DOBLE DISCURSO. El Poder
Ejecutivo pregona la evolución del Poder Judicial, pero no lo dota de recursos,
señala consejero.
El incremento de 7
millones de pesos en el presupuesto de egresos del Poder Judicial para 2016, previsto por el Ejecutivo, no alcanza para nada y el año próximo sólo se
“administraría la pobreza”, reprochó el integrante del Consejo de la Judicatura
del Estado, Alfonso Partida Caballero.
Si el Congreso del Estado
aprueba ese incremento, que no rebasa .5 por ciento de aumento respecto a la partida 2015, se podría trabar el avance que lleva la implementación del nuevo
sistema de justicia penal y se demostrará que el Ejecutivo trabaja en la lógica
de la demagogia y el doble discurso, sentenció el consejero.
Este año, el Poder
Judicial tiene un prepuesto aprobado de mil 291 millones 428 mil 974 pesos.
El
aumento estipulado en la iniciativa de presupuesto de egresos del próximo año,
que el Ejecutivo mandó al Congreso del Estado, es de más de 7 millones de
pesos, pero tan sólo las necesidades del Consejo de la Judicatura suman más de
300 millones de pesos, calculó Partida Caballero.
“Lo que nos quieren dar no
alcanza prácticamente para nada, nosotros requerimos mínimo 300 millones de
pesos más; tan sólo para el nuevo sistema de justicia penal necesitamos 170
millones de pesos para el pago de sueldos de los juzgados orales en los 12
distritos judiciales”, precisó el integrante de la Judicatura.
“No se ve el interés del
Ejecutivo en este caso de apoyar al nuevo sistema de justicia social ni de la
modernización de la justicia en Jalisco, eso me parece preocupante porque
pareciera que hay dos discursos: uno en el que sí quieren apoyar a la justicia
y otro que se refleja en bajos números para el Poder Judicial”, recalcó.
“Modernidad y adelantos
que no se vean reflejados en el presupuesto es pura demagogia, ojalá que no
manejen dos discursos, ojalá que exista uno con sustento, invitamos al
Ejecutivo para que haga el estudio correspondiente si creen que nosotros
estamos mal en nuestros números, esto no nos ajusta ni para administrar la
pobreza”, insistió el consejero.
Partida Caballero adelantó
que los 50 millones de pesos que se integrarán a un fideicomiso común con otras
instancias en torno al sistema acusatorio adversarial no servirán de mucho ante
las crecientes necesidades financieras para terminar de implementar el nuevo
modelo, que ya se ha retrasado más de seis meses y podría caer en la simulación
en caso de no contar con un sustento financiero.
“Quieren que seamos
eficaces y eficientes cuando nos siguen dando lo mismo, si nos siguen dando lo
mismo no pueden pedir resultados al Poder Judicial”, recalcó el miembro de la
Judicatura.
Entre las prioridades,
enumeró que urgen 15 millones de pesos para el mantenimiento de Ciudad
Judicial, 12 millones de pesos para la homologación de sueldos de los mil 200
empleados, 24 millones de pesos para mantener los ocho nuevos juzgados en
materia mercantil oral y 10 millones de pesos más para sostener en línea la
plataforma de juicios en materia mercantil.
El consejero judicial
también precisó que se requieren 50 millones de pesos para la renovación de
equipos de cómputo que ya son obsoletos en 110 juzgados en todo el estado.
De acuerdo con Partida
Caballero, también son necesarios 20 millones de pesos para la renovación y
adecuación de los juzgados en materia penal ubicados en Puente Grande, que no
han recibido mantenimiento desde la década de los 70.
Ayer, el Consejo de la
Judicatura ya puso sobre la mesa la posibilidad de judicializar el asunto
e interponer una controversia constitucional por el presupuesto 2016,
pero la mejor salida será el diálogo, insistió el consejero, quien enfatizó que
irán a tocar puertas al Congreso del Estado para sustentar todas sus peticiones
financieras.
Capacitación insuficiente
Desde 2012, casi 3 mil 500
funcionarios entre peritos, abogados litigantes, académicos y estudiantes han
sido capacitados en temas relativos a las reformas al sistema de justicia penal
en México de 2008, sin embargo, las estrategias de capacitación han sido
insuficientes, admitió la maestra María Carmela Chávez Galindo, integrante del
Consejo de la Judicatura.
En el marco del segundo
congreso internacional El sistema acusatorio penal en México y los derechos
humanos, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH) y el Poder Judicial, que se llevará a cabo el 26 y 27 de
noviembre, la funcionaria dijo que es baja la proporción de profesionistas del
derecho que han recibido actualización en este sistema jurídico.
“La capacitación ha sido
muy limitada. La Universidad de Guadalajara emprendió una capacitación en el
ámbito estatal, en primer término para los docentes, y en el Consejo de la
Judicatura hemos capacitado y actualizado en estos temas a los abogados
litigantes, pero no ha sido suficiente”, afirmó Chávez Galindo.
La especialista consideró
este rezago como preocupante, pues en breve se pondrá en marcha el primer
distrito judicial correspondiente a Guadalajara, que concentrará la mayor parte
de los juicios en el estado; añadió que estas modificaciones toman por sorpresa
no sólo a los abogados, sino a otros actores involucrados, por lo que es
necesario que todos “reaprendan el derecho penal” para dejar atrás el sistema
escrito y utilizar la oralidad en los juicios y sentencias.
Cifra:
50 millones de pesos
destina el Ejecutivo para juicios orales en 2016
170 millones de pesos
demandan para sueldos en el nuevo sistema
