Hay suficientes pruebas de
que el tribunal constitucional mexicano se ha convertido, a lo largo de las dos
últimas décadas, en el poder de la Unión por excelencia. Es el factor que hace
posible la convivencia y el funcionamiento, apegado a la carta magna, de los otros dos poderes.
Un Poder Legislativo de la
Unión dividido y un Poder Ejecutivo Federal elegido en mayoría por una tercera
parte del electorado se han combinado con las atribuciones y las luces de
varios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para que esta última brille con luz propia como garante de los derechos humanos, la preservación de las esferas competenciales de los órganos del
Estado, así como la constitucionalidad de las normas generales y del actuar de
los funcionarios públicos.
Sin dejar a un lado los
riesgos y las múltiples aristas de muchos de los temas que discuten, las
señoras y los señores ministros han ventilado importantes asuntos de cara a la
nación, gracias al Canal Judicial y a las plataformas tecnológicas de
información más recientes. Aunque en esta su Décima Época es evidente que la
SCJN tiende a privilegiar, en su política de comunicación, todo lo que se
refiere al artículo 1o. constitucional.
Sin embargo, sumergidos en
importantes cuestiones, como el interesante debate acerca del perfil de los
profesionales a ocupar las vacantes debido a los fallecimientos y los retiros
de la señora y los señores ministros, parece olvidarse que el actuar de la SCJN
como garante de diversos derechos humanos debe partir de que lo hace en una
nación que se denomina Estados Unidos Mexicanos, tal como empieza la redacción
del artículo 1o. de nuestra carta magna.
Un país que por cierto fue
construido a lo largo de varios siglos sobre un pacto de Unión entre entidades
federativas que provienen de distintos orígenes, con disímbolos niveles de
desarrollo y con variadas maneras de pensar, de convivir y de resolver sus
diferencias. Un pacto que estuvo sometido a duras pruebas en el siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX.
Aun cuando el país vivió
un proceso de centralización del poder, del que no se salvó tampoco el propio
Poder Judicial de la Federación, muchos de los estados libres y soberanos
preservaron, durante buena parte del siglo pasado —gracias a los llamados
hombres fuertes de la política nacional—, una autonomía real que no suprimió la
idea de que no estamos en un país denominado México, sino en los Estados Unidos
Mexicanos. Los sexenios panistas de esta centuria no modificaron la situación,
sino que contribuyeron también a reforzar esta realidad.
En este siglo XXI, temas
delicados, como el aborto, las uniones entre personas del mismo sexo y el uso
de la marihuana con fines lúdicos, son abordados por la SCJN con espíritu
liberal y garantista. Han sido asuntos que dividen indudablemente a los
mexicanos, con una inevitable escalada de tomas de posición cerradas y
agresivas, en parte alentadas por los medios de comunicación. Por lo que
respecta a los dos últimos, de acuerdo con encuestas, no cuentan con la opinión
favorable de la mayoría de la población de la República.
En aras del cumplimiento
de los más altos ideales en materia de derechos humanos nos preguntamos si hace
bien el tribunal constitucional mexicano en señalar, con bombo y platillo, los
amplios caminos para el desarrollo de los temas delicados que aquí se han
enumerado. Asuntos que por cierto han impulsado sectores urbanos de corte
liberal, particularmente de la capital del país.
No se ha explicado, de
manera suficiente y clara a toda la nación, que los pronunciamientos de la SCJN
no cancelan el derecho de otros sectores sociales y regiones a disentir de esas
maneras de pensar, con el propósito de no dividir a los compatriotas. Y creo
que tampoco se ha ocupado, con el mismo énfasis, de publicitar la garantía de
otros derechos humanos, como la vivienda, el medio ambiente, el acceso al agua
y la alimentación.
Pienso que se necesita una
dosis de humildad y un esfuerzo adicional de comunicación del Poder Judicial de
la Federación para difundir aquellas tesis que benefician, sin duda, a las
mayorías, sin enaltecer demasiado un triunfo de los derechos humanos de las
minorías.
¿Hasta dónde la Suprema
Corte de Justicia de la Nación también debe preocuparse, hoy, por garantizar la
unión de los mexicanos?
Alfonso Guillén Vicente
Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
