Sofía, una joven mexicana,
vive en prisión con su hijo, quién padece parálisis cerebral. Está cumpliendo una condena de 10 años por transportar marihuana. Según su testimonio, era la
primera vez que Sofía transportaba drogas, necesitaba dinero y no dimensionó
las consecuencias que implicaba ese viaje.
Sofía es un caso entre
muchos. En México, las mujeres representan un 53% de las personas procesadas y
sentenciadas por el fuero federal, y los delitos relacionados con drogas son la
primera causa de encarcelamiento de mujeres a nivel federal.
Esta situación está lejos de mejorar, pues el encarcelamiento femenino por delitos de drogas no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas, en México y en el resto del continente.
¿Por qué es urgente una revisión de la política de drogas?
Esta situación está lejos de mejorar, pues el encarcelamiento femenino por delitos de drogas no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas, en México y en el resto del continente.
¿Por qué es urgente una revisión de la política de drogas?
La llamada “Guerra
contra las drogas”, a través de una estrategia militar, punitiva y de
persecución, ha estado causando violaciones graves a derechos humanos como la
desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el desplazamiento
forzado a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Situación que se
agrava especialmente con los grupos en situación de vulnerabilidad de la
población, asentados en las zonas productoras y de tránsito de las rutas del
narcotráfico, y a menudo presas de la necesidad económica.
En 2012, México, junto con
Guatemala y Colombia, promovieron un adelanto para que se celebrara este
próximo abril la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés),
sobre el problema mundial de las drogas, la cual estaba prevista para 2019. En
los foros internacionales, México ha reconocido el fracaso de la política de
drogas –que tienen su origen en el establecimiento de la fiscalización de las
drogas a través de las Convenciones Internacionales– admitiendo la necesidad de apertura y progreso
hacia un nuevo debate, así como también los “enormes costos sociales y
económicos”.
Durante 2015 han tenido
lugar varios acontecimientos y debates e México sobre el uso de
la marihuana medicinal y recreativa. Este debate impulsó un avance en el
ejercicio de los derechos, y favoreció la discusión sobre la necesidad de una
política de drogas que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos.
¿Es necesaria una óptica
de género en la política de drogas?
¿Por qué prestamos
especial atención a la situación de las mujeres? ¿Por qué hablar de las mujeres
como un grupo en situación de vulnerabilidad? Porque la realidad está lejos de
la imagen de la mujer vinculada al poder del narcotráfico. El patrón, que se repite
en las cárceles mexicanas y del continente, son mujeres con bajos recursos
económicos, escaso nivel de escolarización, situación de necesidad económica,
pobreza y/o exclusión social, jefas de hogar que mantienen a sus hijos u otros
dependientes. Una vez dentro del sistema de justicia, estas mujeres son
sentenciadas con un claro marco de estereotipos de género, juzgadas como malas
madres y con penas desproporcionadas. A menudo cumplen con largos periodos
de prisión preventiva, sin contacto con sus familias, sin juicio y sin
sentencias.
El uso excesivo del
derecho penal es la fórmula que rige y estructura los casos de mujeres
encarceladas por delitos de drogas. Pero es necesario profundizar más, hacer un
análisis del contexto y del grado de participación en el delito, pues estas
mujeres mayoritariamente actúan como los eslabones más bajos de la cadena del
narcotráfico y en delitos no violentos, como las llamadasmulas. Viendo los
patrones y perfiles de las mujeres que están presas por casos de drogas, es imposible
no relacionar esta situación con la feminización de la pobreza.
Durante su proceso
judicial, Sofía insistió y escribió al juez para solicitar otra forma de pagar
por delito. Alguna forma que no fuera estar en prisión y obligar a su hijo,
completamente dependiente, a cumplir condena con ella. “Le pedí otra manera de
sanción o arresto domiciliario o venir días… Pero me dijo por notificación que
eso lo debí pensar antes de hacer cualquier delito, así que mi delito sea como
sea lo tengo que pagar”.
Profundizando en el
análisis, vemos que las causas del involucramiento de las mujeres en los
delitos de drogas responden muchas veces a una falta de oportunidades y de
desigualdad social.
Como Sofía, muchas mujeres enfrentan una triple condena: la
penal, condenadas hasta 10 años en prisión, aunque sean primodelincuentes. Con
la situación agravada que viven en el interior de las cárceles, en prisiones
mixtas sin adecuadas condiciones –viviendo con sus hijos- ni separación entre
hombres y mujeres. Y por último la condena social, juzgadas como malas
cuidadoras, malas mujeres, que deriva en abandono familiar y con
mayores dificultades de reinserción laboral y social por el estigma tras el
paso por la prisión.
No se trata de dejar
delitos contra la salud impunes, sino de no abusar del derecho penal para
abordar problemas sociales. Por eso es imprescindible fomentar las medidas
alternativas a la prisión y diseñar políticas de integración social para hacer
frente a las causas estructurales que acaben con la violencia contra las
mujeres. Sin duda, en México, ahora es el momento para un cambio de rumbo hacia
una política de drogas más humana, que proteja los derechos humanos y
enfrente la desigualdad de género.
Isabel Blas. Área de
Políticas Públicas en Equis Justicia para las Mujeres.
