Desde 1990, se han venido
celebrando Cumbres Judiciales en las que se discuten los temas que preocupan en
Iberoamérica. Ayer terminó la XVIII edición y uno de los puntos fue la
aprobación de los Lineamientos de Sustracción Internacional de Niños para la implementación de la Convención de la Haya de 1980.
La Convención tiene como
propósito proteger a niñas y niños que han sido sustraídos de su residencia
habitual por alguno de sus progenitores y de asegurar su pronta restitución.
El convenio exige que todos los Estados firmantes ordenen la restitución a más tardar en 6 semanas. Este plazo no se cumple en la mayoría de los países - el nuestro incluido-, por lo que hubo que poner el tema sobre la mesa.
El diagnóstico es que los
criterios judiciales han carecido de uniformidad y que los procedimientos se
alargan y no respetan la urgencia ni atienden con idoneidad la situación de los
menores involucrados.
De acuerdo con los
Lineamientos, se va a entender por interés superior del menor: el derecho a no
ser trasladado o retenido ilícitamente; a que el procedimiento sobre la
decisión de la guarda o custodia se dilucide ante el Juez del Estado de
residencia habitual de éste; a mantener contacto fluido con ambos progenitores
y sus familias; a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución
o de visita internacional.
En México, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre el 1 de septiembre de
2013 y el 30 de junio de 2014 fueron gestionados 256 casos de sustracción
internacional que involucraron a 368 menores.
En 2015 existían 471 casos
activos en relación con 667 menores.
Las estadísticas de la
Conferencia de la Haya para 2008 reportan que el país que presenta el mayor
número de solicitudes de restitución a México es Estados Unidos (86% de los
casos). En el mismo documento se identificó que en 49% de los casos de sustracción
de menores hacia México es el padre quien traslada a los menores, lo que es
contrario a la tendencia global en la que 69% de los casos es la madre quien lo
hace.
Respecto de la edad, 44%
de los menores sustraídos a México tenían entre 5 y 9 años de edad. En cuanto
al género, las cifras son muy parejas.
El tiempo promedio para
alcanzar una determinación final fue de 252 días.
El proceso más largo duró dos años.
El proceso más largo duró dos años.
Del total de solicitudes
de restitución que recibió el Estado mexicano, 20% fueron negadas. El 28%
tuvieron como principal causa la negativa del menor para regresar al lugar de
donde fue sustraído.
El compromiso ahora es
impulsar reformas para que se revisen los marcos normativos, particularmente
los de carácter procesal, para que se atiendan los principios de interés
superior del menor, tutela judicial efectiva, celeridad y debido proceso.
Se trata de usar la
tecnología y promover la utilización de comunicaciones directas realizadas a
través de teléfono, correo electrónico o enlace de video directamente entre dos
jueces de distinta jurisdicción, así como con las Autoridades Centrales, que en
el caso de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Se incluye también un
compromiso de difusión y capacitación para la aplicación de los instrumentos normativos
en el ámbito de la cooperación judicial transnacional.
La Cancillería y el Poder
Judicial Federal, recientemente suscribieron un Convenio para agilizar trámites
y ahora podrán aportar sus experiencias al legislativo para la expedición de
una ley específica que recoja los principios internacionales y valore la
necesidad de un proceso uniinstancial.
Nos encontramos ante un
nuevo reto cuya asunción puede beneficiar a cientos de menores que hoy sufren
desgastes emocionales derivados del desarraigo. Los expedientes judiciales dan
cuenta de la descarnada realidad.
Leticia Bonifaz Alfonzo
Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación