martes, 3 de noviembre de 2015

Todavía insuficiente, capacitación en nuevo sistema acusatorio

 Anuncian Congreso del Sistema Acusatorio  Penal y los derechos humanos

 Desde 2012 a la fecha, casi tres mil 500 funcionarios:  peritos, abogados litigantes, académicos y  estudiantes han sido capacitados en temas relativos a  las reformas al Sistema de Justicia Penal en México  de 2008; sin embargo, las estrategias de capacitación  han sido insuficientes, admitió la maestra María  Carmela Chávez Galindo, representante del Poder  Judicial del estado de Jalisco.

 En rueda para dar a conocer el II Congreso  Internacional en Jalisco, “El Sistema Acusatorio Penal  en México y los derechos humanos”, organizado por  el Centro Universitario de Ciencias Sociales y  Humanidades (CUCSH) y el Poder Judicial estatal, la                                                                funcionaria dijo que es baja la proporción de                                                                          profesionistas del derecho que han recibido                                                                            actualización en este sistema jurídico.


“La capacitación ha sido muy limitada. La Universidad de Guadalajara emprendió una capacitación en el ámbito estatal, en primer término, para los docentes y en el Consejo de la Judicatura hemos capacitado y actualizado en estos temas a los abogados litigantes, pero no ha sido suficiente”, afirmó Chávez Galindo.

Añadió que estas modificaciones toman por sorpresa no sólo a los abogados, sino a otros actores involucrados, por lo que es necesario que éstos “reaprendan el derecho penal” para dejar atrás el sistema escrito y utilizar la oralidad en los juicios y sentencias.

La especialista consideró este rezago como preocupante, pues en breve se pondrá en marcha el primer distrito judicial correspondiente a Guadalajara, que concentrará la mayor parte de los juicios en el estado, pero aún queda pendiente que se actualicen tanto los funcionarios de la Fiscalía de Jalisco como la sociedad jurídica.

Detalló que desde 2008, el Poder Judicial ofreció capacitación a jueces y funcionarios, pero después de la reforma constitucional de 2011 se retomaron estos cursos. “Se puede decir que el Estado sí está sensibilizado, pero en la certificación estamos en proceso”.

Consideró necesario conformar una mesa académica con los alcaldes y titulares de seguridad de las nuevas administraciones municipales, con la finalidad de que conozcan este nuevo proceso. Actualmente, sólo las policías municipales de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Zapotlán el Grande han recibido esta capacitación.

“Sabemos que en cuatro meses no podremos capacitar a 100 por ciento, pero sí sensibilizar sobre el grado de responsabilidad que hoy tienen con este nuevo modelo. Estamos abiertos a ayudar, pero se requiere que haya voluntad de las dos partes”, afirmó.

Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, del Instituto de Justicia Alternativa, aseguró que este año han capacitado a abogados y diversos profesionistas con cursos y diplomados dentro y fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Afirmó que llevaron a cabo un diplomado con la Comisaría de Seguridad Ciudadana, dirigido a los policías, con la intención de que conozcan su papel en este nuevo sistema penal.

Este segundo congreso internacional, que ofrecerá un espacio de capacitación no sólo a los académicos, sino a todos los involucrados en este proceso penal acusatorio, se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre en el Patio Central del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco con conferencias de especialistas provenientes de España, Estados Unidos, Costa Rica, Portugal, Argentina, Guatemala, Chile y México.

Las conferencias tratarán temas como los derechos fundamentales en el proceso penal, los mecanismos alternativos de solución de controversias, el control de constitucionalidad y de convencionalidad, las cláusulas de apertura al derecho internacional, los derechos humanos de los sujetos procesales del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, la medicina legal en la investigación y documentación de violaciones de derechos humanos, entre otros.