El fin último del permiso
para fumar marihuana es combatir al narcotráfico y modificar la legislación prohibicionista.
Una posible simulación
jurídica es lo que el investigador y doctor de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Francisco Jiménez Reynoso,
detecta en el amparo obtenido por cuatro ciudadanos ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) para el consumo recreativo de cannabis.
“Se trata de una simulación jurídica que aquéllos planearon, estas cuatro personas que presentan un escrito ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para poder sembrar, cultivar y cosechar la marihuana y después consumirla de manera personal, de forma premeditada, estudiada, lo hacen así”.
“(La SCJN) en mi opinión
se suma también a la simulación jurídica de este tema controvertido porque (…)
dice efectivamente ‘a estas cuatro personas se les niega el libre desarrollo de
la personalidad’”.
“Entonces el resultado es
que se les brinda la protección de la justicia federal a través de una
sentencia judicial emitida por la Suprema Corte; para que se pueda sentar un
precedente de una jurisprudencia tiene que repetirse en cuatro ocasiones, pero
el fondo que perseguían estas cuatro personas a través de esta simulación legal
es combatir a la delincuencia y narcotráfico”, explicó.
Agregó que estás personas
tratan de promover una intención que cumple en más de 20 puntos Estados
Unidos, donde a los ciudadanos se les permite consumir la marihuana para
fines médicos y en algunos casos lúdicos y recreativos.
Al cuestionarle las
posibles consecuencias, el catedrático delimitó en primera instancia el amparo
para el cultivo, cosecha y consumo personal de estas personas, pese a que no
son consumidores, y lo más importante es la modificación de la Ley General de
Salud para permitir la legalización.
“Si otros mexicanos que sí
son consumidores promueven amparos contra la Cofepris y se reitera por otras
cuatro ocasiones más en el mismo sentido, se sienta una jurisprudencia,
entonces se podría modificar la Ley General de la Salud para que los mexicanos
puedan sembrar y cultivar marihuana para uso personal”.
“Digamos que se abre
una puerta pequeña, pero que ésta se puede hacer una gigantesca. Yo pienso que
están actuando con un pequeño laboratorio con la tendencia de pasar a una
política prohibicionista, que hasta el momento ha fracasado, para implementar
una política permisiva, regulada en un futuro inmediato”.
Resolución de SCJN influye
otros casos
La resolución que emitió
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la legalidad en el
consumo y posesión de marihuana, sí tiene implicaciones para el resto de la
población, porque se trata de un criterio obligatorio para cualquier
procedimiento, especialmente los de narcomenudeo. Así lo señaló el presidente
del Poder Judicial en el estado, Luis Carlos Vega Pámanes, quien dijo que es
urgente que los poderes legislativos federal y en los estados regulen el tema
para acotarlo.
Vega Pámanes explicó que
el beneficio de la resolución es sólo para las cuatro personas que promovieron
el amparo, pero tendrá efectos incluso en personas que han sido sentenciadas
por posesión de esta droga, pues el delito desaparece y la retroactividad sí es
posible cuando es en beneficio del ciudadano.
El presidente del Poder
Judicial explicó que existe una figura llamada convencionalidad, que es una
atribución que la corte concedió a todos los jueces y magistrados para que,
cuando ya se fijó un criterio, “no hacer caso a una ley cuando sea
anticonstitucional”. Esto, para que todos los casos no tengan que llegar hasta
la máxima instancia legal del país, “porque estaba saturada de asuntos”,
precisó.
En este caso, el titular
judicial dijo que se determina que está permitido consumir mariguana para uso
recreativo y medicinal, por lo que la corte establece un criterio para señalar
que no es delito.
Admitió que para
administrar justicia, los funcionarios quedan “en aprietos”, ya que “si se
consigna a una persona por consumo de mariguana o posesión, el juez entraría a
la desaplicación de la norma y lo dejaría en libertad”, dijo.
Dosifica Ejecutivo
oralidad
Los 50 millones de pesos
que se asignaron al fideicomiso para financiar las obras de los distritos que
faltan por asumir el nuevo sistema de justicia penal, sólo son para la creación
del mismo, pero los fondos se ampliarán conforme se necesitan. Eso fue lo que
explicó el gobierno del estado al Poder Judicial, afirmó, Luis Carlos Vega
Pámanes.
Ese fideicomiso será para
financiar las siete salas orales que hacen falta en igual número de distritos
judiciales, así como el edificio para las 16 salas del primer distrito, que es
el que atenderá a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Sobre el costo de
operación de las salas, especialmente el pago del salario de los jueces y el
personal, indicó que el Ejecutivo asumió el compromiso de ir entregando los
recursos cuando se vayan necesitando, como lo ha hecho con los cuatro distritos
que ya comenzaron a funcionar.
Para cada una de las salas
se requieren al año 17 millones de pesos, mientras que la de zona
metropolitana, que funcionará en el complejo penitenciario de Puente Grande,
son necesarios 20 millones de pesos.
Los recursos para la
ejecución de las obras y la operación de las salas orales no fueron incluidos
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2016. Vega Pámanes dijo que esto
generó inquietud en el Poder Judicial, por lo que ayer se reunió con el
secretario de Administración, Planeación y Finanzas, Héctor Pérez Partida,
quien le garantizó que el dinero estará. Hoy irá al Congreso del Estado.
Dato:
La resolución de la SCJN
da pie a que se modifique la Ley General de la Salud
