Pasan los meses y la
corrupción continúa como tema central del debate público. En redes sociales y reuniones privadas es común que las pláticas y discusiones giren en torno al
nuevo escándalo de la semana. Escándalos sin consecuencias, la impunidad como regla
general.
Entre los partidos
políticos, acusaciones van y vienen. Relojes, casas, viajes, contratos a
amigos, entre otras anécdotas, son parte del debate electoral. Pocas ideas,
pocas soluciones, sólo acusaciones y señalamientos. Las campañas parecen diseñadas para aumentar la frustración y el enojo de la sociedad.
Pero quizás era necesario
un contexto como éste para poder discutir a fondo lo que se requiere en materia
constitucional y legal para ponerle un freno a lo que parece un crecimiento de
prácticas de corrupción en México.
Con menos discusión
técnica de la deseable, y con una enorme presión de un gran número de
organizaciones de la sociedad civil, hace pocos días el Congreso mexicano
aprobó, finalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción. Después de varios meses
de discusión pública y algunos de debate legislativo, las reformas
constitucionales en materia de combate a la corrupción fueron aprobadas.
El pasado martes 21 de
abril de 2015, el Senado de la República votó a favor el “Dictamen de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación
Ciudadana;
de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de combate a la corrupción”. La discusión del dictamen fue intensa. Más
de 23 senadores intervinieron en la discusión parlamentaria. Numerosas reservas
fueron presentadas. Al final, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general
y en lo particular. Fue remitido a los congresos estatales. Al día de hoy, vale
mencionar, 22 entidades federativas ya aprobaron el proyecto de decreto. Lo
cual significa que estamos, entonces, a la espera de que en los siguientes días
se haga la declaratoria de reforma constitucional y, posteriormente, se
promulgue ésta por el presidente de la República.
Pero, ¿qué aprobaron los
diputados y senadores en este último proyecto de decreto? Aquí algunas de las
cuestiones más relevantes:
El Congreso tendrá la
facultad para expedir una nueva ley general que establezca las bases de
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción;
Se aumentan y fortalecen
las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación;
Se eliminan los principios
de anualidad y posterioridad. Este punto es particularmente importante. La
Auditoría Superior podrá realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en
turno y no tendrá que esperar a que el año fiscal concluya para poder realizar
la auditoría. Esto le permitirá corregir prácticas indebidas de manera más
rápida y realizar investigaciones de manera más oportuna;
La Auditoría podrá
fiscalizar los recursos locales. Cabe señalar que también, dentro de estos
recursos, se consideraron las participaciones federales, que solían ser
recursos que las entidades federativas manejaban con un margen de discreción
amplio y de los cuales no transparentaban prácticamente nada;
El Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa (algunos académicos y miembros de la sociedad civil
pedían el nombre Tribunal de Cuentas, como se le nombra o conoce en otras
partes del mundo), que podrá imponer las sanciones a funcionarios públicos por
faltas administrativas graves, así como a los particulares que estén
involucrados;
Se introduce en la
Constitución la distinción entre responsabilidad administrativa grave y
responsabilidad administrativa no grave. La primera será investigada por la
Auditoría Superior y los órganos internos de control, quedando a cargo de la
sanción el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la segunda será
investigada y sancionada por los propios órganos internos de control;
El Senado de la República
ratifica al titular de la Secretaría de la Función Pública;
Se le devuelven a la
Secretaría de la Función Pública todas las facultades que se le habían retirado
en noviembre de 2012, cuando en una iniciativa aprobada por la Cámara de
Diputados se planteó la desaparición de la SFP, pasando sus facultades a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se establecía que mientras
no hubiese base constitucional y legal del órgano anticorrupción propuesto por
Enrique Peña Nieto en campaña, la Secretaría de la Función Pública mantenía sus
facultades. Bien, en esta nueva reforma constitucional, se le devuelven las
facultades que le habían sido retiradas hace más de dos años.
A partir de la entrada en
vigor de las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión tiene un plazo
de un año para aprobar la legislación secundaria correspondiente.
A nuestro parecer, estos
son los rasgos más relevantes de la reforma constitucional recién aprobada por
el Congreso. Sin embargo, sería un grave error suponer que ha habido una
victoria definitiva en este sentido. Las reformas constitucionales han sido un
avance fundamental y han establecido principios muy importantes para el
desarrollo de una regulación seria en la materia, pero la batalla que aún falta
por librar es la creación de las leyes secundarias que darán vida y viabilidad
al nuevo Sistema.
Se trata de desarrollar
por lo menos cinco paquetes legislativos en el corto y mediano plazo:
Un Sistema de Órganos
Autónomos que tenga una misión común, que compartan espacios, procesos,
información y acciones, pero que a la vez tengan la capacidad de desarrollar y
consolidar sus propias funciones;
Un nuevo régimen de
responsabilidades que establezca las hipótesis normativas de aquellos actos que
desde ahora serán clasificados como ‘corrupción’, así como sus consecuencias
jurídicas ;
El conjunto de leyes
orgánicas que dote de fuerza y capacidad a cada uno de los 4 órganos que
conforman el Sistema Nacional Anticorrupción;
El conjunto de leyes que
establezcan los procesos adecuados para cumplir con los objetivos del Sistema
Nacional Anticorrupción;
Una profunda revisión a
diversas leyes que pueden complementar el Sistema Nacional
Anticorrupción o
pueden erosionarlo.
Estos cinco paquetes
legislativos son cruciales, pero también es de vital importancia cuidar que
otras leyes como la de Obra Pública o la de Adquisiciones o la de Transparencia
sean modificadas para armonizarlas con este nuevo Sistema.
Es importante no quitar la
mirada pública del Congreso en el próximo año; la misma presión de la sociedad
civil que logró que los partidos políticos y el gobierno se sentaran a discutir
una reforma que no querían discutir, debe ser ejercida.
Nuestra democracia se ha
visto ensombrecida por la corrupción. La ciudadanía mexicana no se siente
satisfecha con la calidad de nuestra
democracia. Existe la percepción de que la clase política llega al poder para
servirse de él. Un primer paso que dio la clase política para recobrar la
confianza pública es la aprobación de un proyecto de reforma constitucional
que, en muchos aspectos, está a la altura de estándares internacionales. Es un
paso que debemos reconocer pero no dejar de ver con escepticismo.
No tendremos una
democracia más efectiva ni ciudadanos más satisfechos con ella si no combatimos
con políticas de fondo la corrupción. Queda mucho por avanzar, pero ya se ha
dado un paso en la dirección correcta. La sociedad civil tiene el reto de no
dejar que se dé un paso en otra.
Max Káiser. Profesor de la
licenciatura en Derecho del ITAM.
Juan I. Zavala G.
Estudiante de la licenciatura en Derecho del ITAM.
