Quizá la SCJN debió atraer
un amparo que protegiera los derechos humanos de los miles de personas que
están en las cárceles por posesión de la mariguana, en lugar de cobijar los
derechos de cuatro individuos que decidieron formar una empresa porque creen
que así combaten mejor la delincuencia.
Pero ante los hechos
consumados, y teniendo a la vista las primeras respuestas de partidos y gobernantes al fallo de la Corte, creemos que hay que encontrar una salida
institucional al debate sobre la legalización del consumo lúdico de la cannabis, para que dicho debate no se quede en el entusiasmo desmedido de la
“comentocracia”, que ha decidido que la modernización del país es su misión
primera, o para que las grandes televisoras no tomen sobre sus hombros, otra
vez, la formación de la opinión pública nacional, o para que no se convierta en
la bandera perredista que recupere sus bastiones capitalinos en 2018, o para
que algún pre-candidato presidencial organice una consulta en el estado que
gobierna con miras a posicionarse mejor para “la grande”.
Peor aún, si a raíz
de la discusión se produjera una fisura en el pacto federal, puesto que ya la
cuarta parte de los gobernadores de las entidades federativas se han negado al
tema (diario El Universal).
La fracción VIII del
artículo 35 constitucional contiene elementos interesantes, a nuestro juicio,
para darle cauce a un debate serio e informado que tenga como finalidad la
libre toma de posición de la sociedad mexicana. Una consulta popular, convocada
por el Congreso de la Unión, a petición del equivalente al 33% de los
integrantes de cualquiera de las cámaras, podría ser una salida institucional,
que además dignificara a los partidos políticos en el tema, puesto que
anteriormente sólo han propuesto consultas sobre asuntos vetados por la propia
carta magna, como la reforma energética o el salario mínimo.
La Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolverá sobre la constitucionalidad de la materia y
podría fijar los alcances de la consulta. De esa manera, el tribunal
constitucional daría cauce a todos esos temas que indudablemente dividen a los
mexicanos, particularmente con los que tienen que ver con las creencias de las
personas, un derecho humano que debe preservarse a toda costa.
La consulta popular podría
efectuarse en cada entidad federativa, con la prohibición expresa de que los
gobernadores y las grandes televisoras promuevan su obvia inclinación o las de
sus voceros. Si la participación total, como señala la Constitución,
corresponde cuando menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal
de electores a nivel estatal, el resultado sería vinculatorio en la entidad
federativa que decidió legalizar el consumo de la mariguana.
Esto podría significar,
además, un paso adelante en el federalismo.
Alfonso Guillén Vicente
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
