jueves, 5 de noviembre de 2015

La falacia de la carrera policial en México

 Tanto en el discurso político de los tres órdenes de  gobierno, como en los programas sectoriales y en  las leyes secundarias, en México constantemente  se hace referencia a la carrera policial.

 Se trata, sin embargo, de una falacia. Esto debido  a que la estabilidad y seguridad laboral constituye  el requisito indispensable para cualquier sistema  meritocrático de carrera, lo que en el caso  mexicano no se le garantiza a los siguientes tres  colectivos de funcionarios públicos: agentes de  ministerio público, peritos y miembros de las  instituciones policiales, de conformidad con lo establecido por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución, al contemplarse la separación de aquellos efectivos que incumplan con lo establecido por el sistema nacional de seguridad pública.


Así, a diferencia de los militares, marinos y del personal del servicio exterior mexicano, pende sobre la cabeza de los policías la espada de Damocles, ya que pueden ser libremente removidos y, aunque dicha separación haya sido injusta, en ningún caso procederá la reinstalación. Lo cual ha sido refrendado por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, a la sazón máxima autoridad jurisdiccional en México.

El lector se encuentra ante uno de los legados malditos del entonces presidente Felipe de Calderón (2006-2012): los exámenes masivos de control de confianza al personal de las procuradurías/fiscalías, órganos auxiliares de la justicia (peritos) y cuerpos de seguridad pública, que han obligado a las entidades federativas a crear Centros de Control de Confianza a cargo de la aplicación de una batería de seis exámenes, siendo el polígrafo la “reina de las pruebas” y, por ese motivo, su reprobación es motivo suficiente para prescindir del policía en cuestión.

La deshumanización de dicho proceso puede constatarse a partir del testimonio de aquellos funcionarios públicos que han experimentado la vejación que implica el examen psicológico (polígrafo) y de aquellos a quienes simplemente se hace de su conocimiento que no han aprobado y, por ende, deben salir por la puerta del “jurídico” y por su “liquidación”, sin ofrecer explicación alguna y dando al traste con el derecho al debido proceso, que integra el núcleo duro de los derechos humanos.

Si, por un lado, de la mano de los exámenes de control de confianza se conculcan los derechos fundamentales de aquellos hombres y mujeres responsables de velar por la función de la seguridad pública en México, por otro, la irracionalidad de someter a exámenes a más de medio millón de personas trae aparejada una dimensión de costos insoslayable.

Ahora bien, vale mencionar que todo sistema de carrera (merit system) está integrado por un conjunto de subsistemas, entre los que destaca el régimen disciplinario que, como ultima ratio, contempla la separación del funcionario; pero, acompañado por el subsistema de garantías (debido proceso), para que dicho funcionario pueda conocer la acusación que recae sobre su persona y estar también en condiciones de defenderse.

No es el caso de México, donde a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -como la Organización de Naciones Unidas denomina a los policías- se les puede expulsar de la institución por el sólo hecho de “incumplir con lo establecido por el sistema nacional de seguridad pública”, lo que guarda correspondencia con el sistema de despojo (spoils system), caracterizado por la libre remoción del personal al servicio del Estado.

De esta manera, el incentivo de la seguridad laboral para aquellos hombres y mujeres que abrazan como proyecto personal de vida la carrera policial, está ausente en México. En conclusión, paradójicamente en México se quebrantan los derechos humanos de quienes tienen la obligación de respetarlos y hacerlos respetar en el seno comunitario, siendo la carrera policial una falacia: una de las tantas ficciones o simulaciones jurídicas que dominan el escenario mexicano.




Marcos Pablo Moloeznik. Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.