Se ha hecho evidente la crisis financiera por la que
atraviesa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha
declarado que despedirá parte de su personal y suspenderá las visitas y los
periodos de sesiones programados para este año. La Corte ha considerado que la suspensión a partir de diciembre de las ayudas noruegas, comprometerá su
estabilidad presupuestal e institucional.
Lo que en ambos casos está en juego
es el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección de los derechos
humanos en la región y, en el mediano plazo, su sobrevivencia.
Tales noticias han generado diversas reacciones, todas
ellas negativas. Pocos Estados nacionales se han manifestado y muchos han
guardado silencio. De entre los manifestados, la mayoría ha anunciado que sus
propias condiciones económicas les impiden aportar mayores recursos. Los
Estados nacionales ajenos al Sistema que durante años hicieron considerables
entregas, han decidido no continuar haciéndolo. Tomadas en conjunto, las
declaraciones no dan la idea de solidaridad ni generan esperanzas de cambio,
menos de solución.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido
un factor muy importante de protección de individuos concretos y de
racionalización de conductas de autoridades en la región. Nadie puede negar que
debido a las actuaciones de la Comisión y la Corte, algunas de las más graves
violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas, analizadas, juzgadas y
reparadas. Tampoco puede negarse que las resoluciones de ambos órganos han
construido mejores prácticas de actuación e inhibido algunas de las peores.
Igualmente, es difícil negar que el escrutinio de ambos órganos es el único
medio de revisión de las conductas de los agentes estatales en contra de la
población, ahí en donde los regímenes políticos se han cerrado en sí mismos y
arrollado a sus judicaturas.
Si la Comisión y la Corte son organismos relevantes,
¿por qué llevan años de penuria financiera y se encuentran al borde de la
crisis institucional? Ante todo, pienso que más allá de retóricas cotidianas,
las autoridades estatales no han alcanzado a comprender que los órganos
interamericanos forman parte de sus sistemas jurídicos. La manera de proteger
los derechos humanos de sus poblaciones pasa por la posibilidad de que sus
titulares acudan a ellos para lograr su reparación. Este entendimiento descansa
en una peligrosa reconstitución de las nacionalidades, producto de los
complejos momentos de cambio que vivimos, de regresos autoritarios, la
instauración de populismos y de la pérdida de legitimidad de mucho de lo que se
dice y hace políticamente. El desplazamiento y la invisibilización de los
centros de decisión han llevado a la ilusoria construcción de poder y dominio
mediante el fortalecimiento autoritario de los nacionalismos, como si mandar más
adentro, compensará lo mucho que viene dado de fuera.
En este equivocado contexto puede entenderse lo que los
Estados americanos están haciendo con los órganos comunes de protección a los
derechos humanos. Si algunos de los problemas vigentes vienen dados de fuera en
una variedad enorme de formas, parecería más sensato y previsor reforzar el
mecanismo de regularidad común. México, por ejemplo, puede dejar caer a la
Comisión o a la Corte por suponerlas poco relevantes o por ajustar cuentas con
funcionarios o actuaciones. Al hacerlo, contribuirá a dejar sin autoridad
supranacional a Centroamérica, con lo cual los problemas de la zona empeorarán
y los flujos migratorios hacia México se incrementarán. Con ellos, la
delincuencia, la trata de personas y la presión en la frontera norte.
Si los Estados de la región requieren más Estado de
derecho, la pérdida de los órganos del Sistema que están tratando de
construirlo desde la protección de los derechos humanos, va en sentido
equivocado. Ojalá se reflexione y apoye con recursos a los órganos que llevan a
cabo esa labor, más allá de las contingencias y los disgustos cotidianos que
los propios órganos generan al tratar de imponer racionalidad en países o zonas
que poco la tienen.
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia