Una Constitución codificada es un documento escrito que
consagra en un solo texto las reglas más importantes, responsabilidades y
poderes de las diferentes instituciones del Estado y su relación con las personas,
sus derechos y libertades.
En las democracias actuales es más fácil contar cuáles
no tienen una Constitución codificada (Israel, Nueva Zelanda y el Reino Unido)
que aquellas que cuentan con una (México por supuesto se encuentra en esta
última categoría).
En este 2015 que se cumplen 800 años de la Carta Magna —ese formidable texto político inglés que ha tenido un papel protagónico en el desarrollo político de los países a nivel mundial— se ha generado de nuevo la discusión en cuanto a ¿por qué no se ha seguido el camino de adoptar una Constitución codificada? Para entender este dilema es útil revisar el camino de todos esos otros países que han adoptado un documento político de este tipo.
Hay varios eventos que normalmente preceden a una
Constitución codificada. Uno de ellos es la revolución, la separación del poder
controlador previo; el ejemplo más claro es Estados Unidos, que se separaría de
Inglaterra a finales de 1700; un segundo camino es la invasión de un poder
extranjero, lo que conlleva al colapso del sistema previo, el ejemplo más claro
es la derrotada Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial, que en la
parte occidental recibió una ley fundamental para organizar el poder y los
derechos. A su vez, el tercer camino es el fallo interno del sistema político
de un país, que lleva a las elites políticas a revisar los acuerdos y generar
nuevos marcos constitucionales —como el caso de Francia en 1950, que llevó a la
emergencia de la Quinta República, la cual aún tiene vigencia—.
En el caso de Inglaterra lo interesante es que han
vivido estos caminos: invasión, cambio de régimen y revolución, pero ninguno ha
concluido en la implementación de una Constitución codificada.
Ahora bien, existe una gran diferencia entre carecer de
una Constitución codificada y no tenerla en absoluto; ciertamente el Reino
Unido no tiene una Constitución codificada, pero decir que no tiene una
Constitución es un malentendido.
Así, la Constitución es un conjunto de reglas y
principios que estructuran la manera en que opera el sistema político, y en ese
sentido por supuesto que tiene una. Por ejemplo, una de las ideas más
importantes en el sistema político británico es la soberanía parlamentaria; a
diferencia de muchas democracias actuales que reconocen el principio de soberanía
del pueblo, quien la ejerce y crea las Constituciones codificadas, la británica
reconoce otro sujeto soberano, uno que reúne a las cámaras de Westminster
—Lores y Comunes— en adición con la Corona.
Lo anterior marca una serie de cuestiones trascendentes
para el ejercicio político, como el hecho de que un Parlamento crea sus normas
y no está sujeto a las reglas de uno anterior, ni tampoco podrá sujetar al
próximo.
En ese sentido, los festejos de la Carta Magna, junto
con la extrañeza de que una democracia como la británica no tenga una
Constitución codificada, han revivido la discusión de si se debe adoptar una.
Por tanto, hay varias razones ligadas con ello. Una de ellas es que la carencia
de reglas claras y que la Constitución británica esté —por decirlo de una
manera— en las mentes de los políticos hace que los arreglos públicos sean
maleables, abiertos a la interpretación.
Aunque esto puede hacer a la
Constitución adaptable a los nuevos tiempos y retos, de igual manera puede
llevar a los políticos a exceder sus poderes. Igualmente, se generaría una
consistencia y lógica en el sistema político, ya que la naturaleza dispersa de
la Constitución británica puede llevar a contradictorios; concluir en una
incoherencia normativa.
Una tercera razón reside en que deja claro que la
autoridad política última se deposita en el pueblo y no en el Parlamento. Sin
embargo, un reto es definir cómo el pueblo decidiría que efectivamente la
Constitución adoptada lo representa.
Una cuarta razón es que implementa una dimensión
educativa de qué y cómo funciona el sistema político, al tener un solo
documento donde están las reglas más importantes del sistema. Por otro lado,
resolver que efectivamente se debe adoptar una Constitución codificada hace que
surjan más preguntas.
Sobre el contenido de este nuevo texto: ¿qué debe
ponerse en la Constitución? ¿Cuáles son esas normas importantes que deben
incluirse el documento?
Respecto al proceso mismo de adopción, ¿deben ser los
políticos quienes la realicen, o cómo llevarlo a cabo?
Acerca de la legitimación democrática: ¿cómo hacer para
que el nuevo texto constitucional se presuma efectivamente realizado por el
pueblo y no la elite política?
Regresemos a la pregunta original, visto todo esto, ¿es
necesario adoptar una Constitución codificada?
Si comparamos a nuestro país, que cuenta con una, con
Inglaterra, que no la tiene, México es un país cuyo sistema político —con gran
énfasis en los días presentes— está siendo fuertemente cuestionado por
corrupción, falta de transparencia, falta de representación de nuestras elites
políticas, etcétera; mientras que Inglaterra es calificada por todos los
estándares internacionales como una de las democracias más avanzadas en el
mundo. Por tanto, la respuesta surge por sí misma.
Víctor Collí Ek
Investigador en la Universidad Autónoma de Campeche
Investigador en la Universidad Autónoma de Campeche