El pasado 18 de junio
entró en vigor Ley Nacional del Sistema Integral De Justicia Penal para
Adolescentes que es una ley “de orden público y de observancia general en toda
la República Mexicana” y que abrogó las leyes respectivas de las entidades federativas.
Aunque en los artículos
transitorios se establece que esta ley se aplicará en los procedimientos
penales para adolescentes iniciados por hechos ocurridos a partir de la entrada
en vigor de la ley, implica beneficios para los menores que hayan sido privados
de la libertad conforme a la legislación anterior, vigente en cada entidad federativa.
El artículo cuarto
transitorio de la ley prevé que aquellos adolescentes que hayan sido privados
de la libertad conforme a las legislaciones anteriores, ellos “su defensa o la
persona que lo represente, podrá solicitar al Órgano Jurisdiccional competente
la revisión de dicha medida conforme a las disposiciones del nuevo Sistema de
Justicia para Adolescentes, aplicando siempre las disposiciones que más le
beneficien”.
Esto con el fin de que el “Órgano Jurisdiccional resuelva conforme el interés superior de la niñez sobre la imposición, revisión, modificación o cese” de la pena corporal que le haya sido impuesta.
Esta ley establece que las
medidas privativas de libertad para las personas que tuvieren entre catorce
años cumplidos y menos de dieciséis años, será de tres años.
En el caso de los
adolescentes entre dieciséis años y menos de dieciocho años la duración máxima
será de cinco años.
En las legislaciones de
cada entidad federativa en algunos casos la pena era muy superior, como es el
caso de Chihuahua donde la pena máxima para los menores entre 14 y 16 años era
de 10 años y de hasta quince años de internamiento para los adolescentes
de entre 16 y 18 años.
Con la aplicación del
artículo cuarto transitorio en Chihuahua, 250 jóvenes internados podrían salir
en libertad.
Lo mismo sucederá en otras
entidades de la República. Tal vez en algunos casos algún sector de la sociedad
se mostrará descontento con que algunos adolescentes obtengan su libertad, en
virtud de la gravedad de los delitos que cometieron
