Un trabajo
interdisciplinar de investigadores de la UdeG, que fue premiado en Argentina, muestra la correlación entre el bajo nivel escolar y la comisión de delitos
entre la población carcelaria de Puente Grande
Crecer en entornos
hostiles, con escasez de recursos económicos, pero, sobre todo, no tener acceso
a la educación, son el caldo de cultivo para que alguien termine en una cárcel.
Esta correlación de variables se refleja en el trabajo de la doctora Martha Fabiola
García Álvarez, del Centro Universitario de los Altos, quien coordinó a un grupo de investigadores para analizar las características de la población
carcelaria en el penal de Puente Grande, y se encontró con personas que
crecieron en estas condiciones de desigualdad y ahora purgan una condena.
La falta de escolaridad es
la constante en las tragedias personales de cada uno de los reclusos, lo que
confirma que la educación sigue siendo la clave para que alguien encauce su
vida a un mejor rumbo, de acuerdo con este proyecto interdisciplinario titulado
Aspectos educativos como factores que influyen en la salud mental y conducta
delictiva.
“Se entrevistó al 25 por
ciento de la población del penal de Puente Grande. Tomamos cuatro grupos: dos
de mujeres, unas por robo y otras por homicidio, y otros dos grupos de hombres,
por robo y homicidio. Y la educación, no sólo escolar, sino también la crianza
en el hogar y el aprendizaje fuera de sus casas es determinante para que se
involucren o no a pandillas, consuman drogas o en las calles se enrolen en
conductas antisociales y delictivas”, explica la catedrática.
En el caso de las mujeres
homicidas, el 70 por ciento venía de un entorno familiar violento o donde
faltaba la figura del padre, madre o ambos, ya sea por abandono de hogar o
simplemente falta de atención.
“Estas mujeres salen a las
calles y aprenden conductas como prostitución, consumo de drogas, alcohol
y delitos menores, desde jóvenes: muchas delinquieron desde los 13 o 14 años. Y
el 100 por ciento de las que entrevistamos se ve involucrado en deserción
escolar. Se salieron de su hogar y abandonaron la escuela, y se involucraron
con gente que consumía drogas”, explica.
Las mujeres condenadas por
robo llegaron a tener mayor grado de estudios, con un 10 por ciento menos
en deserción escolar, pero aún así, la correlación entre falta de educación y
criminalidad sigue siendo fuerte.
En el caso de los hombres,
detalla García Álvarez, el mayor aprendizaje delictivo también se da fuera del
hogar y los condenados en homicidios presentaron alta deserción escolar.
El 60 por ciento llegó
hasta la secundaria, el 35 por ciento sólo a la primaria y muy pocos a la
prepa. El 100 por ciento dijo que aprendieron a delinquir afuera del
hogar, tanto en asesinatos como robos. Un 5 por ciento ni ha estudiado.
“La problemática
básicamente en los hombres es el aprendizaje fuera del hogar, lo que tiene
mucho que ver también con crianza, desintegración familiar. Generalmente
viven en casas pequeñas, son familias numerosas, hacinadas, tienden a salirse
del hogar. Los padres incluso los corren a veces para que se salgan: ‘aquí no
caben’, les dicen. Luego se suman a pandillas o incluso a formar parte de los
grupos criminales”, agrega.
La falta de recursos
también se refleja en la falta de una defensa legal adecuada: “El 100 por
ciento dijo que ni siquiera conocieron al juez que los condenó. Y el defensor
de oficio no les atiende correctamente, por exceso de trabajo o falta de
conocimiento suficiente. El 80 por ciento de los reclusos tienen nivel
económico bajo y por falta de defensa están recluidos. Eso lo señalaron ellos
mismos sin preguntarles. Ni siquiera conocían a su defensor de oficio, hay
desvinculación entre ellos”.
Otro fenómeno es el de las
familias criminales, y se da entre hombres o mujeres, con casos donde el padre
y la madre son cabecillas de pandillas o grupos delincuenciales, e involucran a
los hijos.
“Una reclusa que
entrevisté cayó por robo pero sus padres y hermanos cayeron antes por
secuestro. Nacieron en ese ambiente y es una forma de vida que involucra no
sólo a ellos, sino a toda la familia”
La especialista propone que el Estado emprenda verdaderas políticas de
prevención, pues existen programas que se implementan a nivel federal y estatal
a partir del sector educativo, pero en lugar de la educación de calidad se
enfocan más a lo físico de los planteles y no a lo interno, a lo que sucede con
los alumnos.
“Hay que cambiar la
política. La escuela de calidad tendría que ver con profesores de calidad,
contenidos de calidad y prevención de conductas antisociales y delictivas
dentro de un plantel educativo. La verdad que se hacen de la vista
gorda, no hay medidas para corregir a los niños y se deja pasar. Hay mucha
permisividad en los planteles educativos”.
Esta investigación obtuvo
el segundo premio en el IX Congreso Argentino de Salud Mental que organizó la
Asociación argentina de Salud Mental, en buenos Aires Argentina, del 26 al 28
de agosto de 2015
En el trabajo premiado, también participaron Carolina de la Torre, Jorge
Humberto Medina, María Gpe. Díaz Rentería, Luz Adriana Nápoles, Martha Graciela
Fuentes, del CUAltos, y Dante Haro Reyes del CUCSH; además, dentro de la
formación de recursos humanos, colaboraron el alumno de Psicología en CUAltos
Víctor Alejandro Romero, así como Joel Dillón Franco, Steffy Zavala Dávila y
otros prestadores de servicio social por el Programa de Incorporación Temprana
de Investigación.