A partir del próximo
lunes, cuando dé inicio el primer periodo ordinario de sesiones de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá asuntos
relevantes que resolver en sus Salas.
Entre los asuntos destacados, los ministros de la Segunda Sala fijarán
criterios de suma importancia en materia de derecho a la información y
seguridad nacional; reserva de los datos personales de los contribuyentes;
interés superior del niño y responsabilidad patrimonial del Estado y presuntas
prácticas monopólicas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El derecho a la información y su posible restricción son el tema central del primer recurso de revisión en materia de seguridad nacional del que conoce la SCJN, un medio de impugnación previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El recurso fue interpuesto por el consejero jurídico del Ejecutivo federal para impugnar la resolución del 15 de julio de 2015, en la que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Presidencia de la República entregar información clasificada como reservada.
La resolución establece que la Presidencia debe entregar a un particular versión pública de los documentos que contengan los itinerarios y planes de vuelo de toda su flota aérea, del periodo de julio a octubre de 2014, incluyendo el origen, destino, hora de salida y hora de llegada de aviones y helicópteros.
En contra de esta decisión, el Consejero Jurídico interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 189 de la Ley General de Transparencia, argumentando que la decisión del Instituto pone en peligro la seguridad nacional.
La SCJN admitió a trámite el recurso, que será resuelto por el Pleno del Alto Tribunal, y concedió al recurrente la suspensión de la resolución recurrida “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran”.
En materia de interés superior del niño, la Segunda Sala tiene en estudio el amparo directo en el que se impugna la cuantificación de una indemnización otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a un menor infectado con el virus del VIH/Sida en el Centro Médico “La Raza” durante una transfusión sanguínea.
El Tribunal solicitante pidió a la SCJN fijar un criterio sobre los parámetros para cuantificar la indemnización derivada del daño por responsabilidad patrimonial del Estado, causado por una actuación negligente del IMSS al dar atención médica a un menor, así como la forma de salvaguardar el interés superior del mismo, al no existir precedentes exactamente aplicables al caso.
Sobre responsabilidad patrimonial del Estado, el máximo tribunal se tiene en estudio los casos de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, dos indígenas otomíes que fueron procesadas por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) cometido durante un fallido operativo antipiratería realizado en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en 2006.
El caso regresó al Alto Tribunal por una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado, en la que ambas reclamaron a la Procuraduría General de la República indemnización por daño material y moral por el tiempo que permanecieron privadas de su libertad, por una presunta irregular actuación del Ministerio Público de la Federación en su caso.
Asimismo se tiene en estudio la resolución de un amparo que promovieron Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Refinación, en contra de una multa por más de 653 millones de pesos, que le impuso la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) por prácticas monopólicas.
La paraestatal y su filial fueron sancionadas por obligar a las estaciones de gasolina y diésel a contratar exclusivamente pipas y personal del sindicato petrolero para el traslado de combustible, en una práctica conocida como “venta atada”.
