La peor pesadilla para una autoridad electoral es que partidos y candidatos simplemente se nieguen a cumplir con la ley. La reforma
electoral de 2014 introdujo muchos controles para hacer más eficiente el
sistema de fiscalización.
Los principales reclamos después de la elección de 2012
estuvieron relacionados con acusaciones cruzadas sobre el rebase de topes de
campaña, especialmente de la de Peña Nieto. Se denunció que existía utilización
de recursos de los gobiernos en las campañas electorales; entrega de dádivas en
especie para alentar la participación en eventos. Todos dijeron que el otro
había comprado votos.
La reforma de 2014 reestructuró el sistema de
fiscalización y constitucionalizó el sistema de nulidades. En papel, las
exigencias son severísimas. Se obligó a la autoridad a hacer un sistema
informático que le permitiera recibir en tiempo real los reportes de los gastos
de campaña y hacer revisiones fast track para tener dictámenes finales antes de
declarar las elecciones válidas. La pena máxima: anulación de la elección. La
persona sancionada no puede volver a participar.
A pesar del generoso financiamiento público, siempre
existe la presunción de que partidos y candidatos reportan mucho menos de lo
gastado. Integralia Consultores, de Luis Carlos Ugalde, ha demostrado que en
años electorales hay un mayor flujo de efectivo en la economía nacional. En
2012 y 2015 el incremento fue de 33 mil 265 millones de pesos en promedio.
Inclusive Banxico dice en su reporte trimestral de julio-septiembre de 2015 que
existe un “Efecto temporal que la celebración de elecciones en nuestro país
tiene sobre la demanda de dinero”. Es prácticamente imposible seguirle la pista
a ese dinero.
El domingo tenemos elecciones en 14 entidades
federativas, incluida la Ciudad de México. El 53 por ciento de los candidatos
simple y sencillamente se ha declarado en una silenciosa desobediencia civil.
No han reportado un solo gasto de campaña en el sistema que el INE diseñó para
el efecto.
Sólo 33% de los candidatos a una presidencia municipal
ha reportado al menos algún gasto. De los candidatos a diputado, 66% ha subido
al menos un reporte. Por razones obvias, los candidatos a gobernador son los
más cumplidos, 99% ha ingresado reportes en el sistema. Sin embargo, 81% de los
candidatos reporta cinco gastos o menos. Imposible pensar que se puede hacer
campaña por tres meses con cinco facturas.
De algo han servido las presiones del consejero Ciro
Murayama. En la semana del 20 al 26 de mayo se incrementó en 55% el número de
reportes. De cualquier manera la exigencia de reportar en tiempo real ya quedó
rebasada por la realidad.
El sistema de nulidades introducido en nuestra
Constitución en 2014 descansa en la eficiencia del sistema de fiscalización.
Grosso modo las causas de nulidad son: a) rebase del tope a los gastos de
campaña; b) compra o adquisición de cobertura informativa en radio o
televisión, y c) uso de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Lo
menos que podemos preguntarnos es ¿con qué elementos va a dictaminar la
autoridad si hubo o no rebases si tenemos este bajísimo nivel de cumplimiento?,
¿cómo asegurar la licitud de los recursos?
Para que el candidato o partido pueda hacer valer las
causas de nulidad e impugnar la elección, la diferencia entre el primero y el
segundo lugares tiene que ser menor al 5% de la votación válida. Para bien o
para mal en las últimas dos semanas fueron muchas las campañas que se cerraron.
Es probable que entre seis y ocho gubernaturas caigan en este supuesto, y
gracias a que el sistema está diseñado para incentivar las impugnaciones
podemos suponer que difícilmente un segundo lugar se abstendrá de hacerlo.
A pesar de que el Tribunal Electoral en el caso de
David Monreal consideró una falta menor la impuntualidad e imprecisión en la
entrega de reportes de gasto, la falta se convierte en mayúscula cuando puede
significar la diferencia entre la validez o la anulación de una elección.
La
falta de rigor de hoy se convertirá en caricatura en 2018.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.