Respecto las reglas que
definieron el rumbo de esta comparecencia, vale destacar algunos puntos no
menores: este ejercicio de escrutinio fue transmitido por el Canal del
Congreso; se integró por tres rondas de preguntas formuladas por Senadores de
los diversos partidos políticos e, inclusive, de miembros de la sociedad civil
que previamente enviaron sus cuestionamientos a la Comisión de Justicia; hubo
posibilidad de que, después de plantear su pregunta, el Senador en cuestión
pudiese lanzar una contrarréplica si no quedaba satisfecho con la respuesta de
la candidata y; por último, no se estableció un límite de tiempo ni para la
participación de los Senadores ni para las respuestas de la candidata.
Así, bajo este conjunto de reglas, la comparecencia inició con una intervención de 20 minutos de la magistrada Orea, quien integra la terna para sustituir a Sánchez Cordero. Sobra mencionar que esta exposición era una oportunidad valiosísima para explicar a los integrantes de la Comisión de Justicia, y a la opinión pública, su visión de lo que debe ser la justicia constitucional y sus habilidades para coadyuvar a la consolidación de ésta.
Lo que ofreció, por el contrario, la magistrada
Orea fue un ramillete de lugares comunes. Un recorrido por divagaciones
respecto conceptos como democracia, Estado de derecho, seguridad pública y su
relación con la Suprema Corte; asimismo, al plantear los que a su juicio son
los retos de nuestra corte constitucional simplemente se limitó a enumerar las
reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema penal, juicio
de amparo; por último, la magistrada Orea ofreció un breve recuento de la
evolución del derecho en el mundo occidental y la etapa en la que se encuentra
la Corte mexicana: el Estado constitucional y democrático de derecho.
Una vez que concluyó esta
exposición por parte de la candidata, comenzaron las rondas de preguntas. E
inició, a su vez, un espectáculo francamente bochornoso. La magistrada Orea
demostró en más de una ocasión que desconoce enteramente lo que significa la
justicia constitucional y el sinfín de temas que giran alrededor de ésta. No se
trata de que personalmente no hayan gustado sus respuestas. No. Más bien, se
trata de una ignorancia constitucional que sólo sirvió para evidenciar la
irresponsabilidad mayúscula del presidente Peña Nieto al incluirla en la terna
de candidatas a ministra de la Suprema Corte.
Aquí algunos ejemplos:
Desde el inicio se le preguntó si el INAI debía tener o no la facultad de
determinar si cierta investigación en materia penal era una violación grave de
derechos humanos y, por tanto, proceder a calificar tal investigación como
información pública. Después de la insistencia de dos Senadoras para que
contestara esta interrogante, y demostrar su claro desconocimiento en el tema,
afirmó que el INAI sí debía tener esta facultad pero sin ninguna argumentación
al respecto. Otro miembro del Senado le lanzó esta interrogante: ¿cómo impulsar
una relación armónica entre el juicio de amparo y el nuevo sistema penal? Se
limitó a afirmar que en efecto era necesario construir una relación armónica
entre ambos instrumentos normativos y, para ello, probablemente habría que
reformar algunos aspectos de la Ley de amparo.
Sobre el caso de Campeche y
matrimonio entre personas de mismo sexo, resuelto por la Suprema Corte, se le
preguntó su opinión del voto del ministro disidente en tal sentencia. No
conocía el caso, ni mucho menos tal voto, de ahí que sólo se pronunció a favor
del matrimonio entre personas del mismo sexo y señaló que éste no afectaba el
interés superior del niño, pero una vez más no ofreció una exposición de los eslabones
argumentativos que sostuviesen su postura al respecto. También se le preguntó
su posición sobre la contradicción de tesis 293/2011 y otros casos
similares; en concreto, sobre la jerarquía entre normas internacionales y
constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Se trata de un caso de enorme relevancia para cualquiera que aspire a
ser ministro de la Suprema Corte.
No obstante, la magistrada Orea no lo
conocía. Fue necesario que la Senadora que le formuló esta pregunta le diera
más de una pista para que Orea al final pudiese ofrecer una respuesta vacua y
sin un mínimo de coherencia. El mismo tipo de respuesta que ofreció, ante la
interrogante de qué opinaba del arraigo y del principio pro persona.
Ante estas respuestas, los
Senadores parecían unos expertos en justicia constitucional. Pero en realidad
no fue así: sin preguntas particularmente sofisticadas –inclusive varias de
ellas francamente mediocres-, la magistrada Orea se desmoronó. Nerviosa,
desarticulada, acabó su comparecencia clavando su mirada en el pódium buscando
respuestas en un torbellino de tarjetas. No las encontró. Y, por ello, lo único
que se puede esperar, después de esta primera comparecencia, es que haya sido
el episodio más penoso de este proceso de designación y lo que venga sea mucho
mejor.
Saúl López Noriega.
Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
