Luis Raúl González Pérez
presidió el acto conmemorativo del Día Internacional para poner fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas
Dio a conocer que desde el
año 2000 han ocurrido 107 homicidios de periodistas; 20 periodistas están
desaparecidos desde 2005; ha habido 47 atentados a medios de comunicación desde
2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 488 quejas por agravios en
la CNDH
Ante la impunidad del 89% que prevalece en las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación, que hace de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, propuso la creación de una Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que se denominará “Alerta 6” –por su referencia al artículo 6° constitucional—, que entre en funcionamiento a partir de enero próximo.
Tras la referencia al
elevado porcentaje de impunidad, de acuerdo con la Recomendación 20/2013
emitida por este Organismo Nacional, sobre Agravios a Periodistas en México y
la Impunidad Imperante, convocó a las instituciones públicas, medios de
comunicación, organizaciones sociales y civiles, periodistas y defensores de
derechos humanos, con el fin de conjuntar esfuerzos tendentes a la
implementación de la “Alerta 6”.
En el marco del acto
conmemorativo del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los
Crímenes contra Periodistas, que tuvo como sede el Polyforum Siqueiros,
González Pérez enfatizó la necesidad de mantener y ampliar los contactos con la
sociedad civil en todas las entidades del país, para el conocimiento de eventos
de agresiones a periodistas.
Acompañado en el presídium
por la senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República; Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Luis Fernando Perera
Escamilla, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y
Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, subrayó que con dicha
Alerta se identificarán situaciones urgentes y patrones de violaciones a los
derechos humanos, con el fin de instrumentar acciones de protección
coordinadas, proponiendo políticas públicas para atender esos sucesos.
“Para la atención
inmediata de esos casos –dijo-, contaremos con las 16 oficinas foráneas que
tiene la CNDH en toda la República, así como con las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos, a quienes estamos solicitando se incorporen a esta acción, en
donde su personal podrá brindar apoyo, asistencia, orientación y, en su caso,
la implementación de medidas cautelares que se requieran, a fin de salvaguardar
la seguridad e integridad de los periodistas agredidos”.
También mencionó que se
dará acompañamiento a las víctimas para la presentación de las denuncias
correspondientes, así como para las solicitudes de incorporación al Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para ilustrar la gravedad
del problema, “que a todos nos debe alarmar”, González Pérez dijo que de
acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), desde el año 2000 a la fecha han ocurrido 107 homicidios de
periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 47
atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se
han recibido 488 quejas por agravios a periodistas en este Organismo Nacional.
Explicó que los estados
con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas destacan
Veracruz, con 14.9%; Tamaulipas, con 12.1%; Guerrero y Chihuahua, 11.2% cada
uno y Oaxaca, 9.3%.
Puso en relieve como tipo
de agresiones los medios indirectos para inhibir la libertad de expresión, como
la utilización de tipos penales que se imputan a periodistas que documentan
asuntos de interés público, así como detenciones arbitrarias, por responsables
de ejercer labores de seguridad pública.
“Las acciones antes descritas –añadió el
Ombudsman nacional— son especialmente reprochables cuando se cometen en contra
de quien, como parte de sus actividades periodísticas, documenta y difunde
información.
El hecho de que servidores
públicos cuestionen la actividad y sometan a un periodista a actos de molestia
y a detenciones arbitrarias, constituyen acciones que vulneran la libertad de
expresión del comunicador y afectan el derecho a recibir información de la
sociedad en su conjunto”.
Al hacer referencia a esta
fecha conmemorativa del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los
Crímenes contra Periodistas, recordó que el 2 de noviembre fue elegido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto de condenar todos los
ataques y violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de
comunicación, incluyendo la intimidación, el acoso y otras formas que agravian
a los periodistas y limitan la libertad de expresión en sus vertientes
individual y social.
“Lamentablemente –aseguró—
las agresiones contra periodistas, medios de comunicación y defensores se han
vuelto una realidad cotidiana indignante”.
El Presidente de la CNDH
refirió que la Asamblea General de la ONU ha propuesto a los países miembros
que prevengan las agresiones, que realicen investigaciones imparciales,
promuevan la denuncia de actos de violencia, persigan a sus autores y los
llevan a la justicia. Es decir, se les insta a promover entornos seguros, a
legislar para la prevención de delitos y a sancionar a sus autores.
Por su parte, Angélica de
la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Senadores, aseguró que uno de los grandes problemas en México, que constituye
un cáncer contra la protección de periodistas, es la impunidad. Ahí –añadió- es
donde tenemos que seguir trabajando. “La impunidad genera un efecto inhibitorio
en el ejercicio de la libertad de expresión y agrava las consecuencias, muy
negativas, para la democracia”.
Indicó que el agravio a
periodistas permanece en las entidades federativas por la falta de compromiso y
prácticas de la mayoría de los ejecutivos estatales, que no toman con seriedad
la ley en la materia y no atienden la conformación de los mecanismos para
lograr emitir medidas cautelares para quienes las solicitan.
Roberto Campa Cifrián,
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, puntualizó
que el gobierno ha dado importancia a la autoprotección, no entendida como
autocensura, abandono de la profesión o autoexilio, sino como el conjunto de
acciones de cuidado que fortalecen las condiciones propias de protección y que
disminuyen las capacidades de los genes agresores.
Precisó que el deber y
compromiso del Estado mexicano para poner fin a la impunidad contra agresiones
a periodistas, obliga a multiplicar esfuerzos y garantizar condiciones de
confianza a las y los periodistas y defensores que se acerquen a instancias
como el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, Fiscalía Especializada para los Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras.
Tras el acto inaugural,
dieron inicio las mesas de trabajo “Libertad de expresión en México.
Perspectivas y propuestas” y “Sociedad, democracia y libertad de expresión”.
