Juan Armando Hinojosa no
solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede
pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y
perfumes extravagantes y de mal gusto.
Y debido a la ambición y la avaricia del
mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de
acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no
tiene dónde pasar la noche.
El pasado lunes, 11 de
abril la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó
en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino
para la construcción de una nueva carretera de cuota en beneficio de las
cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora actuaban en
violación de una suspensión judicial que tiene detenida las obras en defensa de
los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se
cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal.
Cientos de granaderos del
Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la
violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas
sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa de la construcción. La
empresa primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de
Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra, para después pasar a
destruir la casa de García Salazar y de otros pobladores de la zona. Mientras,
los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a
su propiedad.
Llama la atención la
inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de
Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión, también se buscaba
construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias
fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un
empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un
hospital y el Jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido
por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los
medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular
político tabasqueño con el fin de desencarrilar su eventual candidatura
presidencial.
Hoy ocurre todo lo
contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados
a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o
jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de
Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los
poderes mediáticos y judiciales con respecto a la aplicación de la ley.
Como ha señalado Jenaro
Villamil en estas mismas páginas, llamó la atención que en el mismo momento en
que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas Otomís de sus tierras en el
Estado de México, Peña Nieto paseaba con el Presidente de Alemania, Joachim
Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlin como parte del “Año
dual México-Alemania”. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran
elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual.
El próximo día, el martes
12 de abril, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en
que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto
respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar
violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de
pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la
entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8
millones de pesos, que equivale menos de una docena de spots gubernamentales en
Televisa y una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial.
Pero los normalistas de
Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus
demandas, el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles, recibió la
orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos como apenas
hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a
la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde.
El próximo día, miércoles,
13 de abril, un grupo de indígenas tarahumaras clausuraron el aeropuerto
Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua en protesta por el incumplimiento
de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por
el daño ambiental y social generado por la construcción del aeropuerto. Los
indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua,
reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a
escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han
recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias.
Cada día el pueblo tolera
menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una
mafia de compadres. La tasa de aprobación para el Presidente de la República
hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos
personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13% de acuerdo con el
último sondeo del periódico Reforma).
Los mexicanos están
despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio
nacional. Ya inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a
la patria.
John Ackerman
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas