No hay plazo que no se
cumpla. Cuando en 2008 se reformó la Constitución para incorporar un cambio de
fondo al procedimiento penal mexicano y se dispuso de un horizonte de tiempo de
ocho años para su implementación, muchos se quejaron diciendo que era demasiado
tiempo. Pues bien, el tiempo se acabó.
El 18 de junio de 2016 en
todo el país tendrá que estar funcionando el nuevo sistema penal, con juicios
orales, con nuevas reglas para la obtención y desahogo de pruebas, con mayores
exigencias para la policía y el ministerio público, y con enormes desafíos para
los abogados mexicanos.
Se trata de una de las
reformas más ambiciosas de los años recientes a nuestro sistema jurídico. Su
origen lo encontramos en el profundo fracaso del sistema penal mexicano: el 93%
de los delitos ni siquiera son denunciados; de las denuncias que llegan al
Ministerio Público, en la mitad de los casos no se hace nada luego de
recibirlas; la investigación de los delitos se basa con frecuencia en pruebas
prefabricadas o en testigos aleccionados; los jueces no están en las
audiencias; las cárceles están controladas por grupos mafiosos y su
funcionamiento cotidiano se basa en la corrupción. Todo eso es lo que propicia
que se busque un profundo cambio a nuestra justicia penal. 2016 es la fecha.
El problema es que, pese a
que ya pasaron más de siete años, vamos a llegar al plazo constitucionalmente
establecido sin haber hecho la tarea, puesto que siguen existiendo enormes
debilidades institucionales en materia penal. La más grande sin duda alguna
tiene que ver con la policía, puesto que muchos de sus elementos no han sido
capacitados para asegurar debidamente la escena de los hechos y recabar
indicios que puedan ser útiles como material probatorio dentro de un
procedimiento penal.
La alta rotación
policiaca, la falta de equipo técnico-científico, los bajos sueldos y la
ausencia de incentivos para la profesionalización son obstáculos que han ido
retrasando la formación de cuerpos policiacos de élite que estén listos para el
nuevo procedimiento.
Esto es fundamental ya que
no se trata solamente de detener a los presuntos responsables de haber cometido
un delito, sino que hay que llevarlos ante un juez y aportar los elementos para
que puedan dictarles una sentencia condenatoria. Todo arranca desde el momento
en que la policía llega a la escena de los hechos. Si en ese momento los
elementos policiacos no saben qué deben hacer, es probable que se pierdan
pruebas y la escena sea contaminada por ellos mismos.
Otro problema importante
que debe ser atendido para que funcione la reforma penal tiene que ver con la
investigación de los delitos. Esto le incumbe sobre todo al Ministerio Público,
que es una institución que necesita ser fortalecida en sus capacidades
institucionales. Sobre todo en algunas entidades federativas, la institución
encargada de investigar los delitos ha sido claramente rebasada por la falta de
preparación de sus integrantes, las enormes cargas de trabajo que deben
soportar, la corrupción que tanto se ha infiltrado en el trámite de las
“carpetas de investigación” y otros factores que auguran sombras sobre el nuevo
procedimiento penal.
Finalmente, el tercer
factor que se debe atender con urgencia es el que ya se mencionaba: las
cárceles. Lo que hoy tenemos en materia penitenciaria no funciona. No se trata
solamente del fracaso del modelo de “máxima seguridad”, desafiado por la fuga
del Chapo Guzmán, sino del funcionamiento cotidiano de nuestras más de 350
cárceles a nivel nacional. Tan no funciona el sistema carcelario que uno de
cada tres internos volverá a delinquir una vez que cumplan su sanción.
Los retos son muchos y el
tiempo apremia, pero no cabe duda que la atención de la comunidad jurídica
nacional en el 2016 estará en buena medida enfocada en el nuevo procedimiento
penal. Nos conviene a todos que su puesta en funcionamiento sea exitosa.
Miguel Carbonell, Director
del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.
