Antes de que surgiera la
democracia moderna, apareció el movimiento liberal, que fue conquistando
libertades y derechos fundamentales.
A través de innumerables batallas y densas discusiones filosóficas, la humanidad logró el reconocimiento de la libertad de expresión, que se complementa con la libertad de recibir y buscar información.
A través de innumerables batallas y densas discusiones filosóficas, la humanidad logró el reconocimiento de la libertad de expresión, que se complementa con la libertad de recibir y buscar información.
El pluralismo político
exige que contemos con fuentes de información diversas, debates públicos que
expresen diferentes puntos de vista.
La construcción del derecho debe hacerse a partir de enfrentamientos conceptuales que incorporen preocupaciones de una sociedad naturalmente heterogénea. La participación de muchos en las discusiones sobre lo público fortalece la esfera pública, más allá de la Asamblea Legislativa.
Nuestra Constitución consagra en los artículos sexto y séptimo el derecho a la información y a la libertad de expresión, dos caras de una misma moneda. La transición a la democracia los ha desarrollado. Hace menos de una década se incorporó el acceso a la información pública gubernamental, parte estructural del derecho de todas las personas a buscar, activamente, información sobre el quehacer gubernamental.
Recientemente la Reforma de Telecomunicaciones quedó anclada en
este mismo artículo. Asegurar acceso a internet y pluralidad en los medios de
comunicación no era solamente un problema de concentración económica, es
esencialmente precondición del desarrollo democrático.
El desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ha transformado, de
manera radical, la forma de relacionarnos entre los seres humanos, incluida,
desde luego, la forma de hacer política. Gobernantes y representantes tienen
canales diferentes para comunicarse con la ciudadanía, pero, sobre todo,
cualquier persona puede comunicarse de manera más o menos sencilla con los políticos.
Todos tienen la posibilidad real de expresar sus opiniones políticas. No es
necesaria una curul ni un canal de televisión para tener voz.
Internet generó la más
reciente transformación estructural de la esfera pública, potencializa el
derecho a la información, rompe con el control gubernamental y aminora los
efectos de la concentración del poder de los dueños de medios de comunicación.
Sin embargo, volvemos a
constatar que, en México, la libertad de expresión y del derecho a la
información viven permanentemente bajo amenaza. La Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Informáticos, ya retirada por su iniciador, el senador
Omar Fayad, no sólo trataba de evitar conductas nocivas y sancionarlas, era un
atentado grave a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Frente a la certeza de que
existen ciertos riesgos en el uso de la red, la pluma del legislador se dejó
llevar por la imaginación sin reparar en que sus buenas intenciones sacaron a
la luz un desmedido afán de control. La iniciativa no sólo adoleció de falta de
precisión, descuido y errores de redacción, sino que también revela un problema
conceptual de fondo, son muchas las definiciones que exhiben la convicción de
que todo usuario de internet, correo electrónico, Twitter o Facebook es un
delincuente en potencia. En muchos artículos se adivinan las ansias por
fortalecer un Estado controlador.
Del mismo modo, la Ley
Reglamentaria del Artículo 6º Constitucional en materia de Derecho de Réplica,
publicada el día de ayer en el Diario Oficial, pierde el foco del bien
tutelado, abandona a quienes deberían ser los verdaderos sujetos de protección.
Lejos de propiciar que los ciudadanos tengan posibilidades reales de defenderse
frente al poder de los medios de comunicación, esta ley contiene una serie de
disposiciones mal entendidas a través de las cuales el poderoso acaba siendo el
protegido y el ciudadano termina tan indefenso, quizá más vulnerable de lo que
estaba sin la susodicha ley de réplica.
Desde 1789 la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamaba la libertad de prensa y
de conciencia. En México, en 2015, 226 años después, tenemos que estar alertas
para no permitir que las intenciones autoritarias se disimulen a través de
redacciones ambiguas que pudieran nulificar libertades conquistadas.
María Marván Laborde
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
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