Desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, torturas como método de investigación, la tensión entre el combate a la delincuencia y la promoción del
derecho, la violación a los derechos de los migrantes, trata de personas e impunidad
de los ataques a periodistas.
Este es el listado de indicadores que, al decir de Emilio Álvarez Icaza,
secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
en entrevista con la revista Proceso, refleja “en la agenda municipal, estatal
y nacional, un tema muy crítico de injerencia en materia de violaciones a los
derechos humanos: la participación de autoridades en la comisión de delitos o
la colusión de algunos servidores públicos”.
Mientras Enrique Peña
Nieto, presidente de México, en su tercer informe aseguró que: “el compromiso
de desarrollar y poner en marcha una política de Estado implica el
reconocimiento de problemáticas por superar, así como de retos que son
necesarios atender para consolidar una sociedad de derechos”.
Dijo además que “el
marco legal e institucional ha seguido sujeto a un proceso de fortalecimiento,
para asegurar que ninguna persona en el territorio nacional vea vulnerado sus
derechos humanos” y remató afirmando que: “el Gobierno de la República mantiene
su compromiso indeclinable con las víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos”.
A poco de darse el informe
y ante actuaciones del gobierno relativas al caso Ayotzinapa, Amnistía
Internacional (AI) calificó de “sádica” la estrategia del gobierno de Peña
Nieto en las vísperas del primer aniversario de la desaparición de los 43
normalistas: “las alegaciones infundadas por parte de las autoridades mexicanas
de que han identificado los restos de Jhosivani huelen a desesperación y a un cruel
intento de mostrar que están tomando acción antes del primer aniversario de las
desapariciones forzadas de los estudiantes”
Antes, a principios de
marzo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la
tortura y los malos tratos en México por parte de las autoridades hacia los
detenidos son generalizados. El documento fue respaldado por más de 30
organizaciones civiles mexicanas que enviaron una carta a Peña Nieto pidiendo
reconocer dichas observaciones.
Asimismo, a inicios de
este año, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), para las
Américas, señaló en una carta difundida entonces, que los problemas de México
en la materia, se reflejan en casos como la presunta ejecución de civiles por
parte de militares en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, los cuales desataron protestas masivas y
críticas al gobierno de Peña Nieto.
A final de 2014, HRW junto
con AI, acusaron al gobierno de Peña Nieto de establecer “cambios cosméticos”
en la materia, luego de que el presidente anunció iniciativas para evitar la
infiltración de criminales en municipios y para combatir la tortura y la
desaparición forzada y en su reporte con motivo del Día Internacional de las
Víctimas de Desaparición Forzada, AI señaló que más de la mitad del total de
desapariciones (12 mil 500) han ocurrido en el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto. En las cifras oficiales dadas a conocer por la Secretaría de
Gobernación, se contabilizaron 25 mil 230 personas desaparecidas entre 2007 y
2014.
