por televisión los intensos cuestionamientos de los senadores quienes
analizaron casi cada milímetro del pensamiento constitucional del candidato.
Al final, Bork no pasó la
prueba. Su nominación fue rechazada por el Senado estadunidense el 23 de
octubre de 1987. Incluso le fue tan mal que miembros del partido conservador
votaron en su contra.
Este episodio evidencia la
necesidad y relevancia de un análisis minucioso del pensamiento constitucional
de quienes integren las ternas de candidatos para ministros de la Suprema Corte.
Labor de escrutinio que correspondiente a nuestros senadores.
En el caso de los relevos
de los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero debe exigirse a los senadores
unas comparecencias lo suficientemente inquisitivas como para disipar toda
sospecha sobre la legitimidad de las propuestas presidenciales. Es ahí donde
las dudas derivadas de una posible militancia partidista explícita o del
compadrazgo pueden ponerse a prueba.
Con ello, no me refiero
únicamente –y como ha sucedido en otras audiencias– a que se siga una dinámica
en la que los aspirantes nos hablen vagamente de su compromiso con los derechos
humanos, la paridad de género, el principio pro persona… y que nos repitan una
centena de veces la palabra “ponderación”, seguida de preguntas “respetuosas”
planteadas por los senadores.
Eso no debe suceder cuando
tenemos enfrente a juristas de peso que se sitúan en una fase de su desarrollo
intelectual tal, que en principio les permite tener construida una doctrina
constitucional con cierto grado de articulación. Sería sumamente enriquecedor
observar discusiones entre perfiles con experiencia, pero también con la
capacidad para saber unir en un todo coherente las distintas piezas que
componen una democracia constitucional.
Espero que las
comparecencias lleguen a convertirse en auténticos seminarios constitucionales
donde los ponentes muestren su pensamiento judicial y los senadores lo
cuestionen abiertamente. Esa lógica, además de permitir mostrarnos a todos los
mexicanos las virtudes intelectuales que requiere un ministro, puede evidenciar
también las virtudes morales que le son exigibles. En un país como el nuestro
donde no todo lo que brilla en el mundo jurídico es oro, debe profundizarse en
el pensamiento y obra de los candidatos. Es el mejor remedio para desenmascarar
a los meros simuladores pues no hay que olvidar que los hay de todos los
perfiles y sin importar su género.
Leopoldo Gama. Secretario
de Estudio y Cuenta (TEPJF).
