Un juez federal otorgó una
suspensión provisional y admitió a trámite una demanda de amparo que abre la
vía jurídica para que en breve recupere su libertad José Humbertus Pérez
Espinoza, líder la asociación civil Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda
Digna (FMDVD), preso desde el pasado 4 de noviembre en el penal de Chiconautla, por presuntamente robar en una casa habitación con el uso de un arma de fuego, informaron abogados del detenido.
Los abogados entrevistados
dijeron que la Procuraduría General de Justicia del estado de México le imputó
a Pérez Espinosa el delito de robo, sin mayores pruebas que los testimonios de dos supuestas víctimas y de tres testigos que hicieron declaraciones
contradictorias e inverosímiles.
También la esposa e hijo del
activista tramitaron peticiones de amparo contra probables órdenes de
aprehensión por delitos similares, en lo que el propio Pérez Espinosa ha
calificado –mediante varios comunicados de prensa firmados desde el interior
del penal de Chiconautla en que se encuentra detenido- como una campaña de
hostigamiento y acusaciones falsas orquestada en su contra y de sus familiares
por autoridades mexiquenses, con el propósito de que la agrupación que encabeza
se desista de la lucha legal que tiene en tribunales contra las desarrolladores
de vivienda más importantes del país.
El FMDVD ha ganado varios
amparos y litigios a dueños de empresas vivienderas, entre ellas Urbi, Vinte,
Geo y Sadasi, por diversos fraudes que ha logrado demostrar la agrupación
civil, entre ellas la venta de casas construidas con materiales de mala calidad
y a un sobre precio de hasta el 40 por ciento.
El delito que se le imputa
a Pérez Espinoza (robo) es por una cuantía que no supera los 3 mil pesos, pero
las autoridades judiciales no han otorgado el derecho a la libertad provisional
bajo fianza al activista, debido a que desde la reforma constitucional en
materia penal de 2008, el articulo 19 de la Constitución puso un candado para
obligar a los jueces a decretar la prisión preventiva oficiosa cuando se
comentan delitos con el uso de medios violentos, como en el caso en que se usan
armas o explosivos.
A Pérez Espinoza sólo se
le ha acreditado, a manera de presunción, el uso de un arma de fuego con los
dichos de cinco personas que declararon de manera similar y poco verosímil que
lo vieron "portando un arma tipo escuadra, con la cacha color café, atada
en la cintura", pero los fiscales del caso en ningún momento presentaron
alguna prueba pericial y/o documental que demostrara la existencia de la
supuesta arma.
De su lado, Pérez Espinoza
y sus abogados presentaron infinidad de documentales públicas y privadas que
demuestran que durante los últimos 25 años se ha dedicado a la docencia en el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), que ha sido asesor de diputados y
senadores y que posee estudios de posgrado en diversas universidades públicas y
privadas, amén de que no cuenta con antecedentes penales y no sabe utilizar
armas.
El juzgado décimo tercero
de distrito con sede en el municipio mexiquense de Naucalpan, a cargo del juez
Alberto Emilio Cardona, dio entrada a los juicios de amparo 1379/2015,
1489/2015 y 1506/2015, tramitados por el activista contra su detención ilegal y
contra la negativa de dos jueces de control de modificar la medida cautelar de prisión
preventiva a la que está sujeto por el supuesto robo con violencia que se le
imputa, según registros judiciales a los que tuvo acceso La Jornada.
De su lado, Pérez Espinosa
habló en entrevista telefónica con este diario y dijo que está a la espera de
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acepte su caso e inicie
una investigación contra el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, y
contra su procurador estatal, Alejandro Gómez Sánchez, pues “ha sido por órden
del gobernador que el procurador (mexiquense) ha estado desahogando una serie
de carpetas de investigación en las que igual que ocurrió conmigo se pretende
imputar hechos falsos a mi esposa e hijo”.
Según Pérez Espinosa, sus
abogados analizan la posibilidad de pedir “medidas cautelares” a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que se le otorgue
protección especial en el interior del penal de Chicocautla, sobre todo porque
en diciembre pasado un grupo de sicarios presos en el mismo centro carcelario
intentó asesinarlo, presuntamente por órdenes de funcionarios policiacos
mexiquenses.
Pérez Espinoza fue
detenido el pasado 4 de noviembre por elementos de la policía ministerial de
estado de México en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el
presunto delito de robo a casa habitación, de la que supuestamente sustrajo un
televisor y una tableta electrónica cuyo valor oscila, según un perito de la
Procuraduría General de Justicia del estado de México, entre 900 y 3 mil pesos,
y cuya propiedad no ha sido acreditada por las supuestas víctimas que
denunciaron al líder de la asociación civil.
Días meses antes de ser
detenido, Pérez Espinoza estuvo apunto de conseguir que fuera detenido el
actual alcalde del municipio de Tecámac, el priista Aarón Urbina Bedolla, a
quien acusó por el delito de fraude a más de 3 mil familias del conjunto urbano
Villa del Real Quinta Sección Fase I.
“Desde el pasado 10 de
marzo, el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Ecatepec giró las órdenes de aprehensión (contra Urbina Bedolla), y han pasado
42 días y no han querido ejecutar las detenciones”, acusó Pérez Espinoza el 4
de noviembre, horas antes de su detención, durante una conferencia de prensa
que efectuó en Toluca.
Ese día, Pérez Espinoza
recordó que el 12 de agosto anterior Alma Rodríguez Olivares, agente del MP
adscrito a la Mesa Segunda de la Fiscalía Especial de Fraccionadores con sede
en La Presa, ejercitó la acción penal contra el priista Urbina Bedolla por el
delito de fraude, pero a la fecha no se ha querido actuar en consecuencia.
“Es muy grave que si para
el 25 de agosto de 2014 la Fiscalía para Combatir Delitos Cometidos por
Servidores Públicos recibió el desglose con el número de oficio
21360000-217-201 y la averiguación previa TOL/DR/490/2010, hasta la fecha no se
haya citado a declarar a Urbina Bedolla”, acusó Pérez Espinoza.
La denuncia fue entablada
contra URBI Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., pero en ella se acusa a Urbina
Bedolla de facilitar, cooperar y participar en los delitos, al simular, cuando
fungió como presidente municipal, el acta de entrega-recepción, consignada el 6
de mayo de 2005, de las obras de urbanización, cuando a la fecha éstas no han
sido físicamente entregadas.
