Este parece ser un año
complicado para el mundo y para quienes creemos — ingenuamente, tal vez— en la
democracia y la libertad. Los movimientos nacionalistas blancos parecen fortalecerse
en toda Europa, la Unión Europea se desintegra y Trump tiene posibilidades
—aunque sean remotas— de ganar las elecciones próximas. Además, ayer fue un día
triste para muchas familias de migrantes indocumentados en Estados Unidos,
quienes habían depositado su confianza en el presidente Obama y la Corte
Suprema para mantener a sus familias juntas.
En United States v.
Texas, una coalición de 26 estados, liderada por Texas, impugnó una acción
ejecutiva del presidente Obama que permitía a alrededor de 4.3 millones de
migrantes indocumentados aplicar a un programa que les salvaría de ser
deportados y obtener un permiso de trabajo, sin concederles un estatus
migratorio regular.
Tras el éxito del programa Dreamers —o
Deferred Action for Childhood Arrivals, “DACA”—, que benefició a por lo menos
1.2 millones de jóvenes, y ante la negativa reiterada de la mayoría republicana
en el Congreso para discutir una reforma migratoria, Obama evaluó sus opciones
jurídicas e implementó un nuevo programa, dirigido a los padres y madres
de ciudadanos legales o residentes permanentes: Deferred Action for Parents of
Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA).
Texas y los demás estados
demandantes impugnaron DAPA afirmando que el presidente Obama: (i) ignoró los
procedimientos establecidos en la ley para la creación de normas
administrativas; y (ii)se excedió en sus facultades constitucionales de
ejecución de leyes. Además, argumentaron que, aun cuando la acción ejecutiva de
Obama pudiera resultar constitucional y legal, el Departamento de Seguridad
Nacional no tenía facultades para implementarla.
Sin embargo, a fin de dar
procedencia a su acción, los estados demandantes tenían que demostrar cuál era
el daño que les causaba el programa impugnado. Texas, en particular, argumentó
que DAPA le perjudicaba porque: (i) era facultad de la Unión legislar en
materia migratoria y ésta no había emprendido ninguna acción tendiente a ello;
(ii)representaba a sus ciudadanos, quienes sufrirían consecuencias económicas
perjudiciales ante la incorporación de los migrantes al mercado laboral legal;
y (iii) tendría que expedir un número indeterminado de licencias de manejo, las
cuales Texas cobra a un precio inferior a su costo real de emisión.
Por razones que aún no
alcanzo a entender, el costo de expedir licencias de manejo fue el argumento
que posibilitó a Texas impugnar DAPA y que llevó a la Corte de Apelaciones del
Quinto Circuito, con residencia en Nueva Orleans, a congelar indefinidamente la
acción ejecutiva de Obama.
Al someter el asunto a
revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el gobierno de Obama cuestionó
la decisión de la Corte de Apelaciones respecto al daño económico de Texas y la
procedencia de la acción intentada. La legalidad —y constitucionalidad— de DAPA
sería materia de una resolución de fondo. La Casa Blanca afirmaba que el mismo
tipo de acciones ejecutivas han sido utilizadas por presidentes demócratas y
republicanos para ejecutar las leyes migratorias y que las facultades
constitucionales del presidente le permitían tomar decisiones migratorias de
forma casuística, como pretendía hacerlo el programa.
Ayer, 23 de junio de 2016,
la Corte Suprema anunció su decisión en United States v. Texas o,
mejor dicho, su imposibilidad para tomarla. Los jueces de la Corte empataron 4
a 4 y, así, confirmaron la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto
Circuito de congelar DAPA. El presidente Obama, por la tarde, dio una
conferencia de prensa y dijo que el deadlock le rompía el corazón.
La derrota de DAPA es un
golpe duro a Obama y al legado que buscó construir durante su presidencia. Una
vez más, los republicanos, mediante su inacción, lograron frustrar los planes
del demócrata. Primero, evitando a toda costa la discusión de una reforma
migratoria; después, bloqueando la designación del juez Merrick Garland para
ocupar la vacante en la Corte Suprema y, de esta manera, haciendo posible el
empate 4-4.
El obstruccionismo de los
republicanos es incomprensible. Garland es un candidato moderado, respetado y
un firme creyente de que los jueces interpretan el derecho y no lo hacen —ideología
que, creo, coincide con la del presidente Obama—. Quizás, después de todo, los
republicanos merecen la crisis en que está metido su partido y son responsables
del ascenso de Trump.
Una buena noticia
—si es que hay alguna— es que la decisión de la Corte puede tener efectos
positivos para los demócratas en esta contienda electoral. La derrota de Obama
puede motivar a muchos hispanos a salir a votar en las elecciones noviembre
próximo y darle la victoria a Hillary Clinton, quien ha prometido medidas
migratorias ambiciosas.
Por otra parte, este no es
el peor escenario. Muy probablemente, el juez Scalia hubiera votado en contra
de la acción ejecutiva y eso hubiera generado un precedente complicado para el
siguiente presidente y el futuro de los migrantes. Los empates de la Suprema
Corte no crean un precedente firme y dejan abierta la posibilidad de que, en el
futuro, la Corte analice casos similares.
Julio M. Martínez Rivas. Abogado
(ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la Suprema Corte.
