Más de medio millón de
ciudadanos mexicanos han dado su firma para impulsar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3. Sin lugar a dudas,
un éxito de la iniciativa ciudadana, que ha sido impulsada por diversos
organismos de la sociedad civil y que ha tenido una respuesta abrumadora de la
sociedad.
Convencer a un hombre o
una mujer de que nos diera su firma era la parte más sencilla del proceso; la
parte dolorosa, normalmente tenía que ver con escuchar que la gran mayoría de
los firmantes podía relatar una mala experiencia de corrupción, siempre en
primera persona, siempre como víctimas.
Ciertamente no todas las
anécdotas de corrupción tenían que ver con alguna instancia de gobierno, muchas
veces el relato involucraba sólo a privados, pero donde no había confusión era
en la certeza del abuso del poderoso para cometer actos de corrupción. Todos
eran capaces de reconocer que vivimos en un país en el que se impulsa la
cultura de los privilegios. Estamos convencidos de que vivimos en una sociedad
injusta y los abusos de los demás justifican nuestras transgresiones al Estado
de derecho.
La Ley 3de3 es importante,
pero es sólo una pieza de un sistema complejo que debe funcionar armónicamente
para poder comenzar a revertir la convicción de que el gobierno mexicano y la
sociedad somos irremediablemente corruptos. Se necesitan aprobar o reformar, al
mismo tiempo, al menos otras cinco o siete leyes (según el partido con el que
se hable) para que esta nueva maquinaria de integridad comience a funcionar.
Faltan, además, la ley que
propiamente crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la ley que reforma el
Tribunal Fiscal y Administrativo de la Federación, la reforma a la Auditoría
Superior de la Federación, hay que armonizar la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y el Código Penal, por último, pero no por ello
menos importante, hacer realidad la autonomía de la Fiscalía General de la
República.
Desde luego, reconocemos
que el PAN haya respaldado la ley de manera integral y estamos ciertos de que
otros partidos lo harán. Sin embargo, la presión de tiempo sobre el Congreso es
fuerte, ya que el periodo legislativo acaba dentro de tres semanas y, por si
fuera poco, además, tienen encima el transitorio constitucional que les obliga
a haber aprobado las leyes generales para el 26 de mayo.
Los partidos políticos se
han comprometido a trabajar a marchas forzadas, pero hay momentos en que es
preciso reconocer que el día no tiene más de 24 horas y la semana sólo tiene
siete días, sin recurrir al viejo truco de detener el reloj legislativo, será
necesario pensar en la urgente necesidad y prudente decisión de convocar a un
periodo extraordinario que privilegie la precisión por encima de la rapidez.
Durante la discusión de
las diversas iniciativas de Ley de Responsabilidades Administrativas y todas
las demás, consideramos indispensable que prevalezcan las reglas de parlamento
abierto; mismas que son extremadamente sencillas de plantear y muy complicadas
de aplicar. 1) Todas las propuestas que se pongan en la mesa de discusión son
públicas; 2) Todas las propuestas tienen autor, personal o grupal, claramente
identificado y 3) Toda objeción también tiene autoría reconocida. Este punto es
particularmente sensible para que ningún partido o legislador se escude en el
anonimato y a partir de ahí se “descafeíne” lo exigido sin que nadie asuma la
responsabilidad sobre su propio trabajo.
Los Panama Papers y el
exprimer ministro de Islandia han dado una gran lección al mundo. Cuando un
gobernante gobierna una sociedad madura y exigente, puede ser muy alto el costo
de romper con la promesa de full disclosure, es decir, no poner sobre la mesa
la totalidad de sus compromisos e intereses personales. Él pagó con su puesto.
Legisladores y gobernantes
habrían de tomar en cuenta que la sociedad mexicana ha dado claras muestras de
madurez. En sólo dos meses la iniciativa ciudadana fue capaz de reunir más del
doble de firmas de las que se necesitan para formar un partido político.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas