Con zozobra recordamos ese triste episodio en que el entonces fiscal de la República, Jesús Murillo Karam, señalaba que la “investigación” practicada por la dependencia a su cargo arrojaba resultados preliminares, pero contundentes: los normalistas habían sido asesinados y sus restos mortales habían sido reducidos a cenizas y unos trozos de huesos y dientes, localizados en un basurero del municipio de Cocula en Guerrero.
Claro que tal
afirmación, tan apresurada y poco objetiva, parecía un intento simplón de
sofocar la angustia, rabia e impotencia de los familiares de los desaparecidos
y de toda una nación que, de forma detenida y con mucha participación, salía a
las calles a exigir paz, seguridad y justicia. Las inconsistencias comenzaron a
hacerse notar y a ser razonadas por la opinión pública.
Ante el descontento,
los familiares de los jóvenes desaparecidos logran que la Presidencia de la
República suscriba una solicitud (en conjunto a ellos) de apoyo a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar la investigación sobre
estos lamentables hechos. Es así que se crea un convenio de colaboración entre la CIDH, los representantes de los jóvenes desaparecidos y el propio
Estado mexicano, suscrito un 18 de noviembre de 2014, es decir, 53 días
posteriores al día de su desaparición, y tras el anuncio de los resultados de
la “investigación” realizada por la Procuraduría General de la República, que
se constituye el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
De
manera distinta a lo que algunos actores políticos de México han afirmado, los
trabajos y la presencia de este grupo no fue una imposición de la CIDH, de su
secretario técnico, ni ajena a la voluntad y necesidad del propio Estado
mexicano, ya que del texto del propio acuerdo de colaboración se advierte que
la asistencia brindada por la CIDH se da con motivo de la solicitud realizada
por el Estado mexicano y los familiares de las víctimas de estos lamentables
hechos.
La investigación realizada (al menos hasta que, y hasta
donde, el Estado mexicano permitió que se realizara) por este grupo de expertos
se desarrolló bajo los estándares que han sido identificados por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como
aquellos que deben revestir a toda investigación de graves violaciones a los
derechos humanos. A la luz de la jurisprudencia de la CoIDH “una investigación
de esta naturaleza debe ser seria, imparcial y efectiva por todos los medios
legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la
persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de
los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes
estatales”.
A partir de los boletines del GIEI y los comunicados de la CIDH, podemos darnos
cuenta de que estos expertos se avocaron al seguimiento y escrupuloso
escrutinio, en la medida de lo que el propio Estado mexicano permitió, del
proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas
públicas frente a la desaparición forzada. También podemos darnos cuenta de
cómo el gobierno mexicano fue modificando su postura de apertura a esta
coadyuvancia técnica, al grado de romper los acuerdos que se realizaban entre el
GIEI y las autoridades mexicanas, lo cual resulta ser lamentable.
A partir de los boletines del GIEI y los comunicados de
la CIDH, podemos darnos cuenta de que estos expertos se avocaron al seguimiento
y escrupuloso escrutinio, en la medida de lo que el propio Estado mexicano
permitió, del proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y
políticas públicas frente a la desaparición forzada. También podemos darnos
cuenta de cómo el gobierno mexicano fue modificando su postura de apertura a esta
coadyuvancia técnica, al grado de romper los acuerdos que se realizaban entre
el GIEI y las autoridades mexicanas, lo cual resulta ser lamentable.
Claro que indigna y confunde que el gobierno mexicano
diera por terminados los trabajos del GIEI, existiendo aún escollos en sus
investigaciones y motivos que generan una duda bastante razonada, sobre lo
insostenible de la versión oficial de lo sucedido con los 43 estudiantes
desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
Inclusive sorprenden los motivos aparentes de esta decisión, ya que el
subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto
Campa, ha manifestado que se dan por concluidos los trabajos de los expertos,
ya que el gobierno federal considera que “ha transcurrido el tiempo suficiente,
poco más de un año y es tiempo que el GIEI presente sus conclusiones y sus
recomendaciones”.
Distinguido lector, consideramos que usted coincidirá
con que si aún quedan elementos por investigar, pruebas que recabar, inter
alia, entonces es necesario que este grupo continúe investigando, ya que más
allá de que se cuente con una institución que pueda realizar la investigación,
la apertura al apoyo internacional es una muestra más de compromiso del Estado
mexicano para llegar al esclarecimiento de tan lamentables hechos, sobre todo
en el contexto de impunidad y omisiones de la propia autoridad, que se vive en
nuestro país.
Pese a que el discurso de las autoridades mexicanas
tiene un aire de sobrada cordialidad, agradecimiento y se pregona respeto hacia
la labor del GIEI, lo cierto es que el propio GIEI y la CIDH en todo momento
comunicaron de las dificultades en el desarrollo de las actividades del mandato
del grupo de expertos, así como del total rechazo a las descalificaciones del
grupo, “con motivo de una averiguación que se encontraba integrando la PGR en
contra del secretario ejecutivo de la CIDH por un presunto fraude en perjuicio
del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia
radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”.
Dicho de otro modo, dieron por terminados los trabajos del GIEI con tropiezos y
sofocando a los expertos. De la peor manera.
Pero aún quedan muchas dudas. Quedan dudas sobre los
motivos del entorpecimiento por parte de las autoridades mexicanas a la labor
del GIEI. Quedan dudas sobre los hechos del basurero de Cocula. Quedan dudas
sobre la participación en los hechos de diversos cuerpos de seguridad a los que
no se hace referencia en la investigación que lleva a cabo la PGR. Sin embargo,
la más importante de estas dudas es: ¿Qué de los 43?
Pese a que la versión oficial señala que fueron
entregados al crimen organizado por parte de policías municipales, y que fueron
éstos quienes terminaron con sus vidas y los llevaron al basurero de Cocula en
donde fueron quemados, no podemos soslayar que los resultados del segundo
informe del GIEI se refieren a la comunicación y seguimiento constante que hubo
por parte miembros del Ejercito Mexicano al recorrido de los normalistas. Este
aspecto se torna sumamente interesante porque los últimos datos reflejados,
precisamente en el segundo informe, dan cuenta de una posible nueva escena del
crimen en “el camino del andariego”, en donde la participación del Ejército fue
sumamente activa. La posibilidad de que el Ejercito Mexicano haya participado
más allá de lo que de forma medianera podemos apreciar, se robustece tomando en
cuenta que ha tratado de opacar diversos datos sobre actividades del “Batallón
27” la noche de los lamentables hechos, que fueron solicitados por el GIEI.
A más de 40 años de la desaparición de Rosendo Radilla
Pacheco, de la muerte de Lucio Cabañas y todo lo que enmarcó la “Guerra Sucia”,
en aquella región de Guerrero el desamparo de la justicia sigue vigente.
Recorrer su territorio implica caminar sobre sangre, muerte e impunidad. La
situación que impera es la misma, y refrendo de ello es lo que ha sucedido con
los 43 estudiantes desaparecidos. Con estas dudas, la participación del
Ejercito más allá de lo que se creía, aunque sea algo doloroso y porque es el
contexto en que se sigue viviendo en dicha zona, podríamos concluir conforme a
la experiencia latinoamericana reflejada en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana que aborda este tipo de casos tan elegiacos, que los jóvenes
fueron detenidos de forma arbitraria, llevados a centros clandestinos de
reclusión en donde fueron sometidos a toda clase de vejámenes, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, para después perder su vida y que sus restos mortales
fueran desaparecidos por parte de autoridades o de particulares, pero con la
aquiescencia de autoridades.
Queremos verdad, justicia y reparación para las
víctimas. Como nación queremos paz y poder confiar en que el ejercicio de
nuestros derechos será respetado por todas las autoridades mexicanas, no sólo
en el discurso.
Sergio A. Villa Ramos, Miembro del colectivo, Movimiento
Académico por el Derecho Internacional