jueves, 27 de agosto de 2015

El deliberado olvido de nuestro Derecho laboral

 Después de que Gustavo Díaz Ordaz pactó con los  sectores patronal y obrero la Ley Federal del  Trabajo, en 1970, todo quedó congelado en  materia laboral.

 Pese a las crecientes exigencias que se han hecho  en México para modernizar la legislación en la  materia, las reformas efectuadas resultan  insignificantes. No tocan el problema de fondo ni  con el pétalo de una rosa. “El trabajo es un  derecho —se afirma— y da igual que sea  productivo o no.” Y a nadie parece importar el  problema. ¿Esto es deliberado? Todo indica que sí.

 “Acotemos las huelgas”, piden unos. 

“Revisemos los contratos colectivos”, reclaman otros. Facilitar el despido, estudiar el tema de los salarios caídos o limitar el ejercicio sindical son otras demandas que se escuchan a diario y que nadie quiere hacer suyas. ¿Por qué? Porque tener una clase obrera amedrentada, con salarios bajos y sin posibilidades reales de hacer valer sus derechos, garantiza la mano de obra barata que tan atractiva resulta fuera y dentro del país.

Los dos problemas seminales de nuestro Derecho laboral son el procedimiento y la productividad. Comencemos hablando del procedimiento: mientras en Chile un proceso laboral se desahoga en un promedio de 72 días, y en Venezuela, con todas sus dificultades políticas, en seis meses —incluida la apelación—, en México puede tomar hasta cuatro años. O siete, si incluimos el amparo. Es demencial.

Por añadidura, no tenemos suficientes juntas: las federales sólo se encuentran en las ciudades capitales y las locales sólo en las tres o cinco ciudades más importantes de una entidad federativa. ¿Qué significa esto? Que un obrero despedido injustificadamente en una ciudad donde no hay juntas debe emprender un largo viaje a otra ciudad donde las haya. Esto exige dinero, que es justamente aquello sin lo que se ha quedado.

Esta indefensión lo obliga a pactar en condiciones muy desfavorables o a buscar otros trabajos mal remunerados. Pese a que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo nos recuerda que el trabajo es un derecho y un deber social, que no es un artículo de comercio, que exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta y que debe efectuarse en condiciones que aseguren vida, salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ni el Judicial parecen tenerlo en cuenta.

Aunque, después de la vida y la libertad, el trabajo es, quizás, el más valioso de los bienes jurídicos protegidos, en México pasamos por alto este artículo para no provocar la ira de algunos dirigentes sindicales o de algunos abogados litigantes que, con el pretexto de “conciliar”, acaban convirtiéndose en extorsionadores. Fingimos no darnos cuenta de los chantajes que se hacen a aquellos que pretenden abrir un negocio pero que, incluso antes de la inauguración, se ven obligados a recibir a los “representantes sindicales”, quienes amenazan con una huelga si no se les paga. Proliferan los sindicatos blancos sin que nadie mueva un dedo y, así, más allá de las rimbombantes declaraciones de funcionarios locales y federales, se inhibe la pequeña y la mediana empresa para privilegiar el chantaje y la corrupción de los aliados políticos de distintos gobiernos.

Descuidar al Derecho laboral, como lo hemos venido haciendo abogados, académicos, jueces, ministros y hasta medios de comunicación, no sólo afecta a la parte más débil de la ecuación sino, también, a los patrones y al país en su conjunto: ante la falta de trabajo digno, muchos jóvenes prefieren dedicarse a cobrar “derecho de piso”, a traficar con armas, personas y narcóticos, o a realizar cualquier actividad delictiva que les asegure un futuro más prometedor.

En cuanto a la productividad, las cifras de la OCDE deberían hacernos reflexionar: los mexicanos “trabajamos” 2,228 horas al año, mientras los alemanes lo hacen 1,371 horas. Casi el doble ¿Por qué? Porque en nuestra cultura —esto vale en especial para el sector público— los jefes creen que reteniendo muchas horas a los empleados en sus oficinas —la llamada “hora nalga”—, éstos trabajan más. Hay que estar de 9 a 9, se produzca o no. Parece que al patrón mexicano le tienen sin cuidado la creatividad y la innovación, pero no los horarios…
Urge una revisión a fondo de nuestro Derecho laboral si queremos ser un país competitivo.

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director de las revistas El Mundo del Abogado y Voy&Vengo