Tras un 2015 con graves
denuncias ante la crisis de derechos humanos en México y el destape de faltas
en la investigación del caso Iguala, el Gobierno tiene 2016 para cambiar de
rumbo y mostrar su acercamiento a las víctimas impulsando leyes para combatir la
desaparición y la tortura.
El Congreso aprobó en
abril de 2015 una reforma constitucional que facultaba al Legislativo a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.
La iniciativa, una
petición largamente exigida por las víctimas y sus familiares, fue finalmente
vista como indispensable en vista de la mala imagen internacional del país en
materia de derechos humanos con casos como la desaparición de 43 estudiantes en
el municipio de Iguala del sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014.
La reforma llegó en la estela de varios informes de organizaciones no gubernamentales y, especialmente, del análisis del relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, quien dijo que en el país la tortura y los malos tratos durante la detención y la puesta a disposición judicial eran generalizados.
No obstante, la aprobación
de las leyes generales quedó varada en las cámaras legislativas, a pesar del
compromiso expreso de que saldrían antes de cumplirse 180 días desde la
publicación oficial de la reforma en julio; es decir, a fines de 2015.
En octubre, una visita del
alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein,
hundió más el dedo en la llaga.
Habló de una "ola de
violaciones" a los derechos humanos y urgió a luchar contra la impunidad
en un país donde 98 % de los crímenes quedan sin resolver.
El 10 de diciembre, en el
Día de los Derechos Humanos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió
al Congreso sendas iniciativas de ley para prevenir y sancionar la desaparición
de personas y para combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Dijo refrendar su
compromiso "firme y decidido" en esta materia y aludió a la
importancia de mejorar el marco normativo.
Dentro del proyecto en
materia de desaparición, el mandatario estableció la creación de un Sistema
Nacional de Búsqueda y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre
otras medidas.
Sobre la segunda
iniciativa, dijo que busca erradicar la tortura y otras formas de trato
inhumano y prevé la creación de unidades especializadas de investigación.
Aunque estas propuestas
salidas del Gobierno podrían interpretarse como un avance decisivo,
organizaciones civiles temen que se trate de leyes a modo, que protejan a los
militares, eximan de responsabilidades al Estado y no cumplan con las
exigencias de las víctimas.
La ONG Comité Cerezo
informó a Efe que se espera que dichas leyes generales sean aprobadas en
febrero próximo.
Si bien en enero se
escucharán todas las voces implicadas -hay entidades civiles que ya presentaron
sus propias propuestas al Legislativo-, las ONG temen que terminen
prevaleciendo las iniciativas gubernamentales, sin cambios.
Además de esta anunciada
legislación, el Gobierno deberá también el próximo año mostrar avances en la
investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela para maestros
de Ayotzinapa luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
tumbara en septiembre pasado la llamada "verdad histórica". Ésta consideraba que los
jóvenes fueron arrestados por policías corruptos en Iguala y entregados al
cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un
vertedero de basura del municipio aledaño de Cocula.
No obstante, los expertos
no hallaron pruebas concluyentes en ese sentido, pidieron nuevas líneas de
investigación y plantearon nuevas hipótesis sobre el crimen. El Gobierno movió ficha,
creando en octubre una fiscalía especializada para la búsqueda de personas
desaparecidas y permitiendo que en las investigaciones del caso colabore el
GIEI, al que prorrogó su mandato otros seis meses. También anunció un nuevo
peritaje en el basurero.
Estas medidas fueron
tomadas como un progreso por los padres de los jóvenes, si bien con mucha
cautela.
"El acercamiento ha
sido hacia la verdad, no hacia el Gobierno. Nosotros seguimos en la
desconfianza, pero confiamos en la unidad que se creó", dijo a Efe el
vocero de los padres, Felipe de la Cruz, el día en que se cumplían 15 meses de
la desaparición de los 43.
En un país como México,
que acumula las escabrosas cifras de más de 150,000 personas asesinadas y
26,000 personas no localizadas desde 2007, el recelo hacia las instituciones y
las fuerzas de seguridad es el pan de cada día.
Resta por ver si, con las
nuevas leyes, el Gobierno da el golpe de timón tan prometido y reclamado dentro
y fuera del país.
