Lo peor que le puede pasar
a un sistema de procuración y administración de justicia es que funcione
solamente conforme a los dictados de lo que los medios de comunicación
consideran relevante. Si eso llega a suceder se produce el fenómeno de la
“mediatización de la justicia”, en la que resulta más importante lo que aparezca en un noticiero en horario estelar o lo que se publique en las ocho columnas
de un periódico, que lo que se difunda en el Diario Oficial de la Federación.
En México hemos vivido
desde hace tiempo un fenómeno de extrema e irracional mediatización de la
justicia, en el que parece que las autoridades piensan que los juicios se ganan
ante el tribunal de la opinión “publicada” y no en los juzgados y tribunales de
verdad.
Abundan los casos en que
se han hecho montajes mediáticos (Florence Cassez obtuvo su libertad gracias a
eso, entre otras cuestiones), se han presentado a personas inocentes detenidas
ante los medios de comunicación, se han filtrado informaciones muy delicadas de
averiguaciones previas en curso (poniendo en riesgo la vida o la integridad
física de víctimas y testigos) y se han emitido boletines de prensa sobre casos
judiciales completamente falsos, sin que luego la autoridad emita rectificación
alguna o pida disculpas por sus clamorosos errores, etcétera.
El último episodio de esta
larga historia de metidas de pata tiene que ver, como ya lo imagina el lector,
con el caso del Chapo y Kate del Castillo. No me voy a referir a la dudosa
ética periodística de quien difunde conversaciones en las que no le consta que
quienes intervengan sean las personas que la prensa dice que son, ni voy a
poner en tela de duda el rigor de los periodistas que contribuyen a difundir
contenidos de comunicaciones que se obtuvieron con mucha probabilidad mediante
la comisión de un delito (puesto que así lo señala el Código Penal Federal
respecto a quienes intervengan comunicaciones privadas sin previa autorización
judicial). Todo eso es algo sobre lo que la prensa mexicana debe sacar sus
propias cuentas.
Lo que me interesa
destacar desde el prisma jurídico es la enorme metida de pata que implica el
hecho de que las autoridades persigan a los delincuentes violando la ley. En
efecto, ninguna autoridad puede intervenir comunicaciones privadas sin previa
autorización judicial; ninguna autoridad puede filtrar documentos o materiales
probatorios que consten en una carpeta de investigación abierta; ninguna
autoridad puede violentar la presunción de inocencia, que la Suprema Corte ha
señalado que tiene un alcance más allá del proceso y comprende también a la
percepción que la sociedad tenga de una persona.
Pero lo peor de todo es
que los afanes de la autoridad suelen tener escasos resultados ante los
tribunales. Muchos de los casos más sonados desde el punto de vista mediático
han terminado en sentencias absolutorias, debido a la ineptitud de las
autoridades para presentar pruebas que se sostengan jurídicamente ante los
tribunales.
La sociedad mexicana (y
también sus periodistas, aunque quizá eso sea mucho pedir) debería ser un poco
más escéptica frente a todo tipo de filtraciones y litigios mediáticos. Los
juicios de verdad no son los que se ventilan ante los medio de comunicación
(siempre con discursos interesados, dependiendo de quién esté filtrando la
información), sino los que llevan a cabo los jueces y tribunales mexicanos.
Solamente una sentencia puede determinar que una persona es culpable de haber
cometido un delito.
Ningún periodista, por
pura ética, debería intentar suplantar a los tribunales. Un presentador de
noticias o un columnista de prensa no son nadie para sentenciar a una persona,
para hacer añicos su reputación o para determinar su “presunta” (piensan que al
decir eso ya están vacunados) responsabilidad penal.
Ojalá que el nuevo sistema
penal mexicano arroje más luz a los juicios que se llevan a cabo en México,
pero preserve el debido sigilo que debe acompañar a las investigaciones que se
hagan en materia penal. Qué diferente ha sido por ejemplo la detención y
encarcelamiento provisional (de manera cautelar) de Humberto Moreira en España
que la detención del Chapo y el escándalo de Kate del Castillo en nuestro país.
En ese contraste se muestra, por si hiciera falta una prueba más, lo mucho que
nos hace falta mejorar en el tema de la relación entre justicia penal y medios
de comunicación. Estamos en la prehistoria todavía.
Miguel Carbonell
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas